Que se aclaren

Por Gustavo García

Leyes regionales para fomentar el aumento de población en los muchos pueblos pequeños que tiene Guadalajara y otras provincias con similares características. Las administraciones continúan insistiendo en informar de los pasos que dan dentro de sus competencias para tratar de solucionar esta lacra que está acabando paulatinamente con el mundo rural. En Castilla-La Mancha dicen que van a apostar por “poner en valor ese 94 % del territorio de la provincia”. Se trata de una ley pionera para luchar contra el despoblamiento en todas esas zonas, que en Guadalajara abundan y que, como indica el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a primeros de 2021, como cada año, sigue en auge, mientras los alrededores de la capital provincial no sufren grandes variaciones, pues unos municipios crecen y otros descienden ligeramente. Pero, de momento las leyes no van acompañadas de medidas de verdad porque los hechos no hablan demasiado bien en ese aspecto a favor de determinados gobiernos, sobre todo, los municipales, que abrasan a sus ciudadanos en más ocasiones de lo debido con sus impuestos.

Los datos dan a menudo la razón a quienes critican la inacción de las autoridades para defender a esos pueblos semiabandonados de la Sierra Norte, del Señorío de Molina, de la Alcarria o del Ducado de Medinaceli. Lo cierto es que la parte del Corredor del Henares sí que va a su adecuado ritmo y por su propia cuenta, aunque en todo lo demás, con mayor superficie, los supuestos efectos de las acciones a desarrollar cuesta verlos. Volvemos otra vez al debate con la España Vaciada.

La lucha contra la despoblación es tarea de todos.

La diferencia es que ahora causa especial ilusión que recientes declaraciones, como las realizadas en la televisión local, Guadalajara Media, hace tan sólo unos días por el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, Eusebio Robles, ahonden de nuevo en la problemática y se insista en anunciar que 2022 será el año en el que veamos ya los efectos de esta ley contra el despoblamiento. Y, no es porque ya nos creamos a pies juntillas de repente todo lo que los políticos nos anuncien otra vez en ese aspecto. Lo que ocurre es que por fin se ha trabajado para buscar una normativa que regule los movimientos a llevar a cabo de una manera organizada y concreta.

Parece que sí que la cosa ya va en serio. De hecho, Robles apuntaba en la entrevista televisiva respecto a esas dos velocidades, del Corredor del Henares y del resto de Guadalajara, que para el segundo caso “se va a impulsar el territorio para reforzarlo, incentivando la implantación de empresas, con beneficios fiscales para quienes se establezcan en los pueblos, porque no puede ser que los empresarios paguen lo mismo en Molina de Aragón que en la Castellana”. Además, la idea es “regular todo esto con una discriminación positiva para el medio rural, acompañado de una ley de 200 medidas añadidas para que avance con una sexta marcha en la provincia y su atractivo sea todavía más importante”, decía el delegado de la Junta. Y, como primeros brotes verdes, que demuestran por dónde pueden ir los tiros, se pone como ejemplo la reciente reapertura de la Escuela de Cobeta con cuatro niños, “en lugar de cerrarlo con 11, tal y como pasaba antes”. Por ello, se insiste en que la pretensión es emplear el dinero público con educación de calidad, aunque sean pocos los destinatarios, pero que todos tienen derecho a ello, independientemente de donde vivan. Lo mismo que en materia de Bienestar Social se está prestando un servicio de Teleasistencia en Molina de Aragón como nuevo proyecto de Ayuda a Domicilio para 13 municipios en la comarca, idea que se quiere ampliar a otros en este año; sería a través de un banco de horas por parte de los ayuntamientos, de manera que se equilibren para que ser solidarios con el resto del territorio, donde no tienen convenio con la Administración y así dejar los que les sobren dichas horas para dárselas a quienes las necesiten.

Y el IBI, ¿qué?

Bien esas, todavía tímidas, acciones en apoyo del medio rural, aunque algo es algo. Y, a ver si de verdad es el inicio del desarrollo definitivo de esa ley que se anuncia. Lo que pasa es que más vale que se pongan de acuerdo todas las administraciones implicadas en el tratamiento de las zonas rurales más desfavorecidas porque, si el Gobierno regional anuncia todas estas medidas discriminatorias a favor, no todos los ayuntamientos van por el mismo camino. Sería una manera de que la credibilidad de unos y de otros creciera. Es decir, que no dudásemos tanto de ellos.

No en vano, uno de los hándicap con los que luchan los escasos habitantes de esta Guadalajara Vaciada es curiosamente la parte que toca a los impuestos. Si estamos hablando de políticas que favorezcan a esta población desde determinadas instancias, contrasta la poca o nula sensibilidad que muestras otras. Es más, con la pandemia parece que las diferencias se acrecientan entre las ciudades y los pueblos, a favor de aquéllas. El caso más significativo lo representa el IBI, la antigua Contribución Urbana.

Si un estudio que hizo público la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya hablaba hace unos meses de diferencias entre capitales de provincia de más de 625 euros al año, trasladando la comparación a nuestro territorio, todo lo anterior se desmorona. Un trabajo lento y pausado que da la impresión de que empieza a dar sus frutos por parte de la Administración que más poder económico, ejecutivo y social posee –la Junta de Comunidades–, pero que tiene en la parte opuesta a otra, que cuenta con escasos recursos para equilibrar sus presupuestos –la Administración local–, generalmente incapaz de favorecer con sus políticas impositivas a sus vecinos. Quizás, la explicación nos la ofrezca ese dicho tan popular de que dinero llama a dinero, o más bien, al contrario. Los ayuntamientos no ven muchas alternativas para sus paupérrimas economías y los paganos son quienes cuentan con propiedades en los pueblos.

Los casos personales que bien conozco son Guadalajara capital y Torremocha del Campo, ejemplos altamente ejemplarizantes. En el primero de ellos, si ya la tasa impositiva del IBI merodeaba por los lugares de cola de las 52 capitales del país, este año se ha bajado del 0,47 al 0,46%. Además de haber llevado a cabo una congelación de tasas y precios públicos, una reducción en un punto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, una bonificación del 50% también del IBI y del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) para las empresas que incrementen su plantilla con contratos indefinidos, otro 95% de bonificación en el IBI para emprendimiento, la rebaja del IAE e IBI para los centros especiales de empleo que cuenten con más de un 80% de personal con capacidades diferentes, bonificaciones en el ICIO para instalaciones con certificado energético A, en los gravámenes para coches eléctricos o que utilicen energías limpias, etc., etc. Hay varias localidades del Corredor del Henares que también cuentan con tipos impositivos del IBI, como mucho, en 10 puntos por encima de la ciudad de Guadalajara. Mientras tanto, en un Ayuntamiento que ya no llega a los dos centenares de vecinos como es el de Torremocha el tipo impositivo se mantiene desde hace unos años, nada más y nada menos, que al 0,75%. Por su puesto, del resto de beneficios –fiscales o de otro tipo– que se puedan comparar con Guadalajara ya ni hablamos, y de la calidad de los servicios de unos y otros, por supuesto que todavía menos.

Extrañas contradicciones si lo que pretendemos es fomentar el desarrollo en las zonas rurales o discriminar positivamente a sus habitantes presentes o los que puedan sentir la llamada de alguna atracción en el futuro. ¿Qué políticas aplicamos, las de la inversión de más adelante o las que conocíamos hasta ahora? Aunque, bien pensado, en realidad hasta el momento actual quienes pagaban menos impuestos eran los que disfrutaban de servicios más deficientes. Pero, entonces, ¿a quién se está favoreciendo? Y, más aún, ¿qué se pretende hacer, freir a los propietarios de los pueblos porque allí no se encuentