Fría equidistancia

El Palacio del Infantado // Foto: Archivo.

Por Álvaro Nuño.

La denegación por parte del Ayuntamiento de la licencia solicitada por el Ministerio de Cultura para construir una residencia privada al Duque del Infantado y a su familia es una magnífica noticia para Guadalajara, ya que impide -por el momento- que este aberrante proyecto siga adelante. O al menos se retrase. Con el Plan de Ordenación Municipal en la mano, los técnicos locales han emitido sendos informes técnico y jurídico en los que se indica que la ordenanza 9 reserva un uso cultural a todo el inmueble y que tan sólo existiría la posibilidad de habilitar una vivienda para algún trabajador que se ocupara del servicio dentro del Palacio; y la verdad es que no vemos al señor Duque con un manojo de llaves abriendo las puertas por la mañana y cerrándolas por la noche, o comprobando si la alarma está conectada o no antes de irse a su nobiliario lecho de descanso.

Ya lo avisó el alcalde, Antonio Román, a la Plataforma “Abraza el Infantado” que el Ayuntamiento haría lo que dijera la normativa y los técnicos municipales. Así lo ha hecho y hay que felicitarle por ello. En la Junta de Gobierno Local del martes 14, el Ayuntamiento denegó oficial y definitivamente esta posibilidad, aunque incomprensiblemente, el propio Consistorio ofrece alguna alterntiva para que el Ministerio cumpla la sentencia a favor del Duque. Tras la reunión del Equipo de Gobierno, el teniente de Alcalde y concejal de Cultura, Armengol Engonga, apuntaba la posibilidad de que se pudiera utilizar una de las dos viviendas ahora abandonadas pero que en su día ocuparon los directores de la Biblioteca y del Archivo, recordemos, siempre en el ejercicio de sus funciones como trabajadores de ambos organismos públicos. Esta solución habitacional permitiría cumplir la sentencia pero impediría la construcción del dúplex de lujo de 400.000 euros que el Ministerio había planeado para el duque, con ascensor y salida por los jardines. Todo pagado con dinero público pero de uso privado.

Sorprende sin embargo la fría equidistancia que el Grupo Popular y el Equipo de Gobierno han mostrado desde que la polémica del pisito del Duque saltara a la opinión pública en mayo de 2017 gracias a una petición de explicaciones y detalles de la senadora socialista Riansares Serrano, en la Cámara Alta al Gobierno sobre este asunto. Cierto es que ya antes, la exdirectora de la Biblioteca y ahora miembro de la renacida Plataforma “Abraza El Infantado”, Blanca Calvo, ya escribió sobre ello en 2016, pero el trabajo escudriñador de Serrano es el que nos facilitó los datos de la inversión del proyecto y después de las características de la ejecución.

También la labor investigadora de los miembros de la Plataforma ha permitido saber posteriormente que el Ayuntamiento no debería ser tan convidado de piedra en este asunto como muchos creíamos. Al parecer, en la primera “cesión” de 1878, cuando el Palacio pasó por primera vez de manos de la familia Mendoza al entonces Ministerio de la Guerra, ya el Ayuntamiento capitalino puso 250.000 pesetas de la época -nos imaginamos que una barbaridad de su presupuesto por aquel entonces- para que la operación se consumara. Y en 1960, de nuevo, el Consistorio intervino en cierta medida en la segunda cesión, esta vez al Ministerio de Cultura, ya que la firma del alcalde de la época, Pedro Sanz Vázquez es una de las que aparece en la escritura. Por tanto, el Ayuntamiento no es ni mucho menos ajeno ni a la propiedad, ni a ambos procesos de cesión de las manos de la familia Mendoza a la administración púbica, ya sea el Estado -su actual propietario- o la comunidad autónoma -que es la responsable de su uso-.

Además, hay que recordar que desde comienzos de 2016, el propio Román lanzó la propuesta de que el Palacio del Infantado pasara a formar parte de la lista de edificios Patrimonio de la Humanidad, con una campaña que se denominó “Palacio del Infantado: de Guadalajara al mundo” y que tuvo su acto principal en “La noche de los sentidos”. Por eso extraña más aún todavía esa aparente equidistancia del actual alcalde y su Equipo de Gobierno en este conflicto, en el que siempre se han escudado en que había que cumplir una sentencia firme y que el Ayuntamiento no era competente en la materia, cosa que se ha comprobado que no era así con el tiempo. De hecho, el Consistorio conocía los planes del Duque desde abril de 2017, cuando el Ministerio solicitó la primera licencia, antes incluso de que lo descubriera la senadora socialista o de que se reconstituyera la Plataforma vecinal que se opone al dichoso piso.

La batalla no está ganada ni mucho menos. A partir de ahora, el Ministerio comunicará la decisión municipal al Juzgado y este obrará en consecuencia, pero la sentencia a favor de los derechos del Duque sigue ahí y no parece que este o su familia vayan a renunciar a ellos. Por eso, se necesita que todos rememos en la misma dirección, incluidas las instituciones, que deben velar por los intereses públicos -y parece claro que construir una vivienda privada dentro de un edificio propiedad del Estado y que alberga un Museo, no lo es-. Ese apoyo debe venir también del Partido Popular, que debe pronunciarse si es partidario de una cosa o de otra, sin escudarse en sentencias ni en informes técnicos. ¿Le gusta que el Duque tenga una casa privada pagada por todos dentro del palacio, sí o no?

Y la misma pregunta deben contestar los dirigentes de la Junta de Comunidades aquí y en Toledo porque tampoco han dicho “esta boca es mía” en todo este asunto, salvo emitir un primer informe favorable al proyecto como responsables de la gestión de un Bien de Interés Cultural, o las declaraciones del Viceconsejero de Cultura a la Plataforma sobre un supuesto proyecto para que el Museo Provincial -el más antiguo de España- ocupe todo el edificio y no haya posibilidad de dedicar a nada más. Pero claro, esto sólo fue una promesa en caliente que debe traducirse en inversión y trasladarse a los presupuestos de Castilla-La Mancha. Cuando lo veamos, lo aplaudiremos.

 

 

Un pensamiento en “Fría equidistancia

  1. El informe firmado se extralimita de una resolución técnica, pero aún así debemos seguir insistiendo en tres cosas muy importantes sobre el hecho del uso de las viviendas que existieron en su momento en el edificio. UNA, esas viviendas hoy son utilizadas por el museo provincial, DOS, no es posible su uso con carácter privativo, va unido a la función de custodia del edificio y TRES, afecta al normal funcionamiento interno del uso cultural, una de las condiciones del convenio que se firmó en 1960 y que si el Duque lo toma como excusa para reclamar su piso, no puede saltarse los puntos que le interesen. Me gustaría también resaltar, que a parte de la excelente labor de Riansares Serrano y de aquella denuncia de Blanca Calvo a través de un artículo, el grupo municipal Socialista llevó en mayo una moción al pleno sobre este asunto donde el PP se opuso.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .