Sospechosos habituales

Por Borja Montero

En una sociedad que presume de ser un Estado de Derecho ordenado y coordinado por una Constitución nacida del acuerdo entre representantes de una amplia variedad ideológica, no se entendería que una Ley aprobada en el Congreso de los Diputados y que hubiera seguido todos los trámites legales fuera incumplida de forma manifiesta y sistemática durante once años después de su entrada en vigor sin ninguna consecuencia para los que se saltan la norma. Y son casi 700 los presuntos infractores conocidos, según datos del Ministerio de Justicia. La Ley de Memoria Histórica, en vigor desde diciembre de 2007, no se tomó en su momento como un texto de obligado cumplimiento a rajatabla y, a pesar de que se han ido llevando a cabo medidas al respecto a lo largo de los años, no todos los afectados se han movido de la misma forma por situarse dentro de la legalidad, en parte debido a la inexistencia de sanciones por parte del Estado, habiendo quienes directamente no han hecho nada en absoluto.

El Ministerio de Justicia ha informado de que se han enviado cartas a los ayuntamientos en los que se tiene constancia de que siguen incumpliendo está Ley principalmente por el mantenimiento de nombres de calles en honor a personajes relacionados con la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura de Franco o la exhibición de vestigios franquistas en lugares públicos. La misiva se ha hecho llegar a 656 municipios en todas España, 125 en Castilla-La Mancha y veinte en Guadalajara, algunos de ellos de cierta importancia demográfica como Torija, Peñalver o Pareja. Nadie entendería que esta situación pudiera mantenerse durante más de una década si se tratara de normativa fiscal o de tráfico, por poner dos ejemplos, máxime cuando los principales responsables del cumplimiento de estos preceptos y, por tanto, presuntos infractores a día de hoy son instituciones públicas que debieran cumplir y hacer cumplir con el ordenamiento jurídico nacional.

Esta nueva oleada de avisos por parte del Ministerio es simplemente un recuerdo a los ayuntamientos de que la norma existe y está ahí para quedarse después de su aplicación de forma timorata en lo primeros años de andadura, aún con José Luis Rodríguez Zapatero en la Presidencia del Gobierno, y de su completo olvido y desatención presupuestaria en los ejecutivos de Mariano Rajoy. De este modo, la lista no es exhaustiva sino que se centra en los casos más flagrantes de exaltación de figuras de Franquismo, sin entrar por ejemplo en los vestigios existentes en las iglesias y parroquias de los pueblos, en las que se ven con una frecuencia inusitada las placas de «caídos» de un solo bando, o en las calles dedicadas a personajes secundarios o de carácter más local en la Guerra Civil y la posterior dictadura.

Probablemente, en cualquier otro país que hubiera acatado efectivamente la letra de la Ley, estaríamos en el momento de modificarla y ampliar sus coberturas pero, muy al contrario, el Estado tiene que recordar una década después que existe una norma que, de hecho, no tendría que estar siquiera escrita, ya que muchos de sus preceptos deberían haberse llevado a cabo de oficio por los propios ciudadanos y administraciones públicas una vez acabada la noche más larga de la historia reciente de España.