Ni las máquinas se quedan

Por David Sierra

Ni las máquinas. Ni tan siquiera las máquinas sobreviven al proceso de la despoblación. Al cierre de oficinas que, – sobre todo tras la caída de las cajas de ahorro, se ha venido produciendo en los últimos años con el propósito de ganar rentabilidad a costa de marginar aquellos lugares exentos de proporcionar rentabilidad -, se ha unido la clausura de los cajeros automáticos, el último recurso para que la población rural pudiese realizar aquellas operaciones bancarias más habituales como la obtención de dinero en efectivo.

La Diputación de Guadalajara propone financiar la instalación de cajeros. / Foto: Cadena Ser.

El Economista informaba hace algo más de un mes que más de un millar de sucursales habían cerrado sus puertas el pasado año y titulaba que en torno a 4.000 oficinas más lo harían en este 2021. De este modo, el diario señalaba que esa reducción de las estructuras financieras de los bancos estaba llevando, según algunos expertos, a una posible exclusión financiera a las zonas rurales e incluía a Guadalajara como una de las seis provincias españolas en las que a principios de 2020 el 80 por ciento de sus municipios no contaba con una oficina física desde la que operar. Los otros cinco eran Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria, todos ellos en la vecina Castilla y León.

Aunque algunos municipios han conseguido mantener por un tiempo el servicio de cajero automático, éstos han sido los menos y los datos muestran que 2021 es el año con menos aparatos de este tipo desde hace cuatro décadas. Aunque desde el Banco de España confían en la cada vez mayor incorporación de los ciudadanos a la banca digital para suplir este éxodo bancario, la eliminación de este servicio, a día de hoy aún fundamental, implica un nuevo rejonazo al medio rural, donde la brecha tecnológica sigue siendo demasiado amplia al tiempo que introduce más dificultades a los residentes de estas zonas, que deben cubrir mayores distancias cuando necesiten realizar gestiones de manera presencial. Con el propósito de lavar la imagen y amortiguar el puñetazo, algunas entidades han puesto en marcha un servicio de ‘banco-bus’ de forma que una oficina móvil realiza visitas periódicas a los municipios marchando de pueblo en pueblo en rutas preestablecidas.

Ante esta disyuntiva, la Diputación de Guadalajara ha querido tomar la iniciativa con la propuesta a los municipios de la puesta en marcha de un plan para establecer cajeros automáticos financiados por la propia Institución provincial. Así, el presidente José Luis Vega informaba por carta a los alcaldes y alcaldesas que tenían de plazo hasta el 20 de este mes para comunicar su interés por la propuesta. Para ello, los consistorios deben proveer un inmueble donde ubicar el cajero, conexión a internet y hacerse cargo de los gastos de dicha conexión y del consumo eléctrico. El propio mandatario considera la idea como “fundamental para corregir la brecha financiera que sufren las zonas rurales, dentro de las estrategias que deben llevarse a cabo en distintos ámbitos ante el reto demográfico para combatir la despoblación”. El objetivo conocido es implantar en torno a una treintena de estas máquinas expendedoras de dinero en otros tantos municipios y para ello la Institución provincial tiene reservados casi 300.000 euros de su presupuesto de este año.

No existen dudas de que la voluntad de la administración provincial es buena y podría paliar en gran medida la cobertura de un servicio que, tal y como lo plantean quienes lo prestaban, está abocado a la desaparición inmediata. Y, sin embargo, puede considerarse también un insulto a al conjunto del medio rural. Que el abandono de estas entidades bancarias a todo un sector de la población no tenga consecuencias más allá de ponerles la alfombra sobre la que operan pone de manifiesto la amplía ausencia de cohesión de los propios municipios rurales ante asuntos de capital importancia para su devenir, al margen de su color político, y la falta de liderazgo de quienes tienen el papel de cobijarlos. Y, por supuesto, desvela la necesidad imperiosa de una banca pública y social que cumpla el papel de asistir a las administraciones más desfavorecidas con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones en operaciones rutinarias como el acceso al crédito o la transferencia de capital.

Haría falta un envite. Del medio rural en su conjunto. De sus administraciones más cercanas. Y un proyecto de alternativa financiera con todas las garantías de transparencia, que pueda competir con los bancos hasta el punto de plantear como exigencia el cumplimiento del servicio público que prestan, en tanto que la relación del ciudadano con las administraciones públicas esté supeditada a través de su presencia.  

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