Por David Sierra
Mientras en la ciudad del Doncel tenía lugar recientemente un nuevo encuentro sobre despoblación con ponencias y mesas redondas en las que figuraban ya personalidades contrastadas relacionadas con este asunto y políticos de turno, en un pequeño municipio de nuestra provincia uno de sus vecinos volvía a maldecir, por enésima vez, a la compañía telefónica con la que había contratado el servicio de Internet. De nuevo la red volvía a fallar y le impedía comunicarse. Frustrado, tras conversar con un operador sin que le solucionara el problema, y harto de pagar mucho más por un servicio peor que el que recibe un ciudadano de la gran ciudad, meditaba en voz alta que “esto es como si las autopistas no tuvieran peaje y a nosotros nos pusieran uno por ir por estas carreteras”. Se refería a la pequeña carreterilla a medio parchear que une el pueblo con la vía comarcal.
El vicepresidente de la JCCM, José Luis Martínez Guijarro durante su intervención en Sigüenza.
En Sigüenza, en el marco de ese congreso monográfico sobre los pueblos sin gente, volvieron a relucir de nuevo buena parte de las deficiencias que existen en el medio rural, más aún cuando se compara en servicios con el urbano. Una vez más, y ya han sido varias, quienes deben escuchar se alzaron en la intervención y tomaron la palabra para la promoción de unas acciones que, de momento, son voluntades muy alejadas de disponer de planificación y, ni por asomo, de partidas presupuestarias concretas.
En la zona de butacas, unas pocas acogían a un puñado de interesados en la materia por ser testigos a diario y en primera persona. A la vez que los decálogos de actuaciones recuperaban el vigor de hace unos meses, cuando fueron suscritos en acuerdo sin compromiso con los dedos cruzados, los intereses del personal circulaba por otros relatos. Porque si hay algo que está poniendo en evidencia tanta concentración de conferenciantes en torno a la despoblación es la ineficacia de las administraciones para gestionar unos fondos que deberían haber sido utilizados, desde hace ya mucho tiempo, a paliar la situación que ahora se torna como asunto de primer orden en la agenda política y pública.
Y así, desde el estrado se postula, por ejemplo, un cambio en la fiscalidad como aliciente para repoblar nuestros pueblos, mientras que desde la platea cuestionan el poder omnipotente de las confederaciones hidrográficas con decisiones que impiden cualquier desarrollo. De nuevo vuelve a suceder que los caminos entre quienes habitan el entorno rural y quienes se apuntan las medallas para su resurgimiento son opuestos. Y se abre la puerta a cuestionar si será conveniente destinar un nuevo esfuerzo a un reto para el que no sólo es necesario un pacto de Estado, sino todo un cambio de modelo en la configuración vertebracional del territorio.
En buena medida, el fenómeno de la ‘despoblación’ tiene un fuerte paralelismo con el del ‘cambio climático’ y la manera en el que ambos han ido evolucionando en el debate público. Si bien estas dos corrientes no surgen ahora, es en este momento cuando la población ha comenzado a preocuparse, en parte condicionada por los acontecimientos de la última década y la crisis económica de fondo.
A pesar de que la despoblación en una vasta extensión del territorio tiene su origen en la industrialización de las ciudades y, por tanto, la necesidad de mano de obra y la cada vez mayor mecanización del mundo agrario junto con otros factores que no pueden obviarse como los ambiciosos procesos de escolarización, el asunto no se ha abordado hasta que muchos de los que abandonaron el terruño entonces han regresado en la última etapa de su vida, comprobando ‘in situ’ que el pueblo que dejaron ya no es el que recordaban de su infancia. Fueron una especie de negacionistas que, en muchos de los casos, rompieron durante años sus lazos con estos lugares que consideraban de una posición menor y secundaria, reencontrándolo de nuevo como refugio cuando la vida se apaga o vienen mal dadas. Ni que decir tiene, que el ‘cambio climático’ ha sido rechazado hasta la saciedad por algunos de los círculos más ultraconservadores que veían en el movimiento un ataque a determinados intereses económicos y comerciales. Esa confrontación ha mitigado las alertas y silenciado las consecuencias.
Otro punto coincidente lo encontramos en el despilfarro de fondos públicos. Aunque los movimientos ecologistas llevan décadas advirtiendo de los peligros que acarreaban los desmanes medioambientales y, aunque en algunos casos, se han elaborado legislaciones para su regulación y creado incluso carteras ministeriales específicas, lo cierto es que su aplicación ha sido muy deficiente en España donde aún hoy día existen municipios que vierten sus aguas sin depurar y los porcentajes en el reciclado de residuos y en su concienciación siguen siendo muy tenues. Y todo ello a pesar de las inversiones que se han llevado a cabo con fondos públicos procedentes de todas las administraciones. En el mismo sentido centrado en la despoblación, los investigadores Fernando Collantes y Vicente Pinilla sostienen en un artículo publicado en el blog Nadaesgratis.com que “La Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural,(…), ha sido objeto de una lamentable falta de aplicación. Nuestras Comunidades Autónomas, por su parte, han utilizado una y otra vez los fondos europeos de desarrollo rural para redoblar las subvenciones percibidas por los agricultores, lo cual es válido para Bruselas pero manifiestamente erróneo si el objetivo es fomentar un desarrollo genuino (sectorialmente diversificado) de la economía rural. Tampoco hemos sido capaces de aprovechar la oportunidad que planteó la incorporación de LEADER a la Política Agraria Común para fomentar un modo de gobernanza basado en las iniciativas y proyectos de las poblaciones locales, que remplace así a la dudosamente eficaz ingeniería social desde arriba”.
La ausencia de políticas transversales es similar en ambos problemas. Revertir el cambio climático requiere acciones en todos los ámbitos y supone modificar incluso los estilos de vida. Y, por supuesto, acuerdos de Estado para evitar bandazos en las políticas a aplicar. Los encuentros sobre la despoblación celebrados hasta la fecha coinciden en esta materia y sostienen que para que las actuaciones sean efectivas es necesario que abarquen todos los ámbitos. Sin embargo, a pesar de que son varias las Comunidades Autónomas que están desarrollando legislaciones específicas sobre despoblación, entre ellas Castilla La Mancha, lo cierto es que estas normativas responden más a la intuición de disponer de los mecanismos necesarios para acaparar los fondos que, presumiblemente, se van a dirigir desde otros ámbitos administrativos a paliar esta cuestión; más que a diseñar modelos de aplicación eficientes y certeros que promuevan ese cambio social. Para entendernos, no se trata de gastar los recursos en reparar, por ejemplo, las carreteras de los pueblos, sino de establecer qué modelo de ordenación del territorio es el más adecuado para promover esos cambios.
Por último, y quizá sea una coincidencia pero, sin duda alguna, la concienciación tanto por el cambio climático a nivel mundial como por la despoblación a nivel local vienen determinados por una fuerte crisis económica que ha puesto hacia abajo y en cuestión todos los patrones que, hasta la fecha, han regido nuestras vidas. Los movimientos ciudadanos, apoyados en la fuerza de las redes sociales, han tomado la fuerza suficiente para introducir sus demandas en el debate político e influir como auténticos lobbies en las decisiones de los representantes públicos.
A ambos asuntos se les acaba el tiempo. Sin embargo, la problemática sobre el cambio climático y su resolución cuenta con la esperanza de haber sensibilizado a la juventud y las nuevas generaciones que tomarán las riendas en el futuro con esta preocupación entre manos. El reto de la repoblación, por el contrario, se ha convertido en el callo en los pies del anciano que ve cómo crece y no alcanza a limarlo.
El hexágono de Guadalajara 