Yo tampoco voté

Monumento a la Constitución de 1978 // Foto: GuadalajaraDiario.es

Por Álvaro Nuño.

Efectivamente, yo no voté la Constitución de 1978. Evidentemente con mis ocho años recién cumpliditos, no tenía edad para participar en aquel lejano referéndum celebrado ayer hace cuatro décadas como hicieron 81.355 vecinos de la provincia. Dicen los viejos del lugar -perdón, los más veteranos que lo pudieron seguir– que Guadalajara fue uno de los lugares donde la Carta Magna recibió más apoyo, un 81,43 por ciento de síes, lo que nos convirtió en la quinta provincia de España más constitucionalista de España. Por contra, un 14,14% de los que metieron su papeleta en la urna, dijeron que no la querían, lo que nos colocó como la séptima provincia del país donde más rechazo suscitó, lo que nos colocó en el mismo grupo que las tres provincias vascas y Navarra.

Realmente, hoy son muchos menos los ciudadanos que la votaron que los que, por simple cuestión de edad, no tuvimos oportunidad de hacerlo. Nos recuerda uno de los políticos veteranos de la provincia y primer alcalde democrático de la ciudad, el socialista Javier Irízar, que en ese referéndum la edad mínima para votar todavía se situaba en los 21 años. Por tanto, todos los que no tengan cumplidos 61 años antes de este 6 de diciembre están en mi grupo. De hecho, si consultamos los datos de edad de la población española de 2018, tres de cada cuatro españoles no votamos la Constitución aquel 6 de diciembre de 1978 por tener menos de 61 años en estos momentos -concretamente el 75,15 por ciento de los 46.659.302 de personas que habitamos este país-. Y el porcentaje de los no votantes irá disminuyendo irremediablemente con el paso del tiempo.

¿Podemos decir por tanto que la Constitución, la principal norma que rige nuestra sociedad desde hace cuarenta años está secundada por la mayoría de la población? Respetada sin duda, cumplida también, pero votada no. Y, personalmente, creo que esto es injusto porque la sociedad ha cambiado, la norma es lo suficientemente amplia para abarcar la mayoría de las situaciones a las que España se enfrenta y el Tribunal Constitucional tiene la capacidad de dirimir si una ley o una conducta es constitucional o no, pero tan solo se ha cambiado dos veces y las dos sin consultar al pueblo por medio de referéndum directo.

Qué quieren que les diga. A mí me gustaría refrendar alguna vez nuestra Constitución directamente, metiendo un voto en una urna donde diga que sí o que no, absteniéndome o incluso dando la oportunidad a otros de no votar -yo ya he dicho que sí lo haría-. Lo considero una cuestión de higiene democrática y forzaría a los partidos políticos a reconstruir los viejos puentes que se levantaron en la transición española y que comunicaron la izquierda con la derecha, el centralismo con los nacionalismos periféricos y a los jóvenes reformistas con los mayores conservadores. El reto estaba ahí, había que plantearlo y resolverlo, y se hizo con valentía y generosidad, cediendo todas las partes y asumiendo todos parte de las ideas de los demás. Eso que hoy parece imposible entre Podemos y Vox sería en 1978 más impensable todavía entre Falange y el Partido Comunista con el cuerpo de Franco todavía caliente.

«Naturalmente la Constitución no es intocable» decía uno de sus padres, el fallecido líder socialista, Gregorio Peces Barba, ya en 2003 coincidiendo con su 25 aniversario, e insistía en ello en 2008, antes de su 30 aniversario. Como rector de la Universidad Carlos III, Peces Barba ya planteaba cuestiones a reformar porque el tiempo ha demostrado que el texto constitucional no ha alcanzado sus fines, como modificar el Senado para convertirlo en una cámara de representación realmente territorial -autonómica prefería él-, los cambios en la forma de sucesión de la Corona, derogando la ley sálica que mantiene los derechos del hombre por encima de los de la mujer -una reminiscencia del medievo-, o la contradicción que se da entre la teoría de plantear un Estado aconfesional para posteriormente firmar unos acuerdos con la Santa Sede que convierten a la Iglesia Católica en la referente en muchos sentidos en la sociedad, como el educativo con las clases de Religión dentro de centros públicos y en el ceremonial en actos de Estado -bendición de edificios, misas de patrones, etcétera-. Hay otras muchas cuestiones planteadas encima de la mesa como la propia forma de Estado -monarquía o república-, la recentralización de los servicios o, en el caso opuesto, el derecho a la autodeterminación que plantean los independentistas catalanes.  No habría que tener miedo a estudiar todas estas propuestas abiertamente encima de una mesa por parte de todas las fuerzas políticas democráticamente elegidas y después refrendadas por los ciudadanos en referéndum. Y que la mayoría decida. Así de simple. En eso se basa la democracia, en la capacidad para decidir por parte de los ciudadanos.

No sé si este proceso «reconstituyente» debería llevarse a cabo cada cuarenta o cincuenta años, pero vería tremendamente injusto que cada generación no pudiera dar su opinión sobre la ley de leyes al menos una vez en la vida, como lo hicieron nuestros padres y seguro que volverán a hacer nuestros hijos si nosotros no lo hacemos antes.