Educación inclusiva, entre la igualdad y la equidad (I)

Por Gloria Magro.

thumbnail (22)

El pasado 19 de noviembre las Cortes aprobaron el anteproyecto de la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, conocida como Ley Celaá. Si pasa el trámite en el Senado será la octava ley educativa de la Democracia. Entre sus propuestas, una a diez años vista: que los niños con necesidades especiales puedan llegar a ser escolarizados en centros educativos convencionales, cumpliendo así con las disposiciones internacionales que recomiendan la educación inclusiva.

Todas las leyes sobre educación aprobadas desde 1977 han tenido una fuerte contestación pública y ninguna ha sido aprobada con el apoyo de los dos partidos mayoritarios. La anterior, la LOMCE, conocida como Ley Wert, salió adelante en 2013 con los votos en solitario del partido en el gobierno, el Partido Popular. En esta ocasión, han sido seis los grupos parlamentarios que le han dado su apoyo al PSOE y aún así será aprobada con el mínimo de votos necesarios.

La LOMLOE se refiere a los centros de educación especial en la disposición adicional cuarta, que establece que «el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (…), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad». El texto precisa que ese objetivo se corresponde con «el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. También establece que «las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».

Ese es el texto de la proposición de ley que está en tramitación en lo que se refiere a educación especial; el marco de referencia al podrá apelar la comunidad educativa, y por el que tendrá que velar para su cumplimiento. Y también el origen de las disputas públicas debido a su interpretación, algo habitual cuando se legisla sobre educación. Donde se lee textualmente dotación de recursos para la inclusión, hay quien interpreta inequívocamente el cierre dentro de una década de los centros especiales que dan servicio a día de hoy a los niños cuyos padres optan por este tipo de ruta educativa, así como a aquellos a los que su discapacidad no permite la escolarización convencional.

En la práctica, la nueva ley entrará en vigor en el curso 2021/22 y la única novedad referida a la educación especial debería de ser un aumento de dotación presupuestaria que permita empezar a llevar a la práctica su contenido. Así, a lo largo de la próxima década tendrá que haber un incremento progresivo en inversión en recursos educativos para que los padres de niños con estas necesidades puedan ejercer su derecho a elegir entre centros convencionales o especiales con la seguridad de que ambos cuentan con el personal y la dotación necesaria para atender la especificidad de sus hijos. Y aquí podría estar el debate entre la inclusión y la diferencia, la equidad y la igualdad planteadas por algunos sectores a la opinión pública estos días en términos de exclusión y enfrentamiento, cuando la nueva ley no recoge esta oposición ni la fomenta.

A día de hoy, cualquier familia puede elegir libremente donde escolarizar a sus hijos a pesar de su discapacidad. En Castilla-La Mancha el itinerario de acceso es el mismo que el del resto de alumnos si optan por la educación inclusiva en un centro convencional, ya sea público o concertado. La baremación es la misma y es decisión de las familias el itinerario que eligen en función de lo que ellos crean que es mejor, en completa libertad. Una vez escolarizados, la administración pone a su disposición los recursos necesarios para asesorarles y guiarles a lo largo de esta etapa, pero siempre respetando los deseos de los padres. Todos los centros ordinarios reservan plazas para niños con necesidades especiales y de tenerlos cuentan con recursos para prestarles atención, amparados a día de hoy por la LOMCE o Ley Wert. Sin embargo, el sentir de estas familias es que los recursos de personal especializado de apoyo con los que cuentan los colegios son a todas luces insuficientes. La nueva ley vendría en teoría a paliar esta situación, y deberán ser las distintas comunidades autónomas donde las competencias están traspasadas las que se hagan cargo de incrementar esos recursos a partir del próximo curso.

Reconozco que como madre no me hizo ninguna gracia saber que mi hijo compartiría clase con una niña con Síndrome de Down recién llegada al centro. Ninguna gracia. Seguro que les retrasaría, entorpecería cada asignatura, que sería una molestia permanente… Y además, ¿con qué fin? ¿qué hacía una niña así en Primaria, en ese centro tan exigente, con un currículo escolar centrado en el bilingüismo cuando era evidente que no podría seguir el ritmo? Creo que no reparé realmente en ella hasta aquel primer cumpleaños, bien avanzado el segundo trimestre. «María no come patatas fritas, se atraganta», mi dijo Natalia, sentada a su lado, que no perdía de vista lo que la niña de ojos soñadores y facciones tan reconocibles se metía en la boca. «María no debe hacer esto, con María hay que tener cuidado en aquello». Los niños de la clase de mi hijo lo sabían todo acerca de ella y no la perdían de vista. Aquel curso aprendimos todos muchas lecciones que no están en los libros. Los niños, seguro, pero nosotros, los padres, a través de ellos, también. El curso acabó y María, que no se llama en realidad así, no continuó con el grupo, sino que siguió un año más anclada en aquella clase, en aquel curso que para ella era infinito; feliz de ir al mismo colegio que su hermano, de ser como los demás, y de aprender a su propio ritmo, sin imposiciones. Su madre no ha querido salir en este artículo, pero si quiere que queden claras unas cuantas cosas respecto a lo que implica la educación inclusiva y que padres de niños con necesidades especiales como la suya puedan elegir un centro convencional y no se vean obligados a escolarizar a sus hijos en un colegio especial y diferenciado.

«Nosotros probamos y salió bien», explica esta madre, cuya apuesta de inicio fue muy alta. Inscribió a su hija en un centro bilingüe, el mismo en donde matriculó a su hermano, a sabiendas de que no seguiría el currículo del resto, que no avanzaría con los demás, valorando otros factores y a sabiendas que eso implicaba que la niña tiene que recibir los apoyos que necesita fuera del horario escolar. «Hay niños y niños –cuenta- profesores y profesores… el problema no es el centro, es lo que se invierte y por supuesto los profesionales y los padres. Pero hay que dejar que se escoja porque al final somos nosotros los que sabemos lo que sienten nuestros hijos y si van o no van contentos al colegio» . En su caso optaron por un centro de Guadalajara capital en vez del colegio público del pueblo al que pertenece su urbanización, una vez constataron que allí la ratio era mayor y los apoyos insuficientes. «Nosotros hemos tenido suerte con los profesionales que nos han tocado pero no es así en todas partes. No hay tiempo para ellos (en las clases), suelen dejarlos arrinconados… los apoyos son insuficientes en la mayoría de los centros. No siempre hay un gabinete de orientación como en el nuestro». Y sin embargo, ellos prefirieron no optar por un colegio de educación especial. «Por otro lado están los centros de grandes discapacitados y tampoco quiero eso. María copia lo que ve y no avanzaría… Deberían de enseñar a los profesores y obligarles a hacer prácticas con niños con discapacidad». También es consciente de que no todos los niños con discapacidad tienen la misma problemática. «Niños con respiradores en clase, ciegos, sordomudos… hasta que grado de discapacidad estarán dispuestos a meter en una clase normalizada…», reflexiona. Y respecto al futuro. la madre de María no se pronuncia aunque la etapa en Primaria de su hija llegará algún día a su fin. Y después, ¿Qué pasará después? La escolarización acaba a los 16 años, a partir de ahí son las familias las que asumen la capacitación de sus hijos, excepto en el caso de los grandes discapacitados que residen en centros especiales.

M.D.R. es una profesora Técnico en Servicios a la Comunidad (TPSC) con muchos años de experiencia en atención a la diversidad. “Es un tema difícil de explicar”, dice sobre la polémica que ha levantado la nueva ley, pero también respecto a lo que significa la inclusión educativa cuando se tienen necesidades vitales distintas y también capacidades diferentes en centros públicos que ya tienen otras problemáticas añadidas. Opinar sobre este tema no resulta sencillo, aunque se cuente con una trayectoria profesional irrefutable. En su caso, atiende en la actualidad a alumnos con necesidades especiales de once centros en la Comunidad de Madrid y, sin embargo, cree que hay tener cuidado con lo que se dice “para que no genere a los padres dolor. Hay muchas sensibilidades, estos padres tienen mucho esfuerzo a sus espaldas, mucho sufrimiento”. Yo vivo la atención a la diversidad en los centros y hay muchos profesores que se dejan la piel. Es complicado plasmar sobre papel la visión de lo que es la inclusión efectiva y real. El ritmo de trabajo es muy intenso, no hay muchos espacios para compartir las ideas y las inquietudes al respecto… Hablan (los políticos) de poner apoyos y poner recursos, pero la realidad es que miran los recursos con una severidad incomprensible. Hay que poner esos recursos para atender toda la complejidad que hay en los centros. Para niños, por ejemplo, que tienen alteraciones del comportamiento, por trastornos emocionales o discapacidad o por lo que sea… hay necesidades educativas especiales que se derivan que no siempre son por discapacidad”.

Realidades complejas a día de hoy que al margen de polémicas estériles, podrían verse paliadas con una mayor dotación de recursos. Eso es lo que esperan los padres, independientemente de la opción que hayan elegido para sus hijos, por encima de leyes y decretos. Y también los profesionales, aunque no son optimistas. La PTSC lo resume así: “Las palabras son bonitas sobre el papel. Las llevo leyendo ley tras ley, pero realmente a la hora de la verdad, la realidad es que tenemos muchas trabas para poder hacer un trabajo de calidad”.

¿Qué ocurre cuando la escolarización escolar convencional no es posible? ¿Qué pasa cuando los hijos crecen y sus necesidades les derivan a centros especiales porque los técnicos así lo aconsejan y las familias están de acuerdo? La próxima semana en El Hexágono de Guadalajara, con el testimonio una vez mas de padres y expertos.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.