Legitimidad constitucional

Por David Sierra

Apenas contaba con un par de meses de vida cuando en agosto de 1977 tenía lugar la primera reunión de la Ponencia que habría de redactar el anteproyecto para un marco normativo común que sirviese de ordenación de aquel esperanzador presente que trataba de escapar de las fauces dictatoriales desarrolladas a lo largo de cuarenta años. Presidida por Emilio Attard, estaba formada por Gabriel Cisneros (UCD), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), José Pedro Pérez Llorca (UCD), Manuel Fraga (AP), Gregorio Peces-Barba (Socialistas del Congreso), Miguel Roca Junyent (Minoría Catalana) y Jordi Solé Tura (Grupo Comunista) y entre esa fecha y diciembre del mismo año mantuvo casi una treintena de encuentros hasta que vio la luz el texto el 5 de enero de 1978.

Tras su paso por el Congreso – donde contó con la oposición de los diputados de Alianza Popular-, por el Senado y por una Comisión Mixta de ambas cámaras superando el tiempo de las enmiendas, finalmente el 6 de diciembre de 1978 el texto definitivo fue propuesto a referéndum para ser refrendado por los ciudadanos. Poco menos de un año y medio tenía en ese momento del que ya han pasado la friolera de 39 años.

constitución

La Constitución Española que hasta hoy sigue vigente sin apenas modificaciones fue respaldada por el 88,54% de los votantes, y sólo en seis provincias no se superó el 50 por ciento de aceptación. Y curioso fue el caso de Cataluña donde el texto constitucional obtuvo un respaldo de más del 90% de los ciudadanos con un escaso 5% de rechazo al nuevo marco normativo. Guadalajara fue la tercera provincia con mayor porcentaje de participación la votación con un 76% de su población y casi un 62% de los electores apoyaron la nueva Constitución.

El fenómeno de la despoblación en el entorno rural iniciado en los años cincuenta y setenta en favor de las ciudades comenzaba a frenarse aunque sin invertir la tendencia y la estampa del Seat 600 dejaba paso a otros modelos más avanzados que comenzaban a introducirse en un mercado del automóvil cada vez más aperturista. Eso cuentan las crónicas y textos de la época que ponen en evidencia la necesidad de cambio de una sociedad aletargada hasta ese momento en los valores impuestos por el caudillo.

En 1977, y a pesar de la desaparición de la licencia marital dos años antes, las mujeres casadas aún se veían limitadas por el papel predominante del marido en los asuntos económicos de manera que tenía dificultades para disponer de los bienes gananciales e incluso para llevar a cabo determinadas acciones como la compra o adquisición de bienes inmuebles ante el rechazo de buena parte de notarios y registradores a la legalización de estos actos sin la presencia del marido.

Después de treinta y nueve años de vigencia y de vida en este periodo constitucional, son más las generaciones que no han participado en la elaboración y aceptación de ese texto que las que sí lo han hecho. A pesar de que la deriva soberanista catalana ha puesto en la agenda política la revisión de la Carta Magna, la sociedad española de aquel entonces y el de éste en poco o nada se parecen, no sólo en las costumbre cotidianas sino también en las formas y modos de organización y pensamiento. La nueva era digital y el avance incesante de las tecnologías han convertido el marco constitucional actual en un elemento ambiguo y desfasado en gran parte de su articulado que pierde prestigio y deslegitimación a pasos agigantados en cuanto que no satisface las demandas sociales y políticas del presente.

Ya en su título preliminar existen conceptos que, a día de hoy requieren de una revisión profunda tal como “indisoluble unidad”, “patria común e indivisible” o el simple hecho de que la forma política del Estado español sea una “monarquía parlamentaria” con toda la significación que ambos conceptos tienen en las sociedades modernas actuales. Que en el siglo XXI sigan existiendo reglas que aprueban la presencia de figuras vitalicias dentro de la configuración del Estado por acción divina o heredada ponen en cuestión las voluntades democráticas del propio ordenamiento.

Formar parte de un espacio común europeo requiere que nuestros preceptos fundamentales tengan una consonancia mayor con el resto de territorios. Asimismo, las nuevas formas de comunicación social junto con los avances tecnológicos han generado nuevos espacios de intervención donde el ciudadano se ha convertido en un elemento activo dentro del entorno digital que demanda nuevas normas fundamentales en materia de, por ejemplo, transparencia por parte de los poderes públicos y entidades privadas; de ecología o medio ambiente.

Brindar a la sociedad española una nueva oportunidad de actualizar ese conjunto de normas a través de las cuáles desarrollar sus relaciones de acuerdo a los principios básicos recogidos en su Preámbulo es una obligación que recae sobre todo en aquellos que con su posición hicieron posible la convivencia hasta este momento. Y también sirve para ofrecer a quienes en su día renegaron de ella, una nueva oportunidad de sumarse.

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