Solución habitacional

Por Borja Montero

El culebrón judicial y arquitectónico que ha tenido que vivir el Palacio del Infantado ha llegado a su fin. Y lo ha hecho a través de la única solución que, desde la humilde opinión de cualquier observador externo, la parte demandante buscaba con sus vericuetos en los juzgados: dinero, dinero y más dinero. En concreto, serán 853.000 euros los que la Casa del Infantado reciba del Ministerio de Cultura a cambio de renunciar al derecho de tener una solución habitacional para sus ocasionales visitas a Guadalajara.

La heredera del título del Ducado del Infantado, Almudena de Arteaga, uno de cuyos mayores hitos en el devenir de la ciudad fue ser la pregonera de las Fiestas el día en que la protesta de la Asamblea Docente de Guadalajara entró en el Teatro Burro Vallejo para interrumpir el acto, recibirá según el acuerdo rubricado esta semana por el titular en funciones del Ministerio de Cultura, José Guirao, una cantidad más que suficiente para adquirir por su cuenta una vivienda en la ciudad (en el portal inmobiliario Idealista solamente hay tres viviendas por encima de ese precio en la capital) y, lo que es más grave, una suma muy superior, prácticamente el doble, de lo que hubiera costado habilitar la vivienda que la heredera quería dentro del propio Palacio.

El debate, sin embargo, no es de cantidades, que evidentemente importan cuando se sacan de las arcas públicas que todos contribuimos a llenar y cuyo reparto suele ser problemático porque hay que priorizar unos gastos sobre otros. El dilema reside en si la noble familia del Infantado tiene derecho a tener una vivienda en la ciudad habida cuenta de su escaso arraigo y nulo beneficio para la ciudad. Los tribunales se lo reconocieron y las administraciones públicas implicadas no han podido hacer otra cosa que cumplir con ese mandato, hasta que éste ha chocado con la normativa urbanística que, evidentemente y con buen criterio, pone objeciones a ciertas obras en un inmueble protegido y, sobre todo, al uso como vivienda privada del Palacio. Sin embargo, el fondo de la sentencia es el que podría tener su discusión, más en términos políticos y morales que puramente jurídicos, que supongo que habrán sido concienzudamente analizados por los juzgados que han tratado el caso. Y es que no entra en la cabeza de muchos ciudadanos que alguien que ha renunciado de forma tan evidente a hacerse cargo del cuidado de un bien de su propiedad tenga que ser premiado por su inoperancia si otro actúa por si cuenta. Porque cabe recordar que la trayectoria de cesiones del Palacio del Infantado a diversas entidades públicas es larga, primero con la venta de la mitad del inmueble al Ayuntamiento a finales del siglo XIX y después como colegio de huérfanas del Ministerio de Defensa hasta su destrucción en la Guerra Civil bajo el fuego de la Legión Cóndor. Es precisamente entonces cuando la propiedad pasa más de dos décadas sin hacer absolutamente nada por mantener o reconstruir su edificio hasta que en 1960 vuelve a entrar el dinero público en el mismo, una financiación que, a través del la Diputación, de la Junta de Comunidades y de distintos Ministerios, no ha dejado de entrar nunca desde entonces.

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