Nuestros lazos amarillos

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Una de las imágenes del documental de los 20 años de independencia de Marchamalo ahora prohibido. // Foto: ABC

Por Álvaro Nuño.

Abierto el periodo electoral, hemos comenzado a oír hablar de las Juntas Electorales desde el primer momento. Se trata de organismos formados en su mayoría por jueces y funcionarios de Justicia, así como por catedráticos y juristas que se encargan de velar porque todo el proceso electoral sea lo más limpio posible. Entre sus funciones está la de “resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan de acuerdo con la Ley o con cualquier otra disposición que le atribuya esa competencia”. Basándose en esta cometido, por ejemplo, la Junta Electoral Central exigió el pasado mes de marzo a la Generalitat de Cataluña quitar todos los lazos amarillos de los edificios públicos dependientes de esta administración por considerarlos “símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones”. Fue Ciudadanos en este caso quien denunció esta situación y las consecuencias ya las conocen. A regañadientes y con demandas judiciales de por medio, el presidente Quim Torra y sus compañeros de los partidos separatistas tuvieron que cumplir esa decisión reconociendo finalmente la autoridad que la ley otorga a la Junta Electoral desde el mismo momento en que se convocan las elecciones.

Pero, lamentablemente, no tenemos que irnos tan lejos para ver ejemplos de regidores públicos que, desempeñando su función como tales y, por supuesto, utilizando los medios que toda la sociedad pone a su disposición, tratan en estas semanas de arrimar el ascua a su sardina y tratar de beneficiar sus intereses partidistas con determinadas acciones propagandísticas disfrazadas de “institucionales”.

Sin ir más lejos, la pasada semana, la Junta Electoral de Guadalajara prohibía en una resolución a Antonio Román publicitar el I Plan de Mayores citado unos días antes en el Ayuntamiento, al considerarlo un acto de propaganda electoral. Basándose en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, este organismo exigió la retirada de la noticia y demás soportes en los que se daba publicidad a dicho plan, según informaba el secretario de Organización del PSOE, Rafael Esteban en rueda de prensa, con una ostensible sonrisa de satisfacción en la cara. “Vamos a estar ojo avizor para evitar que Antonio Román incumpla las reglas del juego democrático que todos debemos respetar”, dijo Esteban informando que fue su partido quien denunció esta campaña a la Junta Electoral. El PP por su parte, se defendía posteriormente excusándose en que dicha campaña ni siquiera se había llegado a materializar en ningún acto, folleto o rueda de prensa y que sólo se llegó a mencionar la voluntad del Ayuntamiento de presentar ese “Plan de Mayores” en otra convocatoria en la que el primer edil presentaba actividades y talleres para personas de más de 55 años. La propia página web del Ayuntamiento así lo atestigua todavía.

Pero imaginamos que la sonrisa de Esteban se difuminaría unos días más tarde cuando la misma Junta Electoral y por los mismos motivos esgrimidos contra el Ayuntamiento de Guadalajara, le obligaba como alcalde de Marchamalo a retirar el documental editado por el Ayuntamiento que él preside con motivo del 20 aniversario de la independencia del municipio gallardo de la capital. En su resolución, la Junta Electoral prohibía “la difusión del documento íntegro o en partes en cualquier medio de comunicación público o privado”, un vídeo  ampliamente difundido y en el que, en este caso, el Partido Popular -que es quien interpuso la denuncia- ve durante sus casi 50 minutos de duración “una clara venta de logros y propaganda política”, vinculados siempre a los alcaldes socialistas de Marchamalo -el propio Esteban y su antecesor en el cargo-, así como “a instituciones como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o el Gobierno de España, sólo en positivo en las épocas en las que estos últimos han sido del PSOE”. Por contra, los populares echan en falta en la cinta el papel realizado por instituciones no gobernadas por los socialistas o incluso la presencia de concejales de otros signos políticos.

Se da la circunstancia además de que estos dos casos han estado protagonizados por dos alcaldes que, además de presentarse a la reelección como aspirantes a mantener la vara de mando en sus respectivos municipios el 26 de mayo, son los cabezas de lista de su partido político -Antonio Román por el PP y Rafael Esteban por el PSOE- al Senado en las generales del 28 de abril, lo que les llevará a protagonizar con su rostro los carteles electorales desde el primer hasta el último momento de estos dos meses, razón de más para que no tuvieran que salir ya “sonrojados” por haber sido apercibidos por el árbitro desde el primer minuto. Eso sí, han sido mucho mas obedientes que Torra y han seguido las instrucciones de la Junta Electoral con rapidez.

Es de agradecer que en estos dos meses electorales haya un organismo no partidista que vele porque se cumpla la ley y prohíba “a los poderes públicos —que están al servicio de todos los ciudadanos— tomar partido en las elecciones”, como argumentó la resolución de la Junta Electoral Central en el caso de los lazos amarillos y que, por supuesto, es aplicable al ámbito provincial y local.

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