Los últimos vecinos del Fuerte (II)

Portal de acceso a las viviendas que ocupan el antiguo convento de San Francisco. // Foto: ANP

Por Álvaro Nuño.

Los últimos vecinos del Fuerte (I)

A pesar de las difíciles condiciones de habitabilidad que sufren esas viviendas por su antigüedad, no se puede obviar su privilegiada ubicación en pleno centro de Guadalajara, así como por otro detalle que no pasará desapercibido para el resto de vecinos de la ciudad que pagan religiosamente su alquiler o su hipoteca. Al parecer, a estos vecinos vivir allí no les cuesta absolutamente nada. Desde que el Ministerio de Defensa dejó de ser el titular de las viviendas hace dos décadas, estas familias no pagan alquiler ni contribución de ningún tipo, incluso ni luz ni agua. “Si te digo de verdad, allí no pagamos nada” afirma la más veterana de ellas -cuyo nombre nos ha pedido que no aparezca en este reportaje-. La preguntamos que quién paga entonces esos suministros: “Yo que sé. Ni lo sé ni me lo dicen”, contesta. Pero añade que, en su caso, guarda hasta el último recibo de cuando pagaban al Ministerio de Defensa por ocupar esas viviendas desde que el TYCE cerró. “Yo fui a los juzgados a abrir una cuenta judicial para seguir pagando lo que pagaba y aumentando cada año lo que correspondiera, y me dijeron que como no era la propietaria, no me lo podían hacer”. Incluso lo expuso en una Junta de Vecinos, pero su propuesta no tuvo éxito entre la comunidad.

Pero Mariano Del Castillo, -concejal del Equipo de Gobierno del PP entre 2007 y 2015- sí lo sabe: “Ante la inacción de la Junta, el Ayuntamiento se estaba haciendo cargo de algunas cosas, pagando la luz y el agua que subía desde el parque de San Francisco y algunas veces se estropeaba y la teníamos que arreglar nosotros. Incluso el recibo de basura. No les cuesta nada, ni luz ni agua, ni contribución, ni nada”. Su compañero de partido y después concejal de Urbanismo hasta 2019, Jaime Carnicero, confirma que el Consistorio se lleva haciendo cargo de estos suministros desde hace 20 años: “El suelo, por ejemplo, es radiante, toda la calefacción es radiante y eso lo paga el Ayuntamiento; ellos no están pagando ningún suministro, ni luz ni agua”, pero no puede explicar la razón más allá de “porque tú no puedes cortarles la luz y el agua porque te dé la gana, con la edad de esas personas”. Este hecho, sin embargo, deja “bastante sorprendida” a la actual teniente de alcalde, Sara Simón que no puede confirmar ni desmentir este aspecto: “No podría dar esta información, pero lo dudo mucho, de manera irregular entiendo y ¿por qué se hace con ellos y no con otros? ¿Y en concepto de qué se paga la luz de aquello?”, se pregunta ella misma sin encontrar respuesta aunque prometiendo buscarla.

Nos preguntamos también cuál es el futuro que les depara a estas quince familias, habitantes de unas instalaciones propiedad ahora de la Junta pero sobre las que existe un plan para su rehabilitación y puesta a disposición del Ayuntamiento desde hace años y que, en un principio, parece incompatible con su actual uso residencial.

Parece que eso no va a ocurrir de hoy para mañana oyendo al delegado de la Junta en Guadalajara, el socialista Eusebio Robles: “Este es un tema que a corto plazo no nos preocupa y creo que esto se va a ir a más largo plazo”. La ausencia de premura por parte de la Junta viene motivada por una “redefinición” que se plantean del proyecto del Fuerte los actuales gestores tanto de esta administración como el propio Ayuntamiento: Nos hemos reunido ya un par de veces con el Ayuntamiento de Guadalajara buscando redefinir el proyecto del Fuerte porque queremos que signifique algo para Guadalajara, que sea un proyecto que marque ciudad. No podemos invertir una gran cantidad de dinero para que luego tengamos edificios infrautilizados o directamente no utilizados como ha pasado en algunos casos. No vamos a empezar la casa por el tejado” dice Roblés.

Su compañera de partido en el Ayuntamiento capitalino coincide con el delegado de la Junta en esta etapa de redefinición del proyecto: “Somos muy conscientes de que esa sentencia –la que obliga a la administración regional a rehabilitar todo el conjunto con el dinero conseguido por la construcción de las 1.004 viviendas y cederle después la propiedad al municipio- hay que cumplirla, pero también es cierto que los usos que se plantearon hace diez años están bastante obsoletos”. “Lo que no queremos es que pase lo que con el Espacio TYCE, un espacio maravilloso que se rehabilitó y que después ha estado cerrado años y años, y a día de hoy no puede tener una actividad continuada porque no existe personal ni capacidad para hacerlo, aunque ya estamos trabajando en solucionar este problema. Tener un espacio por tenerlo y después que esté cerrado es tirar los fondos públicos a la basura”. Y en este caso calcula que la inversión rondará entre los 20 y 25 millones de euros para todo el conjunto. “Estamos ahora en el punto de ver qué queremos para el Fuerte. Este Equipo de Gobierno tiene ambición e ideas para que sea un núcleo de la cultura y la juventud de la ciudad, pero de manera lógica se puede ir desatascando, en unos plazos razonables y con un proyecto adecuado a la realidad de nuestra ciudad”.

Sobre los futuros usos planificados que afectarían concretamente a estas casas, Jaime Carnicero recuerda que “la idea que nosotros teníamos era hacer viviendas de estudiantes para la universidad, en alquiler o como residencia” y sobre la responsabilidad de la Junta en el mantenimiento hasta el momento de determinar su uso definitivo, apunta que “nosotros iniciamos un procedimiento de ejecución subsidiaria de la ITE (Inspección Técnica de Edificaciones) de los edificios que se estaban cayendo. Con eso te digo todo”. Ese procedimiento parece seguir en marcha por parte del Ayuntamiento capitalino, según dice Simón, que cuenta como en los primeros meses de este año se estuvieron haciendo algunos trabajos de mantenimiento y labores de limpieza: “Yo estuve viendo las naves con responsables de Fomento del Gobierno regional porque tenían que pasar las ITE, pero en todo caso es la Junta quien es la responsable y quien se tiene que hacer cargo de este asunto”. El delegado de la Junta, por su parte, niega esa acusación de dejación de funciones vertida por Carnicero en cuanto a sus obligadas labores de mantenimiento del conjunto, incluidas las viviendas: “Se han hecho reparaciones puntuales en elementos como las cubiertas y también se están realizando estudios en todos los edificios”. En este mismo sentido, también los propios vecinos afirman haber tenido visitas tanto de técnicos de la Junta como del Ayuntamiento a revisar las viviendas. “Han medido hasta el fregadero de la cocina”, dice una de ellas.

Aunque Simón afirma no haber tenido contacto con los vecinos del Fuerte en este año de mandato del PSOE y Ciudadanos, sí dice que el Ayuntamiento es plenamente consciente de su existencia y de su situación, tanto de aquellos que podrían tener “regularizada” su residencia por llevar muchos años viviendo allí desde la época en que eran inquilinos del Ministerio de Defensa, hasta de los que no están ocupando las viviendas en esa situación. De esos otros vecinos sin ese vínculo digamos que “histórico”, el término “okupa” ronda por los pasillos del Ayuntamiento, tanto de anteriores concejales como de algún técnico municipal también consultado, sin que nadie quiera pronunciarlo abiertamente. Incluso Del Castillo piensa que es bueno que estas viviendas hayas permanecido habitadas todo este tiempo porque “el que haya vecinos allí ha servido para que aquello se mantuviese. Si no incluso estarían ocupadas por indigentes o se habrían derruido”.

“La Junta no va a echar absolutamente a nadie”

Preguntamos a la única vecina con la que hemos podido hablar qué piensa del futuro que le depara como habitante del Fuente. “Si me tienen que dar algo, aunque sea una patada en el culo, me lo tienen que decir”, dice muy gráficamente.

Parece que puede estar por el momento tranquila en ese sentido al igual que el resto de sus vecinos según expresa el delegado Robles: “En la política de la Junta en ningún momento está de repente decir del día a la noche que se tienen que ir. La Junta no tiene intención alguna de desahuciar a nadie de los que estén allí sin dar una solución previa. Las personas que están allí pueden estar tranquilas porque no estamos plateando el tener que hacer nada y si hubiera que hacer alguna acción que consideráramos necesaria para la seguridad de la gente se haría con previo aviso, nada precipitado y todo planificado, que es la manera de actuar que estamos llevando en todo”. Y reitera: “En este caso, no vamos a permitir que nadie tenga un problema habitacional porque nosotros ponemos a las personas por encima de todo” afirma Robles recordando incluso la apertura de oficinas antidesahucios por parte de la administración regional: “La Junta no va a echar absolutamente a nadie”.

¿Y qué ocurre con las personas que ocupan, no ya las viviendas, sino que se encuentran dentro del propio convento de San Francisco? Para el exalcalde socialista Jesús Alique, “en un convento no debería haber viviendas porque es un bien de dominio público declarado de Interés Cultural y su uso no es el residencial” según el Plan de Ordenación Municipal. Sobre ese convento, el Ayuntamiento tenía programada su transformación en un centro cultural e incluso la apertura al público de su gran claustro  como conjunto histórico-artístico junto a la iglesia y la cripta, ya visitables. “Si en un determinado momento se planteara que la primera actuación que debemos hacer fuera en el convento, lógicamente empezaríamos a buscar soluciones habitacionales a ese problema que tenemos”, afirma el delegado provincial, quien reconoce que él no ha tenido “ningún contacto con los vecinos en estos meses porque tampoco es un tema que tengamos que resolver en un corto espacio de tiempo”, insiste.

¿Derecho sobre las viviendas de sus ocupantes?

Y sobre si les pudiera asistir algún derecho sobre esas viviendas a sus actuales moradores, Alique, también abogado, cree que “no pueden ser propietarios porque eso es un bien de dominio público que no puedes adquirir con la “usocapio”, es decir por estar 30 años viviendo allí“. “No tiene sentido que haya gente que viva en un lugar público del cual no tiene ningún tipo de propiedad ni contrato de ocupación”. Sin embargo bajo el punto de vista de Carnicero, también letrado, “les asiste un derecho claro por tener una posesión pacífica de un bien inmueble por tantos años como lo tienen y no puede coger la Junta de Comunidades de un día para otro y echarles a la calle sin ningún tipo de indemnización. Eso lo tengo bastante claro”. ¿Cómo se podría definir entonces su actual situación?: “Yo no la definiría como que estuvieran viviendo de una manera irregular. Ellos están viviendo en una situación permitida y consentida por la administración competente sin que hayan tenido ningún tipo de requerimiento para poder interrumpir esa residencia”.

Sea como fuere, con solución habitacional alternativa o indemnización en el horizonte, el futuro de estas quince familias que llevan años ocupando unas viviendas que no son de su propiedad y por las que no pagan nada en pleno centro de la ciudad, dependerá del desarrollo del proyecto del Fuerte de San Francisco que están rediseñando la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de la ciudad. ¿Por cuántos años más?

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