La denominada Biblioteca Municipal José Antonio Suárez de Puga.
Por Blanca Calvo y Alicia Girón *
En Guadalajara se sabe bien lo que es una biblioteca. La Pública del Estado, de titularidad estatal y gestión autonómica, lo definió mucho antes de trasladarse al Palacio de Dávalos, un edificio de seis mil metros cuadrados del que la ciudad se enorgullece y en el que caben cientos de miles de piezas, una amplísima gama de actividades e, incluso si se propusieran ir todas al mismo tiempo (es un decir), las decenas de miles de personas que tienen su carnet.
El Ayuntamiento de Guadalajara abrió el 24 de octubre pasado algo a lo que ha llamado biblioteca aunque los guadalajareños sabemos que no lo es. Ni por tamaño, ni por materiales, ni por personal ni, sobre todo, por concepto. No cumple en absoluto las condiciones que debe tener la biblioteca municipal de una ciudad de casi 100.000 habitantes, ni aun suponiendo que, como pasa en otras capitales de nuestra Comunidad Autónoma y debería pasar en la nuestra, fuera una de las sucursales que el Ayuntamiento tendría que mantener abiertas para dar servicio de cercanía a todos los barrios. Porque en palabras afortunadísimas de un alcalde de Albacete con las que no podemos estar más de acuerdo, “igual que todos los barrios tienen parroquia, deben tener también biblioteca”.
El Ayuntamiento de Guadalajara ha hecho como que abría una biblioteca porque se lo exige una ley de 1985: la de Bases del Régimen Local, que en su artículo 26.b dice que los municipios de más de 5.000 habitantes están obligados a dar ese servicio. Obligación reforzada en 2011 por la Ley de la Lectura y las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, cuyo artículo 16 dice que “todos los municipios de Castilla-La Mancha mayores de 1.000 habitantes deberán disponer de biblioteca de titularidad pública y uso general” y que “todos los municipios de Castilla-La Mancha de más de 20.000 habitantes deberán disponer de una red municipal de bibliotecas de titularidad pública y uso general”.
El Ayuntamiento de Guadalajara ha intentado cubrir el expediente pero, si nos atenemos al resultado, con total desgana. En la segunda planta del CMI Eduardo Guitián, no accesible directamente desde la calle, ha acotado un pequeño espacio, en parte quitando metros a una sala de estudio que ya existía. Ha colocado en él unos pocos muebles, financiados por una entidad de crédito según declaraciones del Alcalde, ha reunido cuatrocientos libros comprados y otros cuantos, procedentes de donaciones, inadecuados para los potenciales usuarios, y ha contratado, no se sabe con qué criterio ni a qué precio, un servicio de descargas de películas y series. Como remate, en vez de crear una plantilla de personal para atender el centro, ha encargado la gestión a una empresa externa, tampoco se sabe con qué presupuesto. Eso sí: en octubre hubo inauguración solemne y divulgación mediática, quizá con la intención de que quien escuchara la noticia creyera que se ha abierto en Aguas Vivas algo parecido a lo que hay en el Palacio de Dávalos.
Nada más lejos de la realidad. Para empezar, la nueva “biblioteca” es una isla. Sus carencias no le permiten integrarse en la red regional de bibliotecas y, con ello, aprovechar ventajas enormes: la catalogación común (pequeña desventaja, dirá alguien, dado que prácticamente no hay nada que catalogar…), las ayudas económicas de la Junta, el intercambio de experiencias con otros centros o la posibilidad de que sus usuarios usen cualquier otra biblioteca de la región con un único carnet gratuito, cosa esa de la gratuidad que, por cierto, no tiene el de la biblioteca-isla.
Los responsables municipales justifican su estruendosa falta de fondos con un argumento peregrino. Dicen que el centro inaugurado en octubre pasado es “del siglo XXI”, y las bibliotecas del siglo XXI, según ellos, no necesitan libros: se maldisfrazan de plataforma de descargas y ya está. Esas personas deberían salir de su aislamiento y conocer cómo se esfuerzan los bibliotecarios de los cinco continentes para acercar los libros a las personas más alejadas. Bibliobuses, bibliobicis, biblioburros, bibliocamellos, bibliolanchas, bibliocaravanas, maletas, carritos, bolsas, mochilas, contenedores de todo tipo llenos de libros viajan por todo tipo de caminos en el siglo XXI. Las bibliotecas públicas están en tiempos de cambio y redefinición, sí, y sus funciones se están abriendo mucho, pero no pierden por ello las básicas. Fomentar y facilitar la lectura sigue siendo una de ellas, y para ello hay que tener materiales proporcionados a la población atendida.
Si queremos presumir de biblioteca del siglo XXI imitemos las buenas prácticas que se están desarrollando en el mundo. En octubre de 2018, cuando se inauguró en Guadalajara la incorrectamente denominada biblioteca municipal, investigadores de la Universidad norteamericana de Albany publicaron un informe titulado El papel de las bibliotecas públicas en la participación de los ciudadanos en comunidades inteligentes (Smart Communities en el texto inglés), inclusivas y conectadas: un informe sobre las mejores prácticas actuales. El informe estudia treinta y dos bibliotecas y destaca actividades muy novedosas, pero sobre todo analiza su infraestructura, tecnología, programas y servicios, participación ciudadana, comunicaciones y alianzas en la comunidad. La mal llamada biblioteca del CMI no sacaría ni un cero coma si fuera sometida a un análisis semejante.
Los gestores municipales llaman “Smart City” a Guadalajara y no pasa nada porque es un término que ni ellos ni nosotros sabemos bien a qué compromete. Pero cuando llaman biblioteca al centro municipal que inauguraron el pasado octubre sentimos que nos engañan. Todas y todos sabemos que, para aplicarle ese sustantivo, tendrían que empezar por equiparla convenientemente. Las cosas no son lo que son por la manera en la que se les llama, sino por su propia constitución y por la función real que desempeñan.
(*) Blanca Calvo, del Cuerpo Facultativo de Archivos y Bibliotecas del Estado ha sido directora de la Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara durante más de 31 años. Antes trabajó en la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela, en la Biblioteca Nacional de España y en la B.P.E. de Mahón
(*) Alicia Girón, del Cuerpo Facultativo de Archivos y Bibliotecas del Estado, ha sido directora de la red de Bibliotecas Populares de Madrid, Subdirectora General de Bibliotecas del Ministerio de Cultura, Directora del proyecto de Biblioteca Nacional de Préstamo, Directora de la Biblioteca Nacional de España, Directora de la Hemeroteca Nacional y Directora de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas. Jubilada desde 2008, ahora vive en Guadalajara.
El hexágono de Guadalajara 