Por David Sierra
Mientras la mayor parte de la población está – estamos – concentrados en combatir la pandemia de coronavirus, cada uno con su aportación particular en función de la posición en la que le ha tocado vivir esta situación, en el Partido Popular de Guadalajara y de Castilla La Mancha siguen emperrados en exigir responsabilidades ante un asunto que, ni tan siquiera, ha concluido.
Que la Cámara parlamentaria regional haya modificado su actividad en función de los acontecimientos para que el ejecutivo autonómico pueda volcar todas sus fuerzas en darle la vuelta a este acontecimiento no es lo primordial para el grupo parlamentario del Partido Popular que, en su opinión, debería estar dando explicaciones en el pleno, mientras el resto de ciudadanos permanecen confinados en sus domicilios cumpliendo la medida más eficaz, hasta el momento, para debilitar la epidemia.
Ana Guarinos, presidenta del Partido Popular en Guadalajara.
Decía la parlamentaria alcarreña, Ana Guarinos, en nota de prensa reciente que «García-Page debe explicarnos a todos los castellanomanchegos las medidas adoptadas y el resultado de su gestión, así como las medidas económicas y sociales que tiene previsto poner en marcha de cara al futuro». Pedía cuentas de una gestión que, día tras día, requiere nuevas decisiones en respuesa a la evolución, con mucha cautela, de los acontecimientos. Y cuando aún no hemos superado lo que los expertos apuntan como la “conversión de la curva”, la máxima preocupación del principal partido de la oposición son las medidas económicas y sociales, algo que a primera vista requerirá un análisis mucho más profundo, sosegado y homogéneo con el resto de iniciativas que puedan desarrollar el resto de administraciones, el propio Estado y la Unión Europea.
Guarinos olvida, o no quiere recordar, que fue su compañera y presidenta de la región durante cuatro años, María Dolores de Cospedal, con la mano ejecutora de José Ignacio Echániz, la que otorgó una estocada casi mortal a la sanidad castellano manchega con la paralización de proyectos tan importantes como necesarios tal como la ampliación del hospital de Guadalajara que, si estuviera funcionando en estos momentos, supondría un alivio más ante esta crisis. Tampoco recuerda el recorte de sanitarios o el simple hecho de reducir las plantillas de profesionales médicos al mínimo, tratando de impedir la reposición de las jubilaciones con nuevas plazas y derivando a buena parte de los enfermos a la sanidad privada madrileña.
La diputada regional obvia también en su discurso el desmantelamiento de los servicios sociales que hubo en la región durante la etapa de gobierno de su partido con el despido de más de 34.000 profesionales encargados de la atención de niños, adolescentes, enfermos y dependientes tal y como denunció en su día el Colegio Oficial de Trabajo Social.
A nadie se le escapa que el tiempo de pedir responsabilidades llegará. También para el PP. Que el Ejecutivo de Emiliano García Page deberá ofrecer respuestas convincentes al Parlamento regional y a los ciudadanos sobre los medios materiales, los recursos humanos y las decisiones tomadas en cada momento para paliar esta crisis sanitaria en su ámbito de competencia. Le pedirán cuentas sobre, por ejemplo, la situación de las residencias en la región o sobre la insuficiencia de equipos e incluso sobre las relaciones comerciales que una administración como ésta debe promover con los sectores farmacéuticos y sanitarios de cara a urgencias futuras. Y está en la obligación del Partido Popular como en el resto de formaciones políticas el llevar a cabo ese control y critica.
Sin embargo, el momento requiere un esfuerzo unánime de apoyo a quienes tienen la responsabilidad de lidiar con esta complicada situación por la que a ningún representante público le gustaría pasar. Es hora, y especialmente importante, que las aportaciones hechas desde la política sirvan para sumar porque, por una vez, el rival no se encuentra en la bancada de enfrente, sino en el ambiente.
El hexágono de Guadalajara 