Cómplices necesarios

Por David Sierra

Publicaba Infolibre el pasado lunes que más del 70 por ciento de las inspecciones de Trabajo a las empresas del sector agrario han terminado en infracción por fraude laboral. Este es uno de los titulares que deja al descubierto la campaña lanzada por el Ministerio que dirige Yolanda Díaz con el propósito de descubrir la explotación laboral en un ámbito demasiado acostumbrado a la ‘vista gorda’ no sólo por quienes lo conforman, sino también por las administraciones encargadas de vigilarlo, en lo que es otra consecuencia de la España vaciada.

Tuvo que producirse la muerte en Lorca de un temporero abandonado a su suerte en la puerta de un centro médico, para que saltasen las alarmas sobre las situaciones de vulnerabilidad laboral en las que se ven inmersos con demasiada frecuencia los trabajadores del campo, sin una respuesta contundente por parte de las administraciones responsables en la materia de la regulación de estos trabajos.

Aunque cada zona tiene sus peculiaridades en función del producto y la producción, lo cierto es que las campañas agrícolas, en términos generales, se caracterizan por ofrecer empleos precarios que en la mayor parte de las ocasiones rozan la esclavitud y, por consiguiente, genera que la mano de obra empleada para su desempeño apenas sea demandada por trabajadores nacionales y la demanda tenga que ser cubierta en su mayoría por extranjeros contratados incluso en origen, a pesar de que España es uno de los países con mayor tasa de desempleo de la Unión Europea.

Recogida de espárragos en Guadalajara. Foto: Nueva Alcarria.

Comentaba en un artículo de opinión publicado en el diario digital Público, Alejandra de la Fuente – creadora de la web MierdaJobs – , que “En febrero del presente año, el relator sobre extrema pobreza de Naciones Unidas, Philip Alston, aseguró que estuvo en barrios pobres españoles que se encontraban en “condiciones mucho peores que un campamento de refugiados”. El mismo relator, tras visitar España, dijo que “las autoridades hacen la vista gorda con las condiciones de los jornaleros inmigrantes”.

Ocurre, por ejemplo, en las campañas de la recogida de la fresa onubense, la naranja levantina, el ajo manchego o el espárrago andaluz y guadalajareño donde, y a pesar de que la situación de los jornaleros temporeros ha mejorado ostensiblemente en las últimas décadas, se siguen produciendo numerosas irregularidades en algunas explotaciones que manchan no sólo la imagen del resto del sector, sino del propio producto. Y más aún cuando las rentabilidades son tan amplias que de por sí echan por tierra cualquier pretexto en un sector, el agrario, tan común en encontrarlos.

Sin duda, la principal razón por la que aún se siguen produciendo este tipo de situaciones, aparte del desistimiento de las autoridades responsables, es la escasa profesionalización del empresariado dedicado al campo, que sigue incurriendo en conductas más propias del siglo pasado no sólo en el modo de gestionar las explotaciones, sino en el tratamiento que hace de quienes emplea para sacar adelante las cosechas. En ese punto muerto se encuentran también las principales organizaciones agrarias que, lejos de mostrar su apoyo a las medidas adoptadas en favor de una mayor labor inspectora, se han encargado a lo largo de estos meses de demonizar esta actuación posicionándola como un ataque al propio sector. Los datos publicados recientemente les han sacado los colores y les han situado en la condición de cómplices necesarios.   

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