La Comisión del olvido

Por David Sierra

“Si quieres que algo sea hecho nombra un responsable, si quieres que algo se demore eternamente nombra una comisión”. Esta célebre frase atribuida a Napoleón Bonaparte ha tomado rabiosa actualidad en nuestros días cuando ante cualquier situación de conflicto la manera de abordarlo es conformar estos grupos de estudio y/o investigación cuyos resultados, en muchos casos, distan del propósito para el que fueron creados. En Castilla La Mancha, su recién conformada cámara legislativa ha considerado por unanimidad esta vía, a propuesta de Ciudadanos, como la más idónea para abordar la problemática de la despoblación y su análisis.

pueblos

La idea, defendida, por la portavoz de la formación naranja, Carmen Picazo, en las Cortes regionales, tiene como finalidad abordar la situación actual contra la despoblación, señalar sus causas e identificar las políticas públicas para frenar la pérdida de población de los pueblos de la región a partir de la firma de un gran pacto entre las tres formaciones políticas con representación en Toledo. Y como plazo para el desarrollo de todas esas acciones se han marcado un año.

Resulta interesante observar que, a pesar de las múltiples actuaciones que desde los diferentes ámbitos se están llevando a cabo para que la problemática de la despoblación no pierda el interés político que requiere, (una de las más recientes tuvo lugar en Sigüenza y culminó con un decálogo de intervenciones) el asunto se ha convertido en una especie de piedra en el zapato de las administraciones que no saben cómo lidiar con ello, a sabiendas que la única solución pasa por un cambio estructural de la sociedad que, a día de hoy, está muy alejado de producirse.

Escudarse en el estudio del problema para establecer un diagnóstico acertado ha sido, hasta la fecha, la receta empleada ante la ausencia de una estrategia con medidas concretas que, desde todos los ámbitos, pueda establecer el giro social necesario para que las zonas en proceso de desaparición recuperen su vida. En este sentido, el Gobierno de España creó a finales de enero de 2017 el Comisionado frente al Reto Demográfico, un órgano dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, encargado de la elaboración y el desarrollo de esa estrategia a nivel nacional frente al reto demográfico que está a punto de convertirse en realidad y en espera de conformarse en nuevo gobierno de la nación.

Lo que sí saben las comunidades autónomas, y la castellano manchega también, es que Europa está dispuesta a romper la hucha en favor de aquellas zonas del espacio comunitario más deprimidas y, en ese sentido, nuestra región sale beneficiada en tanto que cuenta con territorios dentro de lo que se ha considerado como la ‘Laponia española’ con una disminución poblacional constante y por los que recibirá fondos destinados a su desarrollo. De hecho, la densidad de población de menos de 8 y de 12 habitantes/km2 es el criterio de elegibilidad para 5% del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027 -unos 1.500 millones en España– que el Parlamento Europeo aprobó el 27 de marzo. Que los gobiernos autonómicos dispongan de planes y herramientas específicas en esta materia, o al menos, que parezca que los tienen es determinante a la hora de establecer ese reparto y, en ese sentido, cualquier tipo de comisión u organismo oficial cuenta.

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Sin embargo, de nuevo los fondos públicos que debieran estar ya siendo utilizados para revertir esta situación tienen pinta de volver a perderse en el bosque de la burocracia política e institucional mediante prólogos que, lejos de separar el grano de la paja, eternizan la problemática sin soluciones efectivas y el consecuente despilfarro de dinero público. Y en la comisión propuesta por Ciudadanos para Castilla La Mancha y apoyada por el resto de partidos pinta todo eso.

El problema de la pérdida de población en buena parte de la España interior no radica sólo en la ausencia de apoyo financiero y su solución, por tanto, no está en inyectar más financiación. Es una problemática que requiere, en primer término, un análisis filosófico y de valores que permita poner en cuestión conceptos tales como el de ‘eficiencia’ o ‘estilo y calidad de vida’ tal y como es asumido socialmente hoy día. Y, en segundo término, debiera partir de cuestionar el desarrollo de los modelos de ciudad que tenemos, ensalzando por encima de todo el aspecto de la sostenibilidad. Y quizá en este sentido no está tan alejada la propuesta del Partido Popular de materializar tales cuestiones mediante la creación de una legislación específica o a través de la modificación de las leyes ya existentes en vez de tantas comisiones que llamen al olvido.

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