El anticipo

Por Borja Montero

La Diputación Provincial de Guadalajara ha anunciado esta semana el pago de un anticipo importante a los ayuntamientos que están adheridos a su Servicio de Recaudación. Al parecer, se trata del anticipo más grande de la historia de este instrumento fiscal, unos 8,2 millones de euros. En total, 267 municipios de la provincia, así como algunas mancomunidades y pedanías y entidades inferiores, son usuarios de este servicio, entre ellos algunos consistorios de población importante como Marchamalo, El Casar o Alovera, entre otros.

Este instrumento de la Diputación está ideado para facilitar la gestión a los ayuntamientos, sobre todo aquellos cuya capacidad económica no permitiría contratar a funcionarios que lleven a cabo todo el papeleo y control que supone la recaudación e inspección de los distintos tributos y tasas, un objetivo que parece cumplir de forma eficiente ya que la gran mayoría de las localidades de la provincia confían su gestión económica a la institución provincial, que mensualmente transfiere dinero a los consistorios y mancomunidades adheridas para su normal funcionamiento y, a final de año, contrasta la cantidad recaudad con el montante recibido por cada pueblo y liquida la diferencia.

Por un lado, supone un evidente desahogo para los consistorios adheridos, exonerados por completo de cuestiones recaudatorias (habitualmente recurren a este servicio en el caso de los impuestos periódicos, tales como el de bienes inmuebles, el de actividades económicas o las tasas de basuras, entre otros, pero muchos de ellos también le encomiendan la gestión de cuestiones puntales, tales como multas o tributos y tasas por obras y licencias), aunque también les resta maniobrabilidad financiera, ya que no pueden hacer frente a imprevistos graves con recursos propios, ya que no disponen de ellos hasta que se realizan las transferencias, o han de planificar temporalmente sus inversiones para poder ir ‘ahorrando’ los anticipos mensuales que va ofreciendo la Diputación antes de acometer las obras o implementar los servicios previstos.

El debate acerca de la utilidad de las Diputaciones, abierto hace un par de años y que periódicamente se pone encima de la mesa, aunque cada vez con menos fuerza ya que parece que solamente Ciudadanos apoya su desaparición, cuando se habla del saneamiento de las cuentas de todos y del coste de las administraciones en los presupuestos, ha de tener en cuenta este tipo de servicios y examinar su utilidad y su conveniencia antes de proceder a cuestionar el papel de las instituciones provinciales. La organización del régimen local en España necesita pasar un examen concienzudo, analizando todos estos mediadores e intermediarios, así como otros cargos personales y empresas y departamentos, con el fin de hallar la manera menos gravosa para los ciudadanos de mantener sus servicios y de que el dinero recaudado en impuestos llegue de forma eficiente y efectiva a mejorar su calidad de vida.

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