Los últimos vecinos del Fuerte (I)

Fuerte 1

Viviendas del Fuerte de San Francisco // Foto: ANP

Por Álvaro Nuño.

Último sábado de primavera. En un mediodía caluroso, las calles y plazas del Fuerte de San Francisco parecen estar tan abandonadas como los propios edificios de esta antigua instalación militar, con esa atmósfera caduca y destartalada que ha servido de plató para series de televisión ambientadas en la primera mitad del siglo pasado. Pero El Fuerte no está tan abandonado como parece. De hecho, al menos una quincena de familias vive allí habitualmente, muchas desde hace más de medio siglo, cuando funcionaba el Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros (TYCE), dependiente del Ministerio de Defensa, y alguno de sus miembros era trabajador civil o militar en esas instalaciones.

Poco hay que esperar para ver a algunos de estas personas deambulando por sus calles. La hora de la comida se acerca y un hombre aparece con una barra de pan debajo del brazo. Es uno de estos últimos vecinos de El Fuerte. Vive en una de las casas que hay frente al Espacio TYCE -una sala de conciertos de titularidad municipal actualmente cerrada- y otra nave utilizada por la contrata municipal de Limpieza: Dice no ser de Guadalajara y que la casa es de su pareja. En otro momento, un joven con camiseta del Ejército de Tierra aparca su vehículo en la calle Irlanda y abre una de las naves aparentemente abandonadas. Algunos vecinos la utilizan de trastero y dentro se pueden ver herramientas y bicicletas. Según se camina por la calle se ven algunas de las ventanas de las viviendas abiertas y ruidos en su interior. Al otro lado, separados de la calle por una reja con un cartel de “Prohibido el paso”, un grupo de vecinas charlan sentadas alrededor de una mesa en el exterior de las viviendas, al lado de una pequeña piscina desmontable. Entramos acompañados del joven que dice vivir con sus padres que no están en ese momento. Nadie quiere hablar, dar sus nombres ni que saquemos fotografías de sus viviendas, algunas de ellas con sábanas tendidas tapando parcialmente sus fachadas.

Es una hilera de doce viviendas de las que al menos once siguen habitadas, a las que hay que sumar una más junto a unas pistas deportivas que hay al fondo del parque de San Francisco, lindando ya con la Piscina Municipal de San Roque, y al menos cuatro dentro del convento de San Francisco, con entrada por la calle Portugal. Allí, otro hombre aparca su coche y mientras no deja de hablar por el móvil abre con su llave una reja en la que se ve el cartel de “Vigilancia 24 horas”. En la puerta hay cuatro buzones y junto a él un contenedor municipal de basura con bolsas en su interior. La tranquilidad del barrio solo se ve alterada por un grupo de turistas que unos metros más abajo atienden las explicaciones de la guía turística que les muestra la iglesia de San Francisco, contando la historia del monumento antes de visitar su interior y bajar a la cripta de los Mendoza.

“Yo llevo allí desde hace 52 años, uno menos que su marido, que vive aquí desde que entró a trabajar como aprendiz en el TYCE con 16 años. Ahora tiene 79″, nos informa la única vecina del Fuerte que ha accedido a hablar con nosotros. Explica que hay dos tipos de viviendas, las de las casas de los oficiales, que eran más grandes y dan a la calle del Espacio TYCE, y las de los trabajadores, más modestas, que dan a las pistas deportivas. Pero tampoco se conserva la división interna original y algunos inquilinos han cogido habitaciones de las casas colindantes cambiando tabiques y abriendo puertas para agrandar las viviendas. La mayoría de ellos son hijos de antiguos trabajadores, pero también hay casos de personas que ocupan estas viviendas sin ningún vínculo anterior, afirma esta veterana vecina, buena conocedora de la comunidad.

