Por Sonsoles Fernández Day
El grave problema de la ocupación ilegal de la vivienda en España está resultando difícil de solucionar. Los intereses y las diferencias entre el Gobierno y sus socios, PSOE y Unidas Podemos, y la oposición, PP y VOX, no permiten que se pongan de acuerdo en este asunto. Como en ningún otro, pero este debería mirarse por encima de las tendencias políticas, más allá de las ideologías. Hablamos de mafias, delincuencia y abusos. Mientras se pelean o se ignoran los de arriba, los municipios que lo sufren día a día, siguen reclamando una ley justa que beneficie al propietario, buscan la manera de solucionarlo por sí mismos, unen fuerzas ante un enemigo cada vez más agresivo.
La difícil situación que viven los vecinos de Horche, un pequeño municipio de Guadalajara del que escribía la semana pasada, se repite en otras poblaciones de nuestra provincia. Su historia es la que se ha escuchado en los medios, pero no son los únicos. En Cabanillas del Campo ocurre algo muy parecido. Unas cuarenta viviendas de una promoción de unifamiliares, que también pertenecen actualmente al grupo CaixaBank porque la promotora quebró en 2008, están tomadas por las mafias okupas. Esa zona del pueblo también sufre de robos, inseguridad y conflictos con los vecinos.
Los alcaldes de ambas poblaciones, José García Salinas y Juan Manuel Moral, ambos del PSOE, se reunían el pasado mayo para estudiar la posibilidad de enfrentarse legalmente a las entidades financieras propietarias de los inmuebles, que miran a otro lado mientras los clanes mafiosos manejan el negocio. ‘Son viviendas de su propiedad, y deben preocuparse de mantenerlas correctamente cerradas, tapiadas si es preciso, y de poner de su parte para impedir que siga proliferando el problema’, decía el alcalde de Cabanillas, José García Salinas.
A finales de junio, el grupo de ayuntamientos implicados crecía. Once municipios se reunían para ‘diseñar estrategias conjuntas’ contra la ocupación. Quer, Alovera, Yebes, Pioz, Galápagos, Fontanar, Azuqueca, Yunquera, El Casar, Cabanillas y Horche. La misma historia se repite de forma más o menos parecida. Se trata de grupos organizados que descubren viviendas vacías que son propiedad de bancos, las ocupan, y hacen negocio vendiendo el acceso a las casas a familias en situación económica complicada. Después vienen las movidas, o como dicen los medios, las alteraciones de la convivencia, con los vecinos. Si la consecuencia es tener que cerrar el negocio por los continuos robos sufridos, como le ocurrió al dueño de un taller en Cabanillas, es una movida bien gorda.
Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron en diciembre de 2020 una Ley de Medidas Integrales para la Protección del Patrimonio Inmobiliario, la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Vecinal y Contra la Ocupación Ilegal de Viviendas. El nombre de la ley ya lo dice todo. Emiliano García-Page, presidente regional y del PSOE, defendía al presentarla que esta ley trabajará para ‘combatir con mucha claridad y determinación a las enormes mafias de ocupación ilegal que hay en España’.
La nueva ley modifica la normativa de empadronamientos, obligaría a las entidades bancarias a denunciar en caso de que sus inmuebles sufran una ocupación y también legitima a las comunidades de propietarios y a los ayuntamientos para poder denunciar las ocupaciones. Igualmente pretende dar mayor rapidez a los trámites judiciales. La policía podría presentar una denuncia al Juzgado y en 48 horas conseguir el desalojo del ocupa.
Pero la ley antiocupación de Castilla-La Mancha se quedó en el cajón de ‘Asuntos pendientes’ del Gobierno. ‘No hemos tenido contestación y en próximos meses tenemos que tenerla’, decía Emiliano García-Page a mediados de septiembre. ‘No se puede hacer demagogia con la ocupación ilegal’.
Blanca Fernández, portavoz del Gobierno regional, admitía que es una cuestión ‘incómoda’ para el Gobierno por su coalición con Unidas Podemos. Pero también defendía que se trata de un contexto distinto a los desahucios contra los que luchaba Podemos. ‘No se puede vivir permanentemente del pasado y hay que dar respuesta a un problema real, que es el de hoy’. La portavoz castellano-manchega declaraba además que ‘es muy fácil caer en la tentación de pensar que es una política de derechas o conservadora, pero nada más lejos de la realidad, esta proposición de ley busca actuar contra las mafias y la delincuencia’. Y acababa: ‘Es una cuestión progresista y de justicia social’.
Cierto es que VOX y PP habían presentado anteriormente leyes antiocupas en el Congreso, pero echando un vistazo a sus propuestas, no había grandes diferencias con la Ley de Medidas de Castilla-La Mancha. Si reprocha a Podemos que vive del pasado, no se quede usted en tópicos, señora portavoz, un país también progresa por el lado derecho.
Algunos defienden que hablar de ocupación ilegal provoca alarma social y es, en realidad, una cortina de humo para tapar el verdadero problema, la falta de acceso a la vivienda para un sector de la sociedad. Dicen que, habiendo familias sin hogar y casas vacías, lo lógico es que se ocupen. Estos señores no viven en Horche ni en Cabanillas del Campo, con total seguridad.
Estas propuestas antiocupas que, como ven, igual salen de la izquierda que de la derecha, no van de echar a la gente a la calle, no se trata de perjudicar al que no tiene dinero para pagar una vivienda, va de luchar contra la delincuencia, contra las mafias organizadas, contra los abusos y contra la dejadez de las entidades bancarias. Y, si se consiguiera, ayudaría también a que puedan dormir en paz los que tienen otra casa en el pueblo o en la playa, y viven acojonados pensando que cualquier día no van a poder entrar en su propia vivienda. Eso también es justicia social.
El hexágono de Guadalajara 