Por Gloria Magro.
El Ayuntamiento de Guadalajara ha advertido del peligro de acercarse estos días al parque fluvial del río Henares ante la crecida del río y la previsión de más lluvias. El cauce lleva días desbordado, abarca todos los ojos del puente árabe al completo e incluso los aliviaderos. Y la previsión es que el caudal aún suba más ante la posibilidad de que arriba del cauce el embalse de Beleña tenga que empezar a desaguar. Esta es la crónica de una inundación anunciada, además de esperada, prevista e inevitable.
También es la crónica de un desbordamiento periódico, el que que cada cierto tiempo arrasa la ribera a su paso por Guadalajara. Ayer viernes, el grupo político Aike registró un escrito solicitando la creación de una Comisión de Investigación Municipal.
Hasta que la Confederación de Aguas del Tajo construyó la elevación a principios de 2000, las lluvias abundantes, sobre todo en el mes de abril, constituían motivo de preocupación para los vecinos de La Chopera y Manantiales, pero una vez protegidos por el promontorio, el peligro de inundación prácticamente despareció, habida cuenta de que varias presas regulan el cauce aguas arriba. Sin embargo, desde 2019 cada vez que sube el nivel del río lo que está en juego es el parque fluvial, una obra de más de 1,4 millones de euros que corre el riesgo de acabar sumergida bajo las aguas y con el mobiliario fluyendo hacia Alcalá de Henares.
La construcción de un parque justo en el cauce entre el puente árabe y el de la calle Julián Besteiro fue proyectada por el anterior equipo municipal popular y llevado a cabo pese a la férrea oposición de los vecinos de la zona, los grupos ecologistas, los expertos en temas hídricos y el grupo municipal Ahora Guadalajara. El entonces alcalde, Antonio Román, presentó las obras como un gran proyecto «para crear nuevos lugares de ocio y esparcimiento en la ribera del río Henares, mejorar el aspecto estético de este tramo del río, mejorar la seguridad de los usuarios del paseo fluvial y preservar las condiciones ambientales de la ribera del río». Según el anterior gobierno municipal, las obras no iban a suponer una alteración de la masa arbórea o arbustiva del río y la intervención se iba a realizar en el entorno de la senda existente, no interfiriendo, por tanto, en su hábitat. Sin embargo, pronto fue evidente que se trataba de una intervención agresiva, altamente invasiva y que suponía en la práctica arrasar con el ecosistema natural de la ribera, intacto hasta entonces.
Al proyecto se presentaron un total de diecisiete pliegos, algo inusual en las obras municipales, y fue adjudicado a la empresa de cabecera del grupo popular durante sus mandatos en el Ayuntamiento, Agricultores de la Vega de Valencia, quienes introdujeron maquinaria pesada y arrasaron con toda la vegetación existente en cerca de kilómetro y medio a su paso por la ciudad. Ya en 2018, la oposición municipal calificó el proyecto de atentado ecológico en toda regla. La Ley de Aguas establece que salvo permiso explícito, no se puede intervenir en un Dominio Público Hidráulico. Esto es, que para garantizar la protección de los recursos hídricos y su ecosistema, en los ríos de manera general y salvo permiso explícito, no está permitido hacer obras, extraer áridos, plantar o cortar vegetación, establecer puentes, pasarelas, hacer embarcaderos o navegar. Ni tampoco hacer parques o urbanizarlos.