“Las casas están muy viejas y allí algún día vamos a tener un disgusto. Los tejados están curvados, los techos se mueven, hay grietas desde hace años que empezaron a salir, los azulejos se caen; al vecino de al lado de mi portal se le ha bajado el suelo una cuarta para abajo, en fin…” nos describe anhelando los tiempos en que el Fuerte estaba en funcionamiento: “Aquí había de todo, carpintero, albañil, fontanero, y cualquier cosa que te pasaba, te lo arreglaban,  pero ahora todo el mundo estamos aguantando”. En teoría, según se iban jubilando o rompiendo su relación laboral, los trabajadores debían abandonar sus viviendas, más si tenemos en cuenta que el TYCE cerró a finales del siglo XX, hace ya dos décadas.

De militar a civil

José María Bris era por entonces alcalde de la ciudad; recuerda como en 1998 el Ministerio de Defensa anuncio que el TYCE cerraba. “En las primeras reuniones que empezamos a tener en el Ministerio en Madrid, nunca hablamos de que la gente tuviera que abandonar el Fuerte, se centraron en que los trabajadores se quedaran en Guadalajara y que se despidiera a los mínimos posibles. Y eso se consiguió”. Mariano del Castillo fue representante de los trabajadores en la Junta de Desmantelamiento del TYCE y confirma los recuerdos de Bris: “En principio nos lo pusieron muy mal porque nos teníamos que ir todos a Madrid, pero al final conseguimos que todos se quedaran en Guadalajara”. De sus 150 trabajadores, “la mayoría fueron al Parque de Ingenieros de la carretera de Cabanillas, algunos al CEAR de El Sotillo, al Archivo Militar y al colegio María Cristina”, entonces también de titularidad castrense.

Bris recuerda también como, con la presencia del Ministro de Defensa, Pedro Morenés, la bandera del Fuerte se arrió un 31 de diciembre de 1998 “en un acto íntimo y con mucha tristeza”. La instalación quedaba oficialmente “desafectada”, es decir que dejaba de tener interés para la defensa del país. Dos años más tarde, en diciembre de 1999, el Ministerio cedió la iglesia al Ayuntamiento durante 5 años, pero este sólo la mantuvo un día porque el 1 de enero de 2000, el Consistorio se la cedió a su vez al Obispado para restablecer el culto. La cesión definitiva de todo el Fuerte se demoraría hasta el 21 de diciembre de 2002, según el primer edil popular. Tampoco entonces “en ningún momento se habló de que esos vecinos abandonarán El Fuerte ni se firmó en ningún sitio”. “En la negociación de cierre nunca se habló de eso con el Ministerio porque eso era cuestión del Invied, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa“, añade Del Castillo. Hemos intentado ponernos en contacto con este organismo, así como con el propio Ministerio de Defensa, sin ningún éxito.

“A los vecinos nunca nos han informado de nada -confirma una de ellos-. A los obreros sí les reunieron y les dijeron: señores dentro de un año esto se cerrará. Pero con los vecinos no ha habido ni una reunión ni una conversación con nadie”. “Algunos incluso se habían jubilado antes de que cerrará el Fuerte, Recibieron hasta tres cartas diciéndoles que tenían que abandonar las viviendas en un periodo de seis meses, pero recularon recularon y aguantaron”. Y transcurridos veinte años allí siguen. “Yo he preguntado a un alcalde y a otro y nadie me ha dicho nada. ¿A ti te han echado fuera? me dicen. A mí no, contesto. Pues tú sigue ahí”, sentencia.

Bris recuerda que a primeros de siglo se tuvo alguna reunión con los vecinos, “y les dijimos que estuvieran tranquilos, que nosotros no íbamos a echar a nadie y que ya veríamos la solución que se podía adoptar”. También Mariano Del Castillo, en su doble condición de extrabajador del Fuerte y concejal mantuvo contactos en su etapa en el Ayuntamiento con un abogado de Anumvimde, la Asociación Nacional de Compradores y Usuaros de Viviendas del Ministerio de Defensa, un colectivo parece que hoy desaparecido.

