¡Qué Fuerte!

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El Fuerte de San Francisco, en una imagen aérea de 2017 // Foto: ANP

Por Álvaro Nuño.

En apenas tres meses, la Justicia ha dado la razón en dos ocasiones y de manera clara al Ayuntamiento de Guadalajara en su pelea porque la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cumpla con el convenio que se firmó allá por 2005 y que obligaba a la administración regional a rehabilitar los edificios y las naves del antiguo Fuerte de San Francisco. Trece años después -se dice pronto- y ante la absoluta pasividad de los diferentes gobiernos regionales, el del socialista José María Barreda, la popular María Dolores de Cospedal y el actual de Emiliano García Page, el alcalde, harto de ver cómo un convenio firmado entre administraciones no se terminaba de cumplir, llevó el asunto a los tribunales, que le dieron punto por punto la razón a todas sus demandas.

El pasado mes de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, resolvía que la Junta de Comunidades tenía que rehabilitar los edificios históricos del Fuerte que todavía no lo están: el convento de San Francisco anejo a la iglesia, el antiguo gobierno militar y las naves del antiguo Taller y Centro de Ingenieros, el TYCE, instalaciones que desde que fueron abandonadas por completo por el Ministerio de Defensa en 1999, han sufrido el inexorable paso de los años y son solo un pintoresco reducto de principios del siglo pasado en pleno centro de la ciudad. Buena prueba de ello es que entre sus escasas utilidades esté la de albergar el rodaje de películas y series ambientadas en las primeras décadas del siglo XX.

Fue el alcalde de Guadalajara, Jesús Alique, el presidente Barreda y el por entonces recién nombrado Ministro de Defensa, José Bono, quienes llegaron al acuerdo que se cumplió en una de sus partes, la de dedicar las 25 hectáreas de terreno militar a la construcción de más de mil viviendas con algún tipo de protección social en el desarrollo de un proyecto urbanístico denominado entonces “de singular interés”. Alique, Bono y Barreda destacaron al unísono que se trataba de “un acuerdo modélico”, –“histórico” para el presidente regional y el primer edil capitalino- entre distintas administraciones porque con su futura actuación se beneficiará a los ciudadanos con la oferta de servicios públicos, además de las susodichas viviendas, con  la adaptación de los terrenos para el futuro Palacio de Exposiciones y Congresos -una instalación que por aquel entonces buscaba ubicación pero cuya necesidad se difumino como la niebla, con el paso del tiempo y la llegada de la crisis-, la creación de una residencia de mayores, así como un complejo cultural y social, una ciudad deportiva y zonas verdes. Dense una vuelta ustedes mismos por el Fuerte y pregunten por estos servicios. Ahí hallarán la respuesta al cumplimiento de este convenio.

Ya con Antonio Román en la Alcaldía, el acuerdo fue renegociado en 2010 cambiando algunos usos y proyectos, pero las obligaciones de la Junta se mantenían en cuanto a la rehabilitación de las naves y las construcciones del antiguo recinto militar, como ahora corroboran los tribunales, no por una vez, sino por dos, porque un juzgado de Guadalajara ha fallado de nuevo a favor del Ayuntamiento en su segundo contencioso frente a la Junta de Castilla-La Mancha, obligando a esta a hacerse cargo de las tareas de mantenimiento del complejo, como cualquier otro propietario. “¿Qué pasará cuando se caiga alguna nave y provoque una desgracia?”, se pregunta el vicealcalde, Jaime Carnicero ante el mal estado que ha provocado el abandono de estas instalaciones, que deberían haber sido restauradas y entregadas al Ayuntamiento para que éste pusiera en marcha ese complejo cultural y social prometido. Zs2La situación parece tan grave que el Ayuntamiento está dispuesto a realizar la ejecución subsidiaria de obras que, según los técnicos municipales, deben llevarse a cabo con urgencia para que nada se hunda y luego pasarían la factura a la comunidad autónoma.

Ante esta catarata de acusaciones por parte del Ayuntamiento -que no tuvo sin embargo ninguna prisa en pedir estas mismas actuaciones a la administración regional en la pasada legislatura gobernada por el Partido Popular-, el silencio de la Junta, de sus responsables provinciales, y del resto de partidos políticos es ensordecedor. Parece este un reto personal de Román y Carnicero contra Page, cuyo gobierno ya ha recurrido primera sentencia para ganar tiempo mientras estos edificios históricos se terminarán cayendo.

Por supuesto, en los presupuestos regionales de 2018 no hay ni rastro de partida alguna para la obligada rehabilitación de estos edificios, ni en todo ni por partes, y no será por falta de dinero porque calcula Román que la Junta ingresó en su momento unos 32 millones de euros con la venta de las parcelas cuando actuó como agente urbanizador. Para el alcalde, la comunidad autónoma “hizo un negocio con el Fuerte de Guadalajara, un dinero que ha ido a parar a otros lugares de la región”, se lamenta.

Se le abre aquí a la Junta de Comunidades otro frente de difícil defensa y que se le une al de las parsimoniosas obras de ampliación del Hospital, al también abandonado y maltrecho Ateneo Municipal, la necesaria mejora del puente árabe, o a la no nata promesa de convertir el colegio de Las Cristinas en el nuevo campus universitario -los más viejos del lugar recordarán todavía como parte de la sociedad alcarreña vio en El Fuerte el lugar idóneo para ubicar este proyecto frente al polígono del Ruiseñor decidido entonces por la Junta de Barreda-. Son obras y lugares que miles de personas ven diariamente cómo se hacen -mejor dicho, como no se hacen- y se antoja muy difícil que de aquí a año y cuatro meses que haya elecciones regionales y locales avancen tan significativamente como para poder decir que la Junta cumplió con su palabra y con sus propias previsiones de tenerlas a punto o avanzadas para 2019.

Hace bien el Ayuntamiento capitalino y sus responsables pidiendo que se cumpla lo que en su día se prometió y firmó, y defendiendo los intereses de los ciudadanos de Guadalajara. Pero también hay que recordar al Gobierno de Román que tiene sus propias promesas que cumplir en materia de infraestructuras y rehabilitación, como el Mercado de Abastos, el Centro Cívico, el Alcázar Real o el poblado de Villaflores. Sin salir del propio Fuerte, una de las naves que se rehabilitó como museo de la maquinaria y de la actividad que albergó durante décadas el TYCE, permanece cerrada y abandonada no por parte de la Junta en este caso, sino del municipio. Y los ciudadanos se pueden preguntar: ¿Para qué quiere el Ayuntamiento el resto de las naves si una de las dos que tiene rehabilitada -la otra aloja la sala de conciertos “Pedro Antonio Díaz”y algunas escuelas municipales- está cerrara y abandonada? ¿Hay sobre la mesa un proyecto realizable, sostenible y con financiación para el uso de estas instalaciones en el caso de que la Junta las entregara restauradas como ha quedado claro que es su obligación? ¿O este es sólo un frente más entre PP-Ayuntamiento y PSOE-Junta en la batalla política que les enfrenta desde hace casi tres años y en las que ambos disparan con pólvora del rey?

Un pensamiento en “¡Qué Fuerte!

  1. Hombre Nuño, que tú, periodista veterano de Guadalajara, aún te lo preguntes… tiene cierta guasa.

    Sabes de sobra que la pregunta final se responde sola. Por estos lares ya todos conocemos a cada cual y, como diría Cospedal, la vela que cada cual aguanta…

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