La fragua de un dilema

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Los nuevos moradores de Fraguas posan con algunos de los antiguos residentes en los restos del pueblo abandonado. // Foto: Colectivo Fraguas

Por Borja Montero

Vivimos en un mundo lleno de paradojas, cada vez más; no ha discusión sobre ello. Según va evolucionando la especie en materia tecnológica y económica, afrontan nuevas incógnitas sobre cómo preservar a la vez el estilo de vida que tanto ha costado construir y el planeta que ha de sustentar con sus materias primas y sus condiciones medioambientales soportables el bienestar físico de sus moradores. El dilema entre la ecología y la economía, entendida como garante de un insostenible progreso constante y no como una forma de repartir los recursos existentes de forma eficiente, nos proporciona variados ejemplos de este tipo de ironías y paradojas que nos obligan a priorizar qué queremos más: un mayor bienestar o un bienestar más largo. Sin embargo, en ocasiones, un mismo fin también nos lleva a estos cruces de caminos de difícil solución. Esta semana se inicia el juicio por la repoblación del pueblo abandonado de Fraguas.

En este tema entran en conflicto dos objetivos tremendamente importantes para la provincia y para el futuro de la sociedad y el planeta: la despoblación rural y la necesaria protección de los entornos naturales. Hace cinco años, un grupo de seis personas se instalaron en el pueblo abandonado de Fraguas, término municipal de Monasterio, y comenzaron a rehabilitar y reformar las construcciones que allí se encontraban y que llevaban casi medio siglo deshabitadas. Esta antigua población fue desprovista de su catalogación de espacio urbano y, a pesar de que por aquel entonces algunas construcciones seguían en pie (bastante desmejoradas porque el pueblo sirvió también para la realización de prácticas militares, a nivel administrativo no difería de un trozo de monte cualquiera, con la salvedad importante de que está enclavado en el Parque Natural de la Sierra Norte. Es por ello, tanto por la imposibilidad administrativa de instalarse allí como por el agravante de tratarse de un espacio protegido, que los nuevos ocupantes de la vetustas viviendas fueron pronto advertidos por los agentes medioambientales y la Guardia Civil de que podían ser identificados y sancionados, incluso que podrían verse en los tribunales.

El caso, sobre el papel, parecería sencillo de resolver con la normativa en la mano pero abre, sin embargo, un interesante debate. Al margen de las desorbitadas penas a las que podrían enfrentarse (cuatro años y medio de cárcel y 26.100 euros de compensación económica para derruir lo que han construido), la situación administrativa del antiguo pueblo dice que, desde 1968, no se puede residir allí, aunque algunas de las edificaciones hayan permanecido en pie estos cincuenta años, por lo que los nuevos moradores no tendrían derecho a establecerse allí. De hecho, desde la Junta de Comunidades se les aconsejó que dejaran su proyecto de rehabilitación de Fraguas y lo intentaran en otro núcleo urbano abandonado que mantuviera sus condición como tal, una opción que podría resultar aún más peliaguda ya que podían enfrentarse, en ese caso, a acusaciones similares a estas sumadas a las de los legítimos propietarios de los terrenos.

El debate, sin embargo, va más allá de la escasa maniobrabilidad que ofrece la normativa actual. En una provincia como Guadalajara, que lleva décadas luchando contra la despoblación de sus zonas rurales, la llegada de cualquier nuevo vecino a sus pueblos debería recibirse de forma positiva. Además, quienes ocupan este antiguo pueblo no tienen como finalidad llevar a cabo actividades lesivas para el ambiente, no pretenden instalar fábricas o vertederos, sino que, bien al contrario, han puesto en marcha varios huertos y han repoblado con especies autóctonas algunas zonas cercanas al pueblo. De este modo, parecería que la protección del entorno natural no correría peligro, sino más bien al contrario, ya que, a pesar de estar enclavada en un parque natural, la vista de Fraguas dista mucho de ser un paraíso ecológico.

Probablemente los tribunales les obliguen a abandonar el proyecto iniciado, esperemos que no con toda la contundencia que plantea el fiscal, pero sin duda este caso debe hacernos pensar en cómo queremos revitalizar nuestros pueblos y nuestras zonas rurales, si es que ese es el verdadero objetivo de las administraciones competentes en la provincia, y cuáles son las herramientas que se pueden poner en marcha para que la implantación de nuevos proyectos de vida sea un poco más sencilla en las zonas más castigadas por la despoblación.

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