Por Sonsoles Fernández Day
Un buen grupo de vecinos de Horche, un municipio que se encuentra a escasos 14 kilómetros de Guadalajara, se manifestaba el pasado sábado 18 de septiembre en Madrid ante el Congreso de los Diputados. Cansados de la inseguridad que se vive en el pueblo, la asociación vecinal que han llamado Defiende Horche se unía a la Plataforma Nacional de Afectados por la Ocupación, para pedir un cambio en la ley que frene las ocupaciones y que defienda los derechos de los propietarios. Han conseguido que se hable de ellos y que se cuente su historia en varios programas de televisión y en medios escritos nacionales. Y su historia no es otra que la desesperación de un pueblo de 2.500 habitantes en el que hay hasta 200 ocupas, y que sufre el miedo a las mafias, amenazas, robos, tráfico de drogas y agresiones.
Todo empezó hace ocho años, cuando la Caixa adquirió unos inmuebles en el pueblo porque había quebrado la empresa constructora, y destinó las viviendas a alquileres sociales. Según relata Fernando García, presidente de Defiende Horche, ‘La Caixa activó el alquiler social sin contar con nadie. No consultó a la administración local ni regional y no se realizó ningún filtro’. Los primeros inquilinos pronto dejaron de pagar el alquiler y empezaron los problemas con los pocos vecinos propietarios, que, agotados, llegaron al extremo de abandonar sus casas, aunque seguían pagando la hipoteca. Los primeros ocupas también se fueron, huyendo de la presión policial, y vendieron sus llaves a otros ocupas. La situación iba empeorando con cada relevo, y el número de viviendas ocupadas ha ido aumentando hasta llegar a 60. Con la pandemia la situación se agravó aún más. La inseguridad y la delincuencia ya no solo se producía en estos inmuebles, sino que se extendió por todo el pueblo. Han robado a niños y a ancianos, en comercios y en bares. A un vecino que es jardinero le robaron sus herramientas y maquinaria de trabajo, y, al día siguiente, estaban anunciadas en Wallapop. También en internet anunciaban la venta de las llaves de los pisos ocupados.
La Asociación Defiende Horche se creó en mayo de este año, después de que robaran y pegaran a unos niños del pueblo. Formado por unos 700 socios es un movimiento pionero en España. Un pueblo en pie de guerra contra la ocupación. Reclaman soluciones y hacen responsable a Caixabank, por ser propietario de los dos bloques de viviendas ocupadas y no tomar medidas. La asociación le pide a la Caixa que ‘ponga los medios para que después de un desalojo no se produzca una nueva ocupación y que utilicen cámaras y vigilancia para proteger su propiedad.’
La ley española diferencia entre distintos tipos de ocupación. El allanamiento, cuando alguien entra en una vivienda aprovechando que el propietario no está, da síntomas de habilitación y se queda. La usurpación, que consiste en ocupar una casa vacía que pertenece a un banco o a fondos de inversión. Este sería el caso de Horche. Y también existe la inquiocupación, que es cuando los ocupas entran en una casa con un contrato para dejar de pagar en seguida. Al existir un contrato mercantil, no se considera ocupación.
Obviamente la justicia española no permite la ocupación, pero el proceso es lentísimo. Otro agravante es que, en muchos casos, después de un desalojo, los ocupas vuelven a entrar. Llegará uno nuevo y otro después, y así tantas reocupaciones como se pueda mientras no se tomen medidas más firmes.
El proceso es largo y también muy costoso. Muchos propietarios no denuncian porque no podrían afrontar los gastos de un abogado y un procurador durante un mínimo de dos años, además de mantener los suministros al ocupa. Así es, al ocupa no se le puede cortar la luz o el agua. En el caso de que el propietario o el vecino decidiera tomar la justicia por su mano cortando los suministros de manera abrupta, es decir, sin una denuncia previa, sin hacerlo de manera legal, se convierten ellos en delincuentes, porque estarían cometiendo un delito de coacción. La pena por coacción puede llegar a tres años de prisión. En el caso de allanamiento serían dos años si no hay violencia contra las personas y cuatro si la hay, y en el de usurpación sin violencia contra personas, el castigo consiste en una multa.
Tanto la Asociación Defiende Horche como la Plataforma Nacional de Afectados por la Ocupación piden al Gobierno una Ley Antiocupas, ‘que defienda sin ambages los derechos de los propietarios y vecinos afectados’. Sin ambages, que es dar rodeos, y con mucha claridad, el alcalde de Horche, el socialista Juan Manuel Calvete pedía ‘un cambio legislativo urgentemente porque es una vergüenza que, mientras unos ciudadanos pagan religiosamente sus hipotecas, otros den una patada a una puerta y se cuelen en sus casas’.
‘Necesitamos una ley que castigue al ocupa en lugar de a la víctima, y que proteja con garantías el derecho a la propiedad privada, la seguridad ciudadana y la paz social’.
Este es el grito de Defiende Horche, que solo quiere volver a ser el pueblo tranquilo que era. No se puede decir más claro.
El hexágono de Guadalajara 