¡Agua va!

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Tuberías del trasvase Tajo-Segura // Foto: clmpress.com

Por Álvaro Nuño.

Habrá un nuevo trasvase Tajo-Segura “a partir del 1 de abril”. Así de clara, rotunda y tajante fue ayer la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, a la periodista de la Cadena SER, Pepa Bueno, en una entrevista en su programa matutino, en horario de máxima audiencia radiofónica. Lo que era un secreto a voces fue confirmado oficialmente por esta miembro del Gobierno, sin ningún rubor, sabiendo -sin duda- que son muchos más los que aplauden esta medida que los que la rechazamos porque estamos a este lado de la tubería y no en el otro, mucho más rico, numeroso e influyente.

Según avanzó Tejerina, el inminente trasvase se aprobará en base a criterios técnicos y cumpliendo la normativa vigente, “a partir del 1 de abril” gracias al aumento del agua embalsada. Todos estábamos esperando que los pantanos de Entrepeñas y Buendía rebasaran la marca de los 400 hectómetros cúbicos de almacenamiento -ayer ya eran 410- como síntoma de mejoría tras su paupérrima situación. Pero también éramos conscientes de que ese aumento de caudal no se iba a quedar en los pantanos, sino que saldría disparado automáticamente hacía las sedientas huertas del Levante español, que lo llevan implorando desde hace tiempo también y parece que con mucha más fuerza y mejor suerte que nosotros.

Ante el anuncio de este nuevo trasvase, el Gobierno de Castilla-La Mancha, esta vez a través de su portavoz, Nacho Hernando, ya ha adelantado también que lo recurrirá “si se hace en términos ilegales». La Junta siempre ha acudido al recurso (no sabemos si de la pataleta) cada vez que la Comisión de Explotación -el nombre viene que ni pintado- lo propone y el Consejo de Ministros finalmente lo aprueba. ¿Conocen ustedes el resultado de alguno de los numerosos recursos que la Junta siempre ha anunciado poner no se sabe muy bien ante quien cada vez que se aprobaba un trasvase? Particularmente, yo no. ¿Y en el caso de que los tribunales nos dieran la razón, cuál sería la consecuencia? ¿Los regantes de Murcia, Almería y Alicante nos devolverían el agua?, ¿Pagarían una multa?, ¿Crearía jurisprudencia y evitaría nuevos trasvases?

Su jefe, Emiliano García Page, afirmaba ayer también en Guadalajara que si se pusieran en marcha las desaladoras no sería necesario «quitar» el agua a los ribereños. Por ejemplo, la desaladora de Torrevieja (Alicante) está funcionando al 30 por ciento y la de Carboneras (Almería) no está funcionando, pese a que en ella y en otras se han invertido 600 millones de euros. Para Page -que se definió como «antitrasvasista», está claro que las desaladoras son la alternativa a llevar agua del Tajo al Segura por una tubería que cumple ahora 40 años.

Pero, sin embargo, ningún dirigente del Partido Popular local o de Ciudadanos ha salido a la palestra en estas 24 horas para protestar por el trasvase, al contrario de lo que hacen sus compañeros murcianos, que encabezan manifestaciones a favor de él acompañados tras la pancarta por los socialistas también. Como mucho, los populares castellano-manchegos se limitan a decir que fue Cospedal quien elevó a 400 hectómetros en límite trasvasable y que eso ha evitado transferencias de agua desde el mes de septiembre hasta ahora mismo. Otro de los clásicos populares es apelar al famoso «Pacto Nacional por el Agua», en el que participarían todas las partes implicadas. Pero de protestar por el trasvase, nada de nada. Las decisiones que toma tu mismo partido en otros ámbitos -ya sea en Madrid como en Murcia-, no se discuten y punto, aunque eso vaya claramente en contra de los intereses de tus propios representados.

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