
188 municipios de la provincia no tienen ni cien vecinos // Foto: DCLM.es
Por Álvaro Nuño.
Que la Guadalajara rural se va quedando poco a poco sin habitantes es una tozuda realidad que acreditan los datos y la percepción de cualquier observador. Sólo hace falta coger el coche e ir más allá de Horche por la N-320, por la A2 más allá de Torija o por la carretera CM101 por encima de Humanes. La imagen de los pueblos es desoladora en los días laborales, porque los fines de semana no dejan de ser un espejismo en el que muchos «hijos» de estos municipios hoy semiabandonados vuelven a casa de sus padres, al pueblo de su infancia o, en el mejor de los casos, a su residencia de verano. Calles desiertas, plazas vacías, colegios y cuarteles de la Guardia Civil abandonados, tiendas cerradas, iglesias sin culto y calles en silencio, mucho silencio. Esa es la postal de la mayoría de los pueblos de nuestra provincia.
Según, el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2018, la grieta entre el Corredor del Henares y la Guadalajara rural se va agrandando cada vez más. En esa fecha, la provincia tenía 254.308 habitantes, casi mil más de en 2017, pero toda esta población se sigue concentrando cada vez más en los grandes municipios del Corredor, comenzando por la capital, que gana 765 empadronados, seguida de Yebes con 442 -la mayoría de ellos imaginamos que en la urbanización Valdeluz-, Cabanillas -que ya entra en el club de las localidades con más de 10.000 habitantes junto a la propia Guadalajara, Azuqueca, Alovera y El Casar-, Marchamalo, Pioz y Torrejón del Rey, que todas ellas superan el centenar de nuevos habitantes.
Por contra, 180 de los 288 municipios de la provincia están por debajo del centenar de vecinos, lo que suponen más del sesenta por ciento. Concretamente, 8.451 viven en estos pequeños pueblos. El récord de municipios que mantienen dicha categoría administrativa con menos habitantes son Valtablado del Río y Fuenbellida con 8 habitantes censados cada uno, mientras que en Castilnuevo y Olmeda de Jadraque sólo viven 9.
Poblaciones consideradas cabecera de comarca han bajado en población, encabezadas por Sigüenza, que redujo su padrón en 2017 en 140 vecinos. En este grupo también se encuentran Almoguera, Brihuega, Cifuentes, Horche, Jadraque, Loranca de Tajuña, Molina, Sacedón, Trillo, Uceda, Valdeaveruelo y curiosamente Azuqueca de Henares que detiene así su parecía que imparable crecimiento hasta 2013, reduciendo su censo en 83 habitantes el pasado año. En cuatro años, la localidad campiñera ha pasado de tener 35.397 personas censadas a 34.685, una evolución demográfica que va a la contra del resto de localidades limítrofes.
Hasta ahora, todas las políticas emprendidas por todas las administraciones de todos los signos políticos -reducidos en nuestro caso a PP y PSOE- no han conseguido ni mantener ni aumentar la población del medio rural. Decir otra cosa sería mentir o pecar de un falso optimismo. No sólo nuestros pueblos cada vez carecen de más servicios públicos -en muchos casos, nunca llegaron a tenerlos-, sino que la mejora de las comunicaciones, por ejemplo, parece que sólo ha ayudado a que la gente se vaya más rápido y, como mucho, a que el médico o el cartero se desplacen con menor dificultad o que los hijos que un día se fueron, vuelvan esporádicamente los fines de semana o en vacaciones a ver a sus mayores -otra de las características de la población que todavía se mantiene allí viviendo habitualmente-.
En abril de 2017, la Junta de Comunidades presentó una estrategia denominada Plan de Inversión Territorial Integrada (ITI), que pretendía invertir 1.500 euros por cada habitante en las zonas con mayor despoblación de la región, un total de 490 millones de euros a 623 municipios de toda la región, con fondos europeos encaminados a mejorar fundamentalmente las infraestructuras y las telecomunicaciones. En ese plan se incluían a los 262 municipios de nuestra provincia que no se encuentran en el Corredor del Henares. También el pasado diciembre se realizaba una jornada en Maranchón denominada «Emprende y vive 2018» en la que se ponían encima de la mesa beneficios fiscales para los proyectos empresariales que se desarrollen en estas zonas, con el objetivo de crear empleo y de fijar población. Curiosamente estas, -la creación de empleo o el mantenimiento de las comunicaciones- son prácticamente las mismas ideas que plantea el candidato del PP para intentar combatir el parece que imparable fenómeno de la despoblación.
Mientras todo esto ocurre, la Audiencia Provincial de Guadalajara confirmaba esta semana la sentencia por los delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio a los seis jóvenes que decidieron en 2013 recuperar y habitar el municipio abandonado de Fraguas, cierto es que sin permiso y en un monte de utilidad pública y con protección medioambiental que forma parte del Parque Natural de la Sierra Norte. En este caso, la Junta -propietaria del terreno- se presentó como acusación particular. La propia Audiencia señala en su sentencia que estos jóvenes «construyeron una casa, instalaron una placa solar, un baño e hicieron acopio de bienes para instalarse de forma estable». Es decir, que intentaron repoblar una zona deshabitada y por lo que se les ratifica la condena a cada uno de un año y seis meses de prisión dos multas, una de tres meses por usurpación y un año por ir contra la ordenación del territorio, en total 2.700 euros que si los condenados no pagan se convertirá en días de prisión, algo que los propios encausados han dicho que ocurrirá porque no tienen dinero y además se niegan a demoler lo que ellos mismos levantaron con sus propias manos.
De nada, por tanto, han servido las 73.000 firmas de apoyo entregadas ante la Delegación de la Junta, ni el escenificado por el secretario regional de Podemos y hoy vicepresidente de la Junta, José García Molina, ni el de antiguos vecinos del municipio expropiado en 1968.
Cierto es que hay que cumplir la ley, pero no es menos verdad que con las actuales normas el fenómeno de la despoblación parece imparable. ¡Imaginación al poder!