Todavía con José María Bris en la alcaldía y José Bono como presidente de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades declaró la operación del Fuerte de San Francisco como Proyecto de Singular Interés (PSI) en abril de 2003. Lo que para el popular fue “una cacicada absoluta y una injerencia en la autonomía municipal”, para su sucesor en el cargo, el socialista Jesús Alique fue, sin embargo la oposición a una “enajenación onerosa, es decir, un concurso púbico y al mejor postor, un pelotazo urbanístico” por parte del Ministerio de Defensa de Federico Trillo. “Con el PSI, se impuso que todo lo que se construyera en suelo público debía tener algún tipo de protección”, evitándose la “especulación” de los terrenos donde se construirían finalmente 1.004 viviendas en los antiguos terrenos de titularidad militar.

Según Alique, las negociaciones entre el Ayuntamiento de Bris y el Ministerio de Trillo para la construcción de las viviendas y la cesión de los equipamiento nunca llegó a materializarse hasta el 3 de diciembre de 2004 en que se firmó a tres bandas entre el ya Ministro de Defensa José Bono, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y el propio Alique como primer edil: “Ese día de materializó una reivindicación histórica de la ciudad, que era recuperar un enclave histórico y para construir viviendas de protección pública”. Recuerda que, en ese mismo acto, celebrado en la iglesia de El Fuerte, ya “el Ministerio, como propietario, se comprometió a resolver la situación de esas personas y dejar todas las edificaciones libre de cargas, porque tampoco se tenía claro si iban a mantener el uso como viviendas como futuras instalaciones municipales”. Pero el Ministerio nunca resolvió el asunto. Lo que también tiene claro el edil socialista es que esas viviendas, como el resto de instalaciones, son “propiedad de la Junta, y el Ayuntamiento no las adquiere hasta que la Junta no lo haya rehabilitado, como si ocurrió con el Espacio TYCE”, la sala de conciertos ahora cerrada y cuya cesión firmó el hoy presidente Emiliano García Page, en su cargo entonces de Consejero de Juventud de Castilla-La Mancha.

“La titularidad es de la Junta, lo dice Alique, lo digo yo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) y el Tribunal Supremo”, añade Jaime Carnicero, hoy portavoz del PP en la oposición y concejal de Urbanismo hasta 2019, quien recuerda que el 22 de diciembre de 2010 se firmó una prórroga de cuatro años a ese convenio que a día de hoy, no se ha materializado. “Una vez que finaliza esa ampliación, el Ayuntamiento insta a la Junta a cumplir con la rehabilitación de las naves del Fuerte, cosa que no se hace en ningún momento. Se le hizo un requerimiento final en 2015 y como la Junta no contestaba, el Ayuntamiento se vio obligado a acudir a la Justicia para que se cumpliera”. El TSJCLM dictaminó el 11 de septiembre de 2017 a favor del Ayuntamiento “la obligación de la Administración (regional) de concluir la actuación urbanística en su condición de promotor con el acuerdo suscrito el 22 de diciembre”. “Lo que dice es que usted (La Junta) se ha comprometido con la ciudad de Guadalajara a que ese dinero que ha conseguido gracias a la comercialización de esas parcelas -estamos hablando de más de 22 millones de euros- tendría que reinvertirse”.

La propia Junta alegó en un principio que correspondería al Ayuntamiento como titular de los terrenos ejercitar las acciones oportunas para recuperar la posesión de los mismos y reclamar al Ministerio de Defensa los daños y perjuicios, y que era el Ayuntamiento quien estaba obligado a hacer un realojo de las viviendas “y lo que dice la sentencia es que eso le corresponde a la propia Junta”. A juicio del tribunal, “todos los argumentos que se desbrozan por parte de la administración regional carecen de suficiente justificación y razón para desestimarlos como motivos de oposición”. Esta sentencia fue recurrida por la Junta ante el Tribunal Supremo “y dijo que no concurrían los criterios mínimos para ser valorada”, recuerda el edil popular.

El próximo viernes, “Los últimos vecinos del Fuerte” (II)

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