Luz y taquígrafos

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La concejala de Hacienda, Lucía de Luz. // Foto: web Ayto. Gu.

Por Álvaro Nuño.

Lucía de Luz, flamante concejala de Hacienda del nuevo Equipo de Gobierno del Ayuntamiento capitalino y única superviviente del grupo municipal socialista en el anterior mandato, anunciaba esta semana la decisión de realizar sendas auditorías a los dos patronatos municipales, el de Deportes y el de Cultura, pero centrando claramente el objetivo en este último, donde dicen que existe un informe de la propia Intervención Municipal que “alerta del riesgo de que se hayan producido irregularidades administrativas y constata la existencia de al menos 350.000 euros de facturas deportivas pendientes de pago y sin presupuesto, sobre las que se ha establecido un reparo legal”. Dice De Luz que cumplen además así una de sus principales promesas electorales de los últimos meses.

La edil socialista dice haberse encontrado con “una gestión del señor Eladio Freijo repleta de despilfarro y de procedimientos normativos cuestionables en torno a grandes eventos deportivos, celebrados en muchos casos sin convenios con las federaciones y sin presupuesto suficiente”. Por ejemplo “procedimientos de contrato menor, pudiendo haber incurrido en un fraccionamiento de contratos continuado” -cuando el contrato supera los 18.000 euros que obliga legalmente a sacarlo a concurso, la “trampa” consiste en dividirlo en dos o tres de menor cantidad que se pueden adjudicar directamente como contratos menores pero que unidos, dan el mismo servicio o cubren el mismo trabajo. Hecha la ley, hecha la trampa-; o “la práctica reiterada por la que se iniciaban contratos en papel, sin utilizar la sede electrónica, y por tanto sin poder hacerse la correspondiente retención de crédito que permitiese un abono correcto de la factura”, todo ello en la época de la tan manida administración electrónica y del Perfil del Contratante.

“Por qué Eladio Freijo y Jaime Carnicero decidían seguir gastando dinero sin control” se preguntaba públicamente la concejala de Hacienda, lamentado “la triste herencia” recibida, con 350.000 euros en facturas pendientes de pago para las que no hay presupuesto y sobre las que pesa ya un reparo legal. “Son 350.000 euros hoy, pero mañana serán más porque siguen llegando facturas”, anuncia.

No pasaban 24 horas de estas graves acusaciones cuando los dos ex responsables de ambos patronatos, los concejales populares Armengol Engonga y Eladio Freijo, salían a la palestra a dar sus propias explicaciones al respecto afirmando que no se les va a auditar a ellos sino que “lo van a hacer a los funcionarios del Ayuntamiento porque, todos y cada uno de los proyectos que se llevan a cabo en el Consistorio, cuentan siempre con el visto bueno de los técnicos municipales”, finalizando el procedimiento siempre con el ok del interventor -el mismo que ahora informa de esas supuestas “irregularidades administrativas”-. Y sobre esos 350.000 euros en facturas sin presupuesto, Freijo intentaba aclarar que el gasto en muchas ocasiones se va adecuando a las necesidades y que  “no se puede hacer el cien por cien de un presupuesto exacto ya que muchos son gastos corrientes” -como la luz o el gas- pero que finalmente, “todas las facturas se justifican”. También achacaba el ex edil de Deportes esos posibles desajustes a que en 2019 se funciona todavía con un presupuesto prorrogado de 2018, por lo que no puede prever gastos de nuevas instalaciones, por ejemplo.

“No asusten a la gente” y no quieran “estrangular el deporte”, finalizaba Freijo defendiendo la política de grandes eventos deportivos llevada a cabo por el PP y que, según sus cálculos, generaron un retorno de más de diez millones de euros a la ciudad a los que habrá que sumar uno más con las pernoctaciones previstas con motivo de los eventos ya programados y que quedan por celebrarse, como la Supercopa de España de Fútbol Sala, o la llegada de la Vuelta Ciclista a España.

Está claro que uno de los primeros torpedos que ha lanzado el Partido Socialista va dirigido a la línea de flotación del buque insignia de la política del Partido Popular, su gestión deportiva, con la capitalidad de Ciudad Europea del Deporte conseguida en 2018 como bandera. Esto ya se venía avisando desde hace meses, con múltiples críticas desde la oposición pero siempre cuidando mucho las palabras ante la evidencia del éxito de imagen de la capital como gran polo deportivo nacional e internacional. Pero también es cierto que de esta gestión, el anterior Equipo de Gobierno nunca dio muchos detalles de cuánto le estaba costando todo el circo a los ciudadanos. Carencia de medios y de personal en la gestión diaria del Patronato, retraso en la concesión de ayudas a los clubes y abandono del fomento del deporte base fueron criticados también por los tres grupos políticos de la oposición el pasado mandato, incluido Ciudadanos, que mantenía al propio PP en el Gobierno y que acabó negándose a ampliar la partida de Deportes en 2018 solicitada por el concejal y la de los presupuestos de 2019, que finalmente no llegaron a aprobarse.

Uno de los temas pendientes que no ha aclarado la concejala de Hacienda es si estas auditorías serán internas -realizadas por los propios funcionarios municipales- o externas, contratando a algún ente o empresa que indague en las cuentas de estos organismos autónomos del Ayuntamiento. Evidentemente, en este proceso tiene que primar la objetividad, la transparecia y la publicidad. “Luz y taquígrafos” como dijo la concejala y se viene reclamando desde hace meses. En este sentido, debería empezarse por hacerse públicos tanto los informes positivos que dicen tener los anteriores responsables políticos, como los negativos que se esgrimen ahora. Si fueron redactados por los mismos funcionarios, en principio parece plantearse una incongruencia o bien algún error por parte de los propios técnicos. Y si es así, ¿se asumirá ese error técnico en una supuesta auditoría interna por parte de las propias personas que lo pudieron cometer?

En el caso de la opción de la auditoría externa, el concejal de Unidas Podemos, José Morales, ya ha propuesto que sea el Tribunal de Cuentas –que ya le dio un serio correctivo al Ayuntamiento hace ahora un año– quien lleve a cabo esa necesaria fiscalización y no una empresa privada, que tenga acceso a cuestas públicas y sobre la que además siempre pesará la sospecha de falta de imparcialidad y de realizar informes a la carta.

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