Por David Sierra
En la vivienda de mayores de Espinosa de Henares las camas son antiguas. Tienen casi los mismos años que el centro y han envejecido junto a muchos de los residentes. A otros les han sentido ir. Cuando se pusieron estos lechos, aquellos que los ocuparon aún tenían la agilidad suficiente como para no necesitar ayudas extraordinarias. Levantarse, sentarse, acostarse eran movimientos habituales que podían realizar por ellos mismos. No había impedidos físicos que requirieran otros medios.
Vivienda de mayores de Espinosa de Henares. / Foto: David Sierra.
Pero la edad avanza inexorablemente y, con ella, los achaques comienzan a manifestarse. Por eso, cuando el alcalde de esta localidad se reunió con cuidadoras y usuarios una de las demandas que le hicieron de manera unánime fue la sustitución de las camas por otras articuladas que pudiesen adaptarse a esas nuevas necesidades propias de la vejez. La propuesta, legítima y coherente, fue tomada como mandato por el regidor que se puso a trabajar para que el propio Consistorio pudiese hacerse cargo de esa petición.
Los problemas comenzaron de inmediato cuando para poder adquirirlas había que llevar a cabo una modificación presupuestaria, al no estar incluido este gasto en las cuentas del año. Las restricciones que establece la ley que regula el control del gasto público fue el primer escollo al que se tuvo que enfrentar el Consistorio. La burocracia para reflejar una partida que permitiese financiar esta adquisición retrasó el proceso durante varios meses a lo que se fue sumando un nueva demora en el procedimiento para adjudicar la empresa que proveyese el material a consecuencia de las particularidades que establece la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que se aprobó hace poco más de un año.
Esas dos normativas se han desarrollado, sin duda alguna, para municipios de un tamaño mucho mayor que los que representan a nuestra provincia. Y eso está generando numerosas dificultades y aplazamientos a la hora de contratar y efectuar actuaciones que en los pueblos más pequeños requieren de la inmediatez para solventar problemas del día a día. La situación de estos Ayuntamientos es de total desamparo dado que muchos de ellos apenas disponen de personal suficiente para llevar a cabo tan tergiversada gestión.
La mayoría de los municipios de Guadalajara comparten el servicio de secretaría con otros pueblos para poder disponer de un secretario que, en el mejor de los casos, acuda un par de veces por semana. Y si bien es cierto que la Diputación provincial ofrece a los ayuntamientos un servicio asistencial, lo cierto es que el personal del que dispone es insuficiente y se encuentra desbordado. Más aún si cabe tras la aprobación de las legislaciones anteriormente mencionadas, puesto que para cualquier proyecto exigen informes certificados por personal cualificado que, por supuesto, casi ningún Consistorio posee; por lo que acaban derivados al servicio de la propia Institución provincial.
El entuerto se retuerce aún más cuando atendemos a la obligatoriedad del uso de la administración electrónica para llevar a cabo cualquier gestión y aunque los Consistorios siguen funcionando con una red de Internet a pedales que ralentiza cualquier proceso hasta la más absoluta desesperación.
Se da la paradoja de que son estos Consistorios los que menos control necesitan puesto que, en líneas generales, son los más saneados y la mayor parte de las licitaciones que les afectan suelen realizarse a través de otras administraciones de superior rango, al no disponer de los recursos y medios suficientes para abordar la mayor parte de los proyectos y actuaciones de manera particular. De nuevo las leyes olvidan a los pobres y los pequeños a pesar de los manifiestos.
Mientras tanto, en Espinosa las camas articuladas siguen esperando en el almacén del proveedor. Una firma. Las cuidadoras a duras penas cumplen su trabajo y los residentes esperan impacientes que sus últimos años de vida reciban el bienestar que merecen.
El hexágono de Guadalajara 