Ni las migajas

Por David Sierra

En diciembre del pasado año se reunía en Sigüenza un amplio conjunto de representantes de la sociedad civil, política e institucional de la provincia de Guadalajara con el objetivo de abordar de una vez por todas el asunto de la despoblación en el medio rural. La reunión estaba  encaminado a la búsqueda de soluciones que permitan darle la vuelta a la situación. El foro, al que acudieron también políticos de todos los ámbitos de la administración, culminó con un decálogo de actuaciones recogidas en lo que se llamaría el ‘Manifiesto de Sigüenza’ y cuyo propósito era conseguir el apoyo y el compromiso de administraciones, empresas de servicio, asociaciones y colectivos para poder llevar a la práctica lo acordado.

La respuesta fue inmediata y unánime. Todos se adhirieron al movimiento con promesas y compromisos varios. Con los partidos políticos encabezando las manifestaciones públicas conscientes de la cercanía de los procesos electorales que estaban por venir. Ilusionando a los alcaldes y representantes públicos de los municipios más pequeños, y por tanto, más perjudicados por el fenómeno de la pérdida de población que veían cómo por primera vez ocupaban el centro del debate.

La concentración seguntina abordaba cuestiones en teoría esenciales para fomentar la atracción de gente a los pueblos, y proponía medidas tal como exenciones fiscales para empresas, una fiscalidad más generosa para los habitantes de medio rural, bonificaciones al emprendimiento, cambios en las leyes de suelo y mejoras en los suministros de los servicios básicos, entre otras. Todas ellas, aparte de la voluntad de los representantes políticos de las distintas administraciones públicas, requieren la necesaria asistencia del personal administrativo de los propios ayuntamientos de los municipios en cuestión. Ellos son los encargados de velar por que cualquier trámite de estas medidas llegue a buen puerto. Y es aquí donde sorprendentemente la administración regional tiene abandonados a su suerte a buena parte de estos municipios de la provincia.

Tras las pasadas elecciones municipales, varias informaciones publicadas por distintos medios de comunicación pusieron de relieve y en alerta las dificultades de muchos consistorios para celebrar sus sesiones plenarias de constitución. De hecho, en algunos casos fue la propia administración regional la que, de manera incomprensible sin atender a motivaciones políticas, ha dejado a diversos pueblos sin su secretario habitual, alegando una actualización de las bolsas de empleo de estos funcionarios que suelen tener carácter de interino. La decisión provocó que varias de las sesiones plenarias de toma de posesión del cargo de los regidores de esos ayuntamientos debieran retrasarse un par de días para dar tiempo a que el Servicio de Atención al Municipio (SAM) de la Diputación Provincial, que ofrece servicio de consulta y apoyo ‘de urgencia’ a estas localidades, pudiera asistirles de manera puntual con un secretario de este organismo. Y sin embargo, mientras la Junta de Castilla La Mancha ha dejado a pueblos sin este funcionario, otras entidades locales siguen sin cubrir la plaza a pesar de que en febrero de este mismo año se convocó el proceso selectivo para ampliar las listas de espera con el propósito de cubrir las vacantes en los ayuntamientos que las tuvieran.

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Lo cierto es que este servicio provincial, que actualmente está formado por cuatro trabajadores, está atendiendo a cerca de sesenta municipios que tienen actualmente problemas al no disponer de un secretario de manera continua para atender el día a día de esos consistorios. En algunos de estos pueblos ya está en riesgo la tramitación de proyectos fundamentales para su desarrollo a consecuencia de los retrasos en la presentación de las documentaciones necesarias para su ejecución. El problema también se extiende a la participación en la convocatoria de subvenciones y ayudas, al no disponer los regidores municipales del asesoramiento y la información necesaria para conocerlas en tiempo y forma de acceder a las mismas. Del mismo modo, la imprescindible autorización de este funcionariado para la disposición de fondos esta ocasionando retrasos en el pago a los contratistas de proyectos ya en marcha, poniendo en riesgo las certificaciones de obra necesarias para la adquisición de las ayudas públicas que suelen acompañar a la financiación de los mismos.

La marginación que sufren los municipios que se encuentran desasistidos en las labores de secretaría es uno de los mayores impedimentos a la hora de desarrollar cualquier política encaminada al freno de la despoblación. En este sentido, parece ser que la voluntad de la administración autonómica y estatal va encaminada a que sean sólo los municipios que actúan como cabecera de comarca los que se repartan el pastel presupuestario y que los más pequeños terminen ahogados y asfixiados entre los entresijos burocráticos generados por la falta de funcionariado, la instauración de la administración electrónica en zonas con conexión de Internet a pedales y la puesta en marcha de legislaciones como la nueva Ley de Contratos Públicos, cuya aplicación estricta requiere, en muchos casos, de personal con capacitaciones muy alejadas de las que disponen los consistorios más humildes y el consecuente esfuerzo económico añadido que supone adquirirlas. En definitiva, la intención es que estos pueblos no puedan acceder, ni tan siquiera, a las migajas.

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