Por David Sierra
Los alcaldes y alcaldesas de los pueblos de nuestra comarca, y de toda la región castellano-manchega, han recibido en las últimas semanas una carta firmada por el vicenconsejero del gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, en la que les informa de la catalogación en la que ha quedado encuadrado el municipio en cuestión que presiden de acuerdo a la zonificación rural establecida dentro de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural de la región.
La misiva les explica que, de acuerdo con esta nueva distribución, “la primera de estas características que desarrolla una Comunidad Autónoma en nuestro país”, la citada Ley establece una serie de beneficios fiscales junto con medidas de apoyo e incentivos en las ayudas y subvenciones del sector público regional.
En Guadalajara, buena parte del territorio ha quedado catalogado como zona de extrema despoblación de forma que los pueblos incluidos en este rango, todos ellos menores de 2.000 habitantes, podrán beneficiarse de una batería de beneficios fiscales y económicos tales como desgravaciones fiscales del 25% en el tramo autonómico del IRPF; una deducción fiscal del 15% en la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual; y deducciones de 500 euros en el IRPF durante dos años para quienes trasladen su vivienda habitual en estos pueblos por motivos laborales.
Asimismo, a las transmisiones de inmuebles que tengan por objeto la adquisición de la primera vivienda habitual se les aplicará un tipo reducido del 3% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; y a las copias de escritura y actas notariales por este mismo objeto se les aplicará el tipo reducido del 0,15%. Además, a los inmuebles transmitidos para ser destinados a sede social, centro de trabajo de empresas o locales de negocio se les aplicará el tipo reducido del 1% en el mencionado impuesto y a las primeras escritura y actas notariales el tipo reducido del 0,10%. La bonificación en la cuota tributaria para las primeras escrituras y actas notariales que documenten actos de agrupación, agregación, segregación o división efectuada sobre suelos destinados a uso industrial o terciario será del 95%.
Finalmente, la carta informa que, en los procesos de concurrencia competitiva, a los proyectos empresariales que se desarrollen en estos municipios se les aplicará una puntuación adicional del 40% del total de la prevista; y los procesos de ayudas directas a las personas o entidades que pongan en marcha iniciativas empresariales se aplicará un incremento del 40% de la intensidad de la ayuda.
Al margen de las cuantías que puedan suponer estos beneficios fiscales, lo realmente positivo de esta legislación y de las medidas adoptadas es el reconocimiento por ley de la existencia de ese elemento diferenciador que implica a una serie de zonas que, por sus circunstancias, se encuentran en una situación de desventaja histórica en su desarrollo frente a otras y, por tanto, la necesidad de unas reglas del juego diferentes para mantener su supervivencia e incentivar su desarrollo. Quizá sea el momento de que el Gobierno de España tome nota y legisle en esta dirección dentro de su ámbito competencial, tomando como referencia a los pioneros castellanomanchegos.
Son muchas las aportaciones que se han realizado en los últimos años desde los diferentes foros y mesas de debate sobre el proceso despoblacional y la manera de atajarlo. Sin embargo, mientras la estructuración urbanística sea la que es y no se establezca un plan de ordenación y diversificación territorial más justo y equitativo entre el medio urbano y el rural, difícilmente cualquier medida o legislación tenga un efecto más allá del placebo. Ese cambio, que ha de ser extensible al ámbito social, educativo e incluso cultural, requiere también una modificación en el orden de prioridades que conforman nuestra sociedad.
Mientras eso llega, más por imposición que por voluntad, las medidas a corto plazo más eficaces que hasta la fecha ninguna administración había tenido el valor de proponer deberían ir encauzadas en el sentido de ponerle freno a la sangría, de un lado, por el camino de las ayudas económicas directas a los ciudadanos residentes en estos lugares, que les permitan paliar el coste que supone en sus bolsillos la carencia de servicios básicos fundamentales; y del otro, en exenciones en la contribución fiscal que estos vecinos aportan para el erario público regional y estatal, tanto en el ámbito personal como empresarial. Este segundo pasito ya se ha dado. Atentos estaremos al resultado.
El hexágono de Guadalajara 