Las reacciones no se hicieron esperar. Según la entonces concejal Susana Martínez, las obras suponían en la práctica la destrucción de un ecosistema natural tan valioso como poco apreciado: «No es necesario alfalfar y amueblar los recursos naturales que se encuentran dentro de las ciudades para poder disfrutar de ellos, un río no necesita convertirse en un parque para integrarse en la ciudad. Muy al contrario, supone una gran pérdida de patrimonio natural«. Para evitarlo, se llevó a cabo una intensa campaña pública de oposición al proyecto, con charlas informativas e incluso una marcha reivindicativa. La Confederación Hidrográfica del Tajo, sin embargo, emitió un informe inhibiéndose y alegando que las competencias en los tramos urbanos de los ríos son municipales, argumento compartido por los responsables en ese momento de la Delegación de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Las obras en el río Henares fueron financiadas con cargo a los fondos de la Unión Europea, dentro del Proyecto EDUSI presentado por el Ayuntamiento, el mayor estudio urbano llevado hasta la fecha por la ciudad; así como el mayor montante en inversiones municipales desde el Plan Zapatero, cuando se vertieron cerca de cuarenta millones de euros de fondos públicos en la provincia. El Plan EDUSI para el rio Henares presentaba un proyecto (pág.86) que daba continuidad a la mota ya existente y preveía su ampliación desde Los Manantiales hasta la Finca de Castillejos. La obra, una vez acabada, suponía la incorporación a la ciudad de una senda ecológica de más de ocho kilómetros de uso peatonal, así como una nueva oportunidad para Castillejos, un paraje alejado en la práctica de los guadalajareños y cuya rehabilitación también fue financiada en su día con fondos europeos. De haberse llevado a cabo el proyecto original, durante los meses de pandemia y salidas controladas, la ciudad hubiera contado con esa nueva ruta de esparcimiento. Sin embargo, los planes del Grupo Municipal Popular fueron otros muy distintos.
Ante la complejidad de llevar a cabo la obra presentada ante la Unión Europea, y que implicaba expropiaciones y negociación con otras administraciones, lo que salió a concurso fue una intervención mucho más reducida y rentable para los contratistas. Para llegar al límite de los 1,4 millones de euros licitados, la empresa ganadora del concurso hubo de invertir cientos de miles de euros en mobiliario urbano venido desde Nueva Zelanda, así como en decenas de farolas inteligentes -en la orilla de un río- y plantas que sustituyeran a la vegetación autóctona ya existente, además de en un nuevo sistema de riego por goteo instalado junto al cauce, algo que resulta alejado del sentido común.
Los grupos que se oponían al proyecto recurrieron en su día a las autoridades europeas. Una eurodiputada sueca, Bodil Valero, vino hasta Guadalajara en plena crecida del río en la primavera de 2018 para conocer en primera personal el proyecto y el paraje donde se preveía la inversión EDUSI. Según declaró entonces la responsable europea, “el dinero que viene de Europa viene de los contribuyentes de su país” así que “es tirar el dinero” emplearlo en infraestructuras que “nosotros mismos no nos permitimos, más todavía si la obra se la va a llevar el agua”. También se elevó una consulta pública ante el Parlamento Europea aduciendo el fraude que suponía la obra. Y sin embargo, el gobierno municipal del Partido Popular hizo oídos sordos y continuó adelante.. De hecho, el ex vicealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero, llegó a afirmar en la redes sociales que en el pliego de condiciones figuraba por escrito que Agricultores de la Vega de Valencia se haría cargo de los posibles desperfectos ocasionados por el agua durante los siguientes cinco años a la ejecución.
Estos días una cinta protege los accesos a la ribera del Henares. La Policía Municipal ha tenido que acordonar la zona ante el peligro que supone para los viandantes transitar por el parque. Muchos de los tramos permanecen sumergidos y la vegetación plantada hace dos años es difícil que sobreviva a la fuerza del agua, al igual que el sistema de riego. El pavimento, de calidad, podría tener mejor suerte y las farolas y el abundante y caro mobiliario urbano, atornillado al suelo, ofrece hoy un aspecto surrealista, como de parque submarino fuera de lugar. Lo que debía de haber sido una elevación de fácil mantenimiento con continuidad hasta la Finca Castillejos se ha convertido en un quebradero de cabeza para el actual equipo municipal: un espacio a vigilar cada vez que llueve.
Ayer viernes, el grupo municipal Aike, presentó una resolución de cara al próximo pleno en la que solicita que se inicie una comisión de investigación que estudie “los hechos ocurridos desde el comienzo del expediente de obras hasta la segunda semana de febrero de 2021”. Al margen de esto, ¿Qué se puede hacer con esta obra? ¿Cómo reparar el daño causado? El concejal de Unidas Podemos, José Morales, manifestaba en su día a El Hexágono que en línea con lo propuesto por Ecologistas en Acción, apostaban por «quitar o limitar el alumbrado y dejar que se vaya recuperando el bosque de ribera. Que las actividades humanas se limiten al talud y volver a la idea de desbrozar el camino en el tramo desde Los Manantiales hasta Castillejos”.
Desde la Plataforma Henares en Vivo -integrada por WWF Guadalajara, Ecologistas en Acción, vecinos y otras organizaciones sociales- , por su parte, se planteaban en 2020 solicitar a las administraciones competentes la recolocación del mobiliario urbano, así como pedir responsabilidades políticas y otras posibles medidas de carácter regulatorio en zonas inundables. Y manifiestaban que “los responsables municipales (el señor Román, señor Carnicero y técnicos involucrados), así como los responsables de la Confederación Hidrográfica del Tajo y de la Delegación de Agricultura y Desarrollo Rural (ahora Desarrollo Sostenible), deberían costear subsidiariamente los daños ocasionados presentes y futuros”. Ya que de esta manera, según señalaban, “la realización de proyectos inviables e irracionales con dinero público, como advertimos a todos los estamentos, se evitarían en un futuro. Si los caprichos de unos señores gobernantes, con el beneplácito de determinadas administraciones, fuera costeado de sus bolsillos, se lo plantearían antes de actuar”.
Hace tiempo que no se escucha el trino de los pájaros en el Henares. Solo los patos del Zoo municipal nadan en sus aguas. El resto de fauna autóctona ha huido ante la presión de la presencia humana. Por las noches, decenas de farolas encendidas sobre el río dan un aspecto de irrealidad a todo el paraje, como si de un parque de atracciones se tratara. Mientras, unos kilómetros río abajo, adentrándonos en la provincia de Madrid, en el Manzanares se recuperan tramos y se renaturaliza la ribera. Las redes sociales está llenas de vídeos e imágenes de sus nuevos habitantes: nutrias, garzas, martines pescadores… En Guadalajara hemos preferido el hormigón, los bancos y los columpios.
El asunto es serio, pero lo es más que los chalets de la Chopera están alzados en zona inundable del Henares. ¿Quién hizo, y por qué, posible esa urbanización? Ambas preguntas tienen respuesta de fácil conformación.
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yo me hago una gran pregunta, porque la Junta de Castilla-La Mancha, a través de su Delegación de Agricultura, como indicas, y la Confederación Hidrográfica del Tajo, no paralizaron el proyecto?
Y otra pregunta, como bien dicen en el anterior comentario, ¿Quién permite que se construyan chalets en zona inundable del Henares? Inundaciones del Henares han anegado esa zona durante décadas, pero alguien permitió esas construcciones.
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Lo mejor de todo que desde el puente árabe y hacia arriba dirección Castillejos y zona totalmente inundable…está previsto por este Ayuntamiento la autorización para construir más viviendas!!! Ole tus santos huv.s ¿Algo que decir nuestros políticos actuales antes que lleguen los lamentos?? O se va a priorizar el «pelotazo»??
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Es que el interés general no cuenta. No cuentan las leyes, que en esta provincia se vienen violando gravemente en la práctica totalidad de los ayuntamientos, con el cariño y comprensión de los secretarios municipales y bajo el manto de fiscales y jueces de toda jurisdicción. Ese el sustrato de tanta (no lo pongo por evitarme problemas) y de tanto (de nuevo, lo omito). Justificar construir en ese suelo es un canto prevaricador y lo del paseo a lo largo del río, aberrante sobre todo, despreciando el historial de inundaciones documentadas y fotografiadas. En Guadalajara-Marchamalo se está urbanizando SUELO ESPECIALMENTE PROTEGIDO y está denunciado, pero no pasa «ná de ná». Desde un punto de vista antropológico se diría que estamos en una fase de gestión subhumana de los recursos.
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Muchas gracias Gloria por este artículo tan exhaustivo y documentado, la memoria es frágil y creo que ahora que el agua ya ha hecho lo que era previsible que hiciera nos viene muy bien recordar cómo llego a realizarse este proyecto y el papel de cada administración en él. Las inundaciones no se pueden evitar (y menos si son zonas inundables) pero malgastar dinero público si. Esta obra era innecesaria, absurda y desde el punto de vista medioambiental un error mayúsculo. Los grupos ecologistas, las asociaciones vecinales, algunos representantes públicos y una parte de la ciudadanía lo dijimos alto y claro pero no hubo manera de ser escuchados por ninguna de las administraciones implicadas: Consejería de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Tajo, Parlamento Europeo, Ministerio de Hacienda y Función Pública. .
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