Educación inclusiva, entre la igualdad y la equidad (III)

Por Gloria Magro.

La conocida como Ley Celaá, la octava ley educativa de la Democracia, ya se encuentra en el Senado, donde el Gobierno no descarta que puedan introducirse modificaciones. Las enmiendas podrían partir tanto de los siete grupos políticos que votaron en el Congreso su aprobación, como del resto de partidos que se opusieron. Así, la Cámara Alta tendrá la última palabra sobre la LOMLOE, que entrará en vigor el próximo curso 2020/21, con cargo a los próximos Presupuestos Generales del Estado.

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Todas las leyes estatales sobre educación han dado lugar a manifestaciones en las calles y a la postre, ninguna de ellas ha perdurado lo suficiente para ver resultados tangibles y duraderos. De hecho, ninguna ley educativa ha llegado a ejecutar con solvencia todo su articulado. Y lo que es más importante: ninguna a lo largo de estas décadas, desde 1977, ha contado con los recursos económicos suficientes para desarrollarse. Ese sería el verdadero caballo de batalla de todas ellas, por encima de las discusiones ideológicas. Así, a diez años vista, debatir hoy sobre la LOMLOE se antoja un debate un tanto estéril. Sería mucho más realista que la presión popular y política se ejerciera para que durante los próximos años se cumpla su articulado con todos los recursos necesarios.

LOMLOE. Disposición adicional cuarta. Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, (último párrafo): Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

La nueva ley da un plazo de diez años para avanzar en la escuela inclusiva de forma que todos los alumnos, o la mayor parte, puedan ser escolarizados en colegios ordinarios. Los centros de educación especial se convertirían pasado ese plazo en centros de recursos (profesionales, formación y salas especializadas) y se ocuparían de aquellos casos que por la naturaleza de la discapacidad no puedan ser escolarizados en un colegio ordinario. Así, el texto contempla la reconversión de los centros de educación especial pero en ningún caso se contempla su cierre.

La polémica ha acompañado a la LOMLOE desde que empezó su tramitación en febrero de 2019. Su apuesta por educación inclusiva está en el origen del problema, pese a que va en línea con el Objetivo número 4 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En España, esta opción es apoyada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Su delegado, Jesús Martín, relaciona educación diferenciada, -una opción que a día de hoy es ejercida con libertad por los padres- con discriminación, algo en lo que no están de acuerdo muchas familias. Sin embargo, entre los expertos y los profesionales de la enseñanza se pueden encontrar todo tipo de posturas y opiniones basados en el contacto directo con este tipo de alumnos. La inclusión educativa en Castilla-La Mancha está contemplada por decreto desde 2018.

Almudena Tello es la madre de un niño al que le faltó oxígeno en el parto y que a día de hoy tiene 11 años y está escolarizado en un colegio público de Guadalajara. Sus padres nunca se plantearon llevarlo a otro tipo de centro. «El problema de nuestro hijo era la movilidad, así que teníamos muy claro que su capacidad cognitiva la íbamos a exprimir al máximo. Por eso optamos por un colegio ordinario, normal«, explica su madre. En su día les recomendaron un colegio que contara con fisioterapeutas y personal especializado, pero lo descartaron. «Nosotros todo lo relacionado con el fisio lo hacíamos por las tardes, en fin de semana, en casa por las noches… El problema no era ese, nosotros creíamos que la educación era lo más importante y queríamos que aprendiese con sus compañeros y que le exigiesen al máximo, igual que a los demás».

Almudena y su marido han conseguido que su hijo haya cursado toda la etapa de Primaria como un niño más, en igualdad de condiciones, pero no ha sido fácil ni para ellos, ni para el colegio que eligieron, un proceso del que han quedado secuelas difíciles de sanar. «Al principio fue muy duro -explica-, nosotros hemos abierto el camino. Las familias, los niños, sus compañeros han normalizado algo que no tendría porqué ser distinto. Las personas que han estado a su lado en el colegio han sido muy profesionales y han sabido sacarlo todo de él, como de cualquier niño. Con nuestro hijo ha sido fácil porque él atiende, le gusta aprender». En su caso, no han sido necesarias adaptaciones curriculares pero sí apoyos que facilitasen sus desplazamientos en un colegio público construido a principio de los años 1980, con todas las limitaciones que eso conlleva.

Su integración ha sido un desafío tanto para el centro como para la familia y haciendo balance, un caso de éxito en todos los sentidos pero detrás del cual está el ingente trabajo de todas las partes involucradas. «Su profesora de pedagogía terapéutica ha luchado por demostrar que juntos podían sacar el currículo escolar. Ha habido tutores y alguna profesora muy involucrados que no consentían que se le dejara discriminado…», relata su madre, pero también muchos desencuentros y muchos sinsabores. Y en el trasfondo de todo, la realidad que aflora es que se necesita mucha más inversión a todos los niveles, tanto de personal como de infraestructuras, si se quiere que los centros ordinarios acojan en un futuro un mayor número de niños con necesidades como las suyas. Almudena Tello y su marido tocaron todas las puertas buscando recursos, apelaron incluso al Defensor del Menor. El próximo curso el niño pasará a Secundaria, una nueva etapa donde le esperan nuevos desafíos. Su familia está preparada para afrontarlos.

En otras ocasiones, las adaptaciones necesarias y los apoyos son a menor nivel pero también imprescindibles para niños con problemas de comportamiento diagnosticado o dificultades de aprendizaje. Trastornos como el TOC, obsesivo compulsivo, el Déficit de Atención o la Dislexia, llenan a muchas familias de ansiedad y dudas acerca de la respuesta que la comunidad educativa puede dar a sus necesidades. Y en estos casos una suficiente dotación de recursos, unida a la adecuada formación del profesorado, es fundamental para que sus hijos avancen con éxito en los programas de estudio ordinarios.

Mª Dolores forma parte de un Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica en calidad de Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad (P.T.S.C.). En muchas ocasiones acompaña a las orientadoras en sus entrevistas con padres de alumnos con necesidades educativas especiales. Me asegura que, si hay algo común en cada entrevista es la percepción de que los padres y madres se dejan la piel para que sus hijos lleguen todo lo lejos que puedan llegar. Y el sistema educativo debería saber conseguir ese mismo objetivo. “Parece mentira que estemos hablando de un nuevo cambio legislativo educativo. Cómo se daña a una sociedad con sistemas educativos tan frágiles. Tampoco creo que sea el mejor momento social y político para plantear la aprobación de una nueva ley educativa. No es un marco propicio para un cambio tan importante. La sociedad está muy tocada emocionalmente. El trabajo que se está realizando en los centros educativos es ímprobo para ajustarse a todas las medidas exigidas por situación Covid-19 y ahora lanzan la aprobación de la Ley sin un marco de diálogo de los agentes implicados. Qué agotamiento. Tendrían que mimar un proceso como este y tendría que servir para unir y no para dividirnos”, señala esta técnico con varias décadas de experiencia a sus espaldas. “Por otro lado, la implementación de esta Ley necesita de un presupuesto económico fuerte para el aumento de recursos para la consecución de la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales. Con una España sumida en una crisis económica tan grave, sería el momento de hacer un análisis de la realidad, diseñar una ley robusta que revitalice la calidad educativa y especialmente poder hacer efectivos los objetivos de la inclusión de una vez por todas”. Sus tesis son compartidas por otros profesionales de la educación.

En la realidad profesional que vivo -explica-, existen muchas necesidades que atendidas, facilitarían una mayor calidad en la atención a la diversidad en los centros educativos. Entre otras: jornadas completas en los mismos centros para los maestros de pedagogía terapeútica y de Audición y Lenguaje; técnicos superiores de Integración Social para atender los trastornos de las emociones y del comportamiento; estabilidad de los profesionales en los centros; disminución de la ratio de alumnado/grupo; currículo menos centrado en la consecución de una calificación numérica y más centrado en el proceso; alivio de la presión administrativa y de papeleos a los Equipos de Orientación y los centros educativos… Fíjense: yo atiendo a 11 centros de educación primaria ¿Cómo puedo acompañar en la atención a la diversidad? Fácil: con mucha voluntad y vocación«

En su opinión, la diversidad en los centros ordinarios puede ser un regalo para toda la comunidad educativa, pero atender esta diversidad es un reto, cuánto más si hablamos de alumnado con necesidades educativas significativas. «La inclusión sobre papel es hermosa, es efectiva, es necesaria para toda la sociedad. Creeré en los políticos y sus palabras hermosas escritas en la Ley cuando vea el aumento de los recursos para que se materialicen entornos físicos accesibles, currículos universales, profesorado suficiente en número, menos trabas para que un alumno reciba los apoyos que necesita, menos fiscalización y más diálogo…

Mª Dolores no confía en la dotación a futuro de la nueva ley educativa aún en tramitación. «Permítanme ser escéptica y estar a la expectativa de lo que esta nueva Ley nos pueda traer de mejoras para favorecer la inclusión. Ojalá que España y sus niños y jóvenes reciban el sistema educativo del que son merecedores: inclusión sí pero no de cualquier manera». Y una última reflexión más, «hasta que la mitad de la sociedad española no integre a la otra mitad y viceversa, no existirá una inclusión verdadera en las escuelas porque esto pasa por cambios estructurales en la sociedad. Quizás sea el momento para la unión de todos los españoles, necesaria más que nunca.”

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