The Rajoy´s fracking

Por David Sierra

Fracking In California Under Spotlight As Some Local Municipalities Issue BansSe hacía eco hace unos días el diario La Vanguardia en su edición digital de los resultados de un estudio de investigación llevado a cabo en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, que alertaba de la propensión, de hasta un 25%, de los niños a padecer problemas de salud tal como bajo peso al nacer, trastornos de déficit de atención e hiperactividad (TDHA) o asma si son gestados a menos de tres kilómetros de un pozo de fracking, la controvertida técnica para la extracción de petróleo o gas mediante la fracturación hidráulica del subsuelo junto con el uso de productos químicos.

Los resultados de este estudio, publicados en la revista Science Advances y según apunta el rotativo en su información, “se basan en el análisis del historial médico de 1,1 millones de niños gestados en zonas en las que se implantaron pozos de fracking entre 2004 y 2013, en Pensilvania (EE.UU.). Para estar más seguros de su hallazgo, los investigadores compararon hermanos gestados a diferentes distancias de los pozos”.

Los autores de esta investigación, los científicos Janet Currie y Michael Greenstone, profesor de economía y director del Energy Policy Institute en la Universidad de Chicago, han destacado que los resultados obtenidos son la prueba más sólida de los efectos contaminantes de esta actividad; que se suma a otros factores de riesgo como la inducción de terremotos y el fuerte impacto ambiental que genera esta práctica.

Sin embargo, para el gobierno de Mariano Rajoy, la salud y la protección del medio ambiente deben estar unos cuántos escalones por debajo de los intereses económicos de una minoría. De otro modo, resulta incomprensible la decisión adoptada en Consejo de Ministros de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley que regula la utilización de esta técnica en la región, aprobada en marzo de este año por el Ejecutivo autonómico liderado por Emiliano García Page. La norma, que contó con el apoyo de PSOE y Podemos, también dispuso de la abstención del Partido Popular y da satisfacción a una de las demandas reivindicativas populares con mayor respaldo en Guadalajara, soportado a través de las instituciones locales, provinciales y regionales así como de distintas plataformas antifracking, opuestas al proyecto Cronos presentado por la empresa canadiense Frontera Energy Corporation S.L. La iniciativa de fractura hidráulica proyectada entre Guadalajara y Soria, no obstante, parece ser del agrado de un Gobierno que ha dado muestras evidentes de su escasa concienciación medioambiental llegando al extremo, por ejemplo, de minimizar las consecuencias del cambio climático en boca de su principal figura. Y de su primo.

infografía-fracking.ai

No es extraño, por tanto, que ahora trate de cercenar, en la medida de lo posible, la legislación regional aprobada en sede parlamentaria sobre el fracking, y buscar entre su articulado resquicios que puedan favorecer su suspensión, a pesar de recoger en su contenido las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía y de la Comisión Europea implementando las garantías en las que se puede desarrollar esta práctica y dando prioridad a otras alternativas de obtención energética sostenibles en sintonía con la preservación del territorio y la salud de sus habitantes.

De hecho, países como Francia, Alemania y más recientemente Escocia han aprobado legislaciones de prohibición del uso de este sistema de extracción de hidrocarburos tras llevar a cabo procesos de consulta pública que han arrojado resultados demoledores de rechazo de esta práctica. Y cada vez son más las regiones que manifiestan su oposición con normativas a nivel local que dificultan su desarrollo, tal como ha hecho el Estado de Nueva York,  interponiéndose a los designios de la Administración Trump, abiertamente partidaria a alcanzar la independencia energética por encima, incluso, de la salud de sus ciudadanos. Sin embargo, en España, el Gobierno no sólo no impulsa espacios de debate público para analizar un asunto de interés general como es éste, sino que sostiene, por todos los medios a su alcance, torpedear las medidas de protección adoptadas por aquellas comunidades que han visto amenazados sus recursos ante el anuncio de posibles desarrollos de proyectos familiarizados con este tipo de procedimiento de extracción. Y lo hace escudándose en la incompatibilidad competencial como argumento para allanar el camino a la aplicación del fracking, permitido en la actual Ley de Hidrocarburos y dejado de la mano de la siempre controvertida evaluación ambiental que practica el Ministerio del ramo cuando aparecen detrás grandes empresas de los sectores de la energía y la construcción.

De momento, la ley antifracking castellanomanchega cuenta con un precedente a su favor: el de la norma vasca, que consiguió en 2016 superar con éxito en dictamen del Tribunal Constitucional. Por tanto, nada está perdido.

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