Las cuentas claras

Por Borja Montero

Los ayuntamientos han recibido esta semana una buena noticia que llevaban años esperando. El Ministerio de Hacienda ha anunciado que va a relajar las draconianas reglas de gasto e inversión para las entidades locales en el uso de los remanentes de tesorería de sus presupuestos, esto es, del superávit obtenido en su gestión diaria. Estos resultados positivos a final del año habían sido empleados habitualmente para complementar partidas inversoras o hacer pequeñas obras que se habían quedado fuera de las cuentas, pero desde la llegada de Cristóbal Montoro a la cartera encargada de los dineros públicos, con el sacrosanto mantra de la estabilidad presupuestaria, lo financieramente sostenible y la reducción del endeudamiento y el déficit público, los consistorios habían quedado maniatados en las materias en las que podían reinvertir el fruto de su ahorro, su contención y buena gestión.

Como todos los actos del ser humano, máxime aquellos que vienen de una instancia política, esta decisión tiene varias claras lecturas que van más allá de los factores económicos que parecen motivarla y entran de lleno en cuestiones ideológicas, al igual que la decisión de ser especialmente estrictos con las cuentas de las administraciones locales en los últimos años, con el fin de que la escasa maniobrabilidad económica que ofrecían los objetivos de déficit pudiera ser asumida por el Gobierno central, también había sido una elección puramente política y no simplemente económica.

En su anuncio de la decisión, tomada en el marco de una reunión con los miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de que los ayuntamientos tendrán cierta manga ancha para gastar el sobrante de sus cuentas anuales este año y el próximo, el propio ministro no ha escondido que una de las motivaciones de la misma tiene que ver precisamente con la fecha de 2019. Y es que en mayo de ese año se celebrarán elecciones municipales y autonómicas, por lo que esta temporalidad quiere servir a los alcaldes para redondear su gestión con alguna inversión y obra extraordinaria en los últimos meses de su mandato.

Aún no ha quedado claro quiénes serán los que podrán realmente acogerse a las nuevas reglas del juego, ya no todos los consistorios podrán beneficiarse de la nueva medida. Evidentemente, deben ser ayuntamientos que presenten unas cuentas de 2017 y 2018 eficientes y con superávit, pero el Ministerio no ha desvelado que otras condiciones pondrá a estas administraciones antes de concederles el visto bueno a sus gastos. Cabe esperar que estos condicionantes tengan que ver con objetivos datos económicos, principalmente de endeudamiento, pero determinar un porcentaje u otro podría meter o sacar de este grupo de beneficiarios a cientos de ayuntamientos de todo el país.

Por otro lado, esta decisión no dejará la vía totalmente libre a que los consistorios puedan gastar su remanente en lo que quieran sino que la intención del Ministerio es abrir un poco la mano al respecto de qué se considera una inversión financieramente sostenible y qué no. Por el momento, Montoro solamente ha puesto el ejemplo de la seguridad ciudadana, una materia que puede hacer ganar un buen puñado de votos en algunas ciudades, sobre todo en el electorado más conservador. Revelaciones como ésta hacen temer que, una vez especificada en el Decreto Ley, un texto legal en el que solamente interviene el Gobierno y no pasa por control parlamentario ni se enriquece de propuestas de otros partidos, la lista de inversiones posibles solamente permita en gasto en cuestiones que sean más del gusto de determinadas opciones políticas y, sobre todo, impida el destino de fondos a otras que gusten más a los partidos contrincantes.

Por mucho que la revistan de fríos números presuntamente objetivos, al economía es ideología

 

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