Entre la utopía y el desastre

Por Borja Montero

La gestión de la cosa pública está siempre, como no podría ser de otra manera, bajo el constante examen de los ciudadanos, beneficiarios o víctimas, según el resultado final de la acción política en sí, de lo administrado. De este modo, y a pesar de las interpretaciones siempre superlativas, por lo interesado, de los implicados en estas tareas, el vecino puede y debe ponderar si las medidas y decisiones tomadas por las administraciones que le afectan son beneficiosas o útiles para su vida, poniendo de este modo la calificación justa entre la utopía que prometen los que las ponen en marcha y el desastre que vaticinan sus contrincantes políticos. A veces, sin embargo, se da la posibilidad de que una medida traiga consigo ambas facetas, tanto el paraíso que se persigue con su adopción como el infierno de su plantación en la realidad.  Las razones de esta bipolaridad de una misma decisión pueden ser diversas, pero casi siempre suele ser un error de calculo, como si un ingeniero no tuviera en cuenta la resistencia de los materiales antes de abordar una obra, lo que lleva al colapso de las buenas intenciones.

El Gobierno de Emiliano García-Page llevó a cabo su promesa de reducir la carga lectiva de los profesores de enseñanzas medias (ESO, Bachillerato, Formación Profesional y educación para adultos) a 20 horas semanales, con la finalidad más que razonable de que los docentes tengan más tiempo para preparar materiales y actividades especialmente adaptadas para las necesidades de sus alumnos, corregir trabajos y exámenes con calma y atención y demás tareas a realizar fuera de clase para mejorar la calidad de la experiencia dentro del aula, beneficiando también con ello a los estudiantes, que encontrarían sus clases más interesantes y atractivas y a sus profesores más frescos y concentrados. La idea, tanto en su planteamiento como en su desarrollo, no era descabellada y planteaba más beneficios (una atención mas personalizada y minuciosa por parte de los profesores encaminada a una mejora de los resultados académicos de los alumnos) que costes (la contratación, según las estimaciones de la Consejería de Educación, de 250 profesores en toda la región). A pesar de anunciarse la decisión con poco tiempo para el inicio del curso, la misma está en marcha, lo que ha obligado a un esfuerzo extra en los institutos, que han tenido que modificar los horarios, reubicar a profesores en otros grupos y elevar a la Consejería las necesidades de nuevos docentes par cubrir sus necesidades. Y ahí es donde llega, a la vez, la utopía y el desastre: los profesores disfrutan ya de esa nueva organización de su trabajo, disponiendo de menos horas de clase efectiva y más para ese trabajo de preparación y adaptación de los materiales y las estrategias los diferentes grupos, mientras que muchos alumnos aún no tienen profesores, en ocasiones en asignaturas de las consideradas fundamentales, cuando el primer trimestre de curso anda ya mediado. Según los últimos datos facilitados por sindicato ANPE a los compañeros de GuadalajaraDiario, en os institutos de Guadalajara faltan aún 21 docentes de diferentes materias, una situación que está complicando enormemente el desarrollo académico de un buen puñado de estudiantes. Y es que las bolsas de empleo de interinos disponibles para cubrir estas plazas se han agotado, tanto debido a la mayor cantidad de profesores que precisa la administración educativa como al gran porcentaje de rechazo por parte de los aspirantes, a los que se ofrecía en ocasiones contratos parciales en localidades lejanas. Esta situación se mantiene incluso después de que la Consejería haya hecho un llamamiento a todos los interesados para crear una nueva lista de profesores candidatos entre la gente que originalmente no estaba en las listas salidas de las oposiciones oficiales.

Lo apresurado de la decisión, tomada en periodo no lectivo y cuando el diseño del curso ya estaba realizado en la mayoría de los centros, es una de las razones de que esta medida justa y bienintencionada se haya tornado perjudicial para algunos alumnos. Por seguir con el símil de los ingenieros y el cálculo de la resistencia de los materiales, alguien no tuvo en cuenta las singularidades del sistema educativo de Castilla-La Mancha. Al igual que existe una población dispersa, la comunidad educativa también lo es, lo que hace que las necesidades de docentes para los institutos, sobre todo con esta nueva configuración del servicio de los docentes, sean, en ocasiones, escasas, de apenas un grupo que precisa profesor, sobre todo en asignaturas optativas y minoritarias. Este hecho complica en ocasiones que los centros de las localidades más pequeñas no puedan ofrecer determinadas materias, ya que les es complicado que un profesor de la bolsa de empleo acepte un contrato de apenas unas horas a la semana en un municipio lejano. Es por ello que, para conseguir una oferta educativa igual para todos los alumnos, ya cursen sus estudios en los institutos de las capitales de provincia o de las localidades más pequeñas, se precisa de una programación exhaustiva de las necesidades reales y potenciales de cada instituto, diseñando con tiempo incluso fórmulas de colaboración entre diferentes centros de modo que tanto los docentes, que vean su trabajo recompensando con un contrato digno y una situación estable, como los alumnos, que puedan tener, salvo emergencia grave, profesor desde el primer día del curso hasta el último, no sufran por las peculiaridades de la geografía de la región.

Como suele ser habitual, las ocurrencias, por muy bienintencionadas que sean, no funcionan, sino que cualquier decisión en la vida, máxime las políticas, en las que suelen intervenir multitud de factores, requiere de cierta maduración.