Infantado, instituciones y la necesaria participación ciudadana

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La Duquesa del Infantado y el Ministro de Cultura firmando el acuerdo. // Foto: JCCM

Por Pablo Manuel Simón Tejera (*)

Desde hace unos años, la ciudadanía de Guadalajara se ha movilizado en defensa de su patrimonio histórico y cultural, con el objetivo de garantizar que el Palacio del Infantado mantenga su destino como bien de uso público y para el disfrute todas y todos. He tenido la oportunidad de constatarlo, y a su vez, de ser partícipe del movimiento ciudadano, colaborando jurídicamente con la Plataforma Abraza el Infantado e interviniendo como letrado en defensa de la legalidad urbanística frente a las pretensiones del Ministerio y de la Duquesa del Infantado de destinar una parte del Palacio al uso y disfrute particular de la familia aristócrata.

Vivimos en un estado de derecho, y desde luego hemos de confiar en las instituciones y poderes públicos. Es un hecho del que debemos partir al realizar cualquier análisis del caso. Sin embargo, ello no debe impedirnos examinar lo acontecido desde una perspectiva crítica que nos permita, como sociedad, corregir errores y desterrar, de futuro, todo vestigio de trato desigual o privilegiado.

Resulta comprensible que quienes se consideraban titulares de un derecho sobre el inmueble exigiesen a la Administración el cumplimiento del acuerdo de cesión. Así lo hizo el anterior Duque del Infantado. Hasta aquí todo normal. Cabe preguntarse, sin embargo, si frente a una pretensión privada de esta naturaleza, los Poderes Públicos reaccionan habitualmente como lo han hecho con la demanda del Duque del Infantado. Desde mi experiencia en ámbitos administrativos y judiciales la respuesta debe ser negativa.

No fue normal, de partida, que el Ministerio no articulase en el litigio civil una defensa más aguerrida – como por otro lado hace frente a cualquier pequeña pretensión planteada por cualquier persona-, mediante la llamada e intervención en el procedimiento del resto de Administraciones implicadas que bien podían haber defendido la incompatibilidad del uso privado pretendido con el vigente uso público y cultural del edificio.

Tampoco fue normal que no se planteasen las innumerables dudas jurídicas acerca de la legitimación del Duque demandante, naturaleza del derecho, su más que posible extinción -sea por muerte del primer duque, sea por trascurso de 30 años desde su concesión-, y en todo caso, sobre las fórmulas de ejecución del Acuerdo.

No fue normal, porque no es habitual, que la Sentencia de 2009 no se recurriese ante la Audiencia Provincial a la vista de las más que evidentes dudas acerca de la legalidad de la pretensión del Duque. Cualquier operador jurídico que conozca los litigios contra Administraciones públicas sabe que es frecuente que los servicios jurídicos de estas Entidades agoten los recursos ordinarios.

Y no es habitual que, sin que a ello se refiriese el fallo de la Sentencia judicial, la Administración Estatal entendiese o interpretase que la cesión del espacio pasase necesariamente por la ejecución de una reforma de casi 500.000 euros a costa del erario público.

La postura del Ayuntamiento de Guadalajara ha resultado aparentemente más firme al determinar que el uso residencial pretendido por el binomio Ministerio/Duque no se ajusta a la norma urbanística, denegando así la licencia. Tengo la sensación, no obstante, de que la presión ciudadana ya existente en el momento en que resolvió la Entidad Local jugó un papel muy importante en la escrupulosa intervención municipal.

Esta presión de la ciudadanía se ha materializado, además, con la personación de un colectivo de personas integrantes de la Plataforma Abraza el Infantado en el procedimiento contencioso-administrativo promovido por el Ministerio primero, y por la Duquesa después, contra el acto de denegación de la licencia. La defensa de la legalidad urbanística es pública y, por tanto, la ciudadanía no ha dejado en manos de las Administraciones la resolución de la cuestión. Debo reseñar que he echado de menos una mayor implicación institucional de la Administración que gestiona y da uso actualmente el Edificio, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

También ha sido peculiar la solución dada al conflicto. El acuerdo al que al parecer han llegado Ministerio y Duquesa, cuyos términos se desconocen por el momento más allá de las notas de prensa, es sin duda una buena noticia, en tanto que garantiza el uso público de nuestro Palacio.

Pero también aquí asoman dudas acerca del trato conferido a quien ahora ostenta el título nobiliario. Habrá que verificar, mediante el ejercicio de los derechos que nos confiere la Ley de Transparencia, si la valoración de la cuantiosa indemnización otorgada de 853.000 euros responde al valor real del derecho de uso de la Duquesa. Y habrá que verificar por qué se llega ahora a este acuerdo, cuando la posición jurídica de la Duquesa es más débil.

Dicho de otra forma, si al final era previsible que se determinase la imposibilidad de ejecutar la Sentencia de 2009 por razones urbanísticas, y el derecho de uso se traduce en un derecho a ser indemnizado, correspondería a la Duquesa pelear su derecho frente a la Administración a través de los cauces administrativos y judiciales pertinentes, como a todo ciudadano o ciudadana. De nuevo, no es normal que se facilite o allane tan complejo trámite.

La enseñanza que extraemos es clara. El tratamiento del conflicto por parte de las Administraciones Públicas dista mucho de haber sido normal, y en los casos en que sí lo ha sido, la presión y la estrecha vigilancia de las vecinas y vecinos de Guadalajara ha resultado esencial. Aunque el uso público del Palacio se haya salvado, queda por hacer.

Foto pablo manuel simon tejera* Pablo Manuel Simón Tejera es abogado y antropólogo. Letrado de los Servicios de CCOO en Castilla La Mancha y especializado en Derecho Administrativo. Murciano, reside en Guadalajara desde el año 2013.

 

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