De ley

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Las viviendas sociales de San Vicente de Paúl se encuentran en las calles Valencia, Ciudad Real y Ávila de la capital. // Foto: guadalajaradiario.com

Por Borja Montero

Los vecinos de la colonia de San Vicente de Paúl, una promoción de 96 viviendas sociales construidas hace más de cincuenta años en las calles Valencia, Ciudad Real y Ávila del barrio del Alamín, entonces las afueras de la pequeña ciudad de Guadalajara, denuncian que la Sociedad de San Vicente de Paúl, organización caritativa de carácter religioso que se encarga de la gestión de las viviendas, está intentando desahuciarlos de sus casas e, incluso, acusan a esta entidad de fraude o estafa, ya que reclaman que la propiedad de las viviendas debería haber pasado a los inquilinos hace veinte años. Sin embargo, según se temen, se pretende vaciar estos viejos edificios con la intención de llevar a cabo alguna operación urbanística en estos terrenos. La Conferencia San Vicente de Paúl se teme que esta campaña de descrédito se debe al descontento de un vecino que, debido a su situación económica y al lejano grado de parentesco con los adjudicatarios originales, no sería merecedor de una de estas viviendas, un caso que ha sido ya incluso llevado a los tribunales.

La historia viene de antiguo. De 1952 en concreto. Fue entonces cuando la Condesa de Romanones cedió a San Vicente de Paúl unos terrenos en las afueras de la ciudad para construir viviendas para pobres. Ante la ausencia de recursos propios para llevar a cabo el proyecto, esta entidad inició una recogida de fondos, que contó con aportaciones privadas y, sobre todo, con la inversión del Instituto Nacional de la Vivienda, gracias a las que se construyeron en 1962 estos cuatro bloques de viviendas en una zona entonces rodeada por descampadas y huertas. La finalidad del Ministerio era que, a través del sistema de acceso diferido a la propiedad, 96 familias con pocos recursos pudiera tener su propia casa. A través de este fórmula de Vivienda de Protección Oficial, distinta a la actual, se establecía que, una vez satisfechas todas las cuotas al Estado, a través del hoy extinto Crédito de Reconstrucción Nacional, la propiedad pasaría a los adjudicatarios, que tendrían que decidir si se acogían a esta modalidad en un plazo de un año, ya que de lo contrario se prolongaría la situación pero ya como un alquiler. La gestión tanto de la selección de los adjudicatarios como de la gestión de los cobros de estos créditos era de la Sociedad San Vicente de Paúl, entidad que, tras la negativa o el silencio de los vecinos acerca de esta opción a compra, ha seguido cobrando las cuotas de alquileres sociales a los adjudicatarios originales de las viviendas y sus descendientes, mientras que, según han ido falleciendo o abandonando las casas los moradores originales, ha realquilado las mismas a nuevas familias.

Las actuales denuncias de los vecinos son varias. La primera y más evidente es que no se cumplieron los términos iniciales del acuerdo, cuya finalidad era la enajenación de la propiedad de las viviendas en favor de los inquilinos tras concluir el crédito. De los actuales inquilinos, hay diecisiete familias que, por vivir aún el adjudicatario original o por haberse quedado la casa sus descendientes directos, podrían estar en condición de reclamar la propiedad de sus viviendas.

Según explican desde la organización caritativa, esta opción está ya desestimada al no haberse hecho efectiva en su momento la opción a compra establecida y aluden a las dificultades de poder vender las viviendas ya que la cesión por parte de la Condesa de Romanones tiene como destino final “viviendas para pobres”, por lo que la falta de control de las situaciones sociales y económicas de los residentes podría llevar a una demanda de devolución de los terrenos por parte de sus descendientes. Al respecto de los desahucios, la entidad afirma que nunca ha habido intenciones de echar a nadie de estas viviendas, salvo en casos de menores viviendo solos, que se denuncia a las autoridades pertinentes o personas que tienen otras soluciones habitacionales alternativas y a las que se anima a elegir entre una u otra para poder realojar a otra familia en situación de necesidad.

La segunda queja tiene que ver con la gestión de San Vicente de Paúl como casero, ya que, a pesar de seguir cobrando un alquiler social, tanto a las familias adjudicatarias originalmente como a los nuevos vecinos realojados allí a lo largo de las décadas, las condiciones de los inmuebles dejan bastante que desear, tanto dentro de las viviendas, con problemas en la instalación eléctrica y de fontanería, desperfectos en suelos y paredes, puertas rotas o inexistentes, humedades y goteras; como en las zonas comunes, con puertas rotas en todos los portales y escaleras desvencijadas y sin luz.

San Vicente de Paúl explica que, desde la organización, se intentan llevar a cabo las mayor cantidad de obras y arreglos posibles, pero explican que la situación económica, dados los exiguos ingresos de que dispone y la labor caritativa que se lleva a cabo al margen de estas viviendas, no permite llevar a cabo reformas de envergadura. Además, aluden a algunos comportamientos incívicos por parte de los residentes, sobre cuando se han dado situaciones de pisos vacíos ocupados.

Además, los vecinos denuncian la arbitrariedad de los alquileres, que no quedan registrados en ningún organismo, a pesar del origen público de las viviendas, sino que se llevan a cabo a través de contratos o convenios privados entre los inquilinos y la asociación gestora, y cuyo importe varía entre unos vecinos y otros, entre 50 y 150 euros. San Vicente de Paúl, por su parte, explica que las cuotas son de 12 euros para los inquilinos originales, 20 para los llegados a partir de los 90 y 50 para los acomodos más recientes, si bien hay algunos casos de vecinos que pagan algo más, 65 o incluso 100 euros al mes, por tener una mejor situación económica (percepción de pensiones, contratos de trabajo más estables…).

Esta denuncia pública ha servido para que, después de más de cincuenta años en la ciudad, el foco de interés tanto social como político se centre en lo que pasa en esta promoción de viviendas sociales, que siempre han contado con el apoyo económico del Ayuntamiento (inversiones de 8 millones de pesetas en 1993 para las cubiertas y 30.000 euros hace alrededor de una década para los portales y una subvención anual a la organización para el desarrollo de esta y otras acciones solidarias). Después de años de dudas y titubeos acerca de la gestión de los inmuebles, plagada de impagos de la cuota a alquiler, de deudas de los vecinos con los servicios públicos a los que ha de hacer frente la asociación y con los diferentes mimbres de la queja de los vecinos, el Grupo Municipal Socialista llevará este asunto al Pleno municipal con el fin de que el Consistorio investigue acerca de la propiedad de estas viviendas y de la situación legal de las mismas e inste al resto de administraciones que puedan estar implicadas en el tema a que arrojen algo de luz sobre el asunto, tanto los antiguos responsables de la política de vivienda, como los actuales, con el fin de buscar una solución que, a la postre, vaya en beneficio de todos, tanto de los vecinos originales y los potenciales nuevos inquilinos como de la asociación que viene gestionando esta comunidad de viviendas y que, con el paso de los años, ha terminado desbordada por la ingente cantidad de situaciones problemáticas a resolver.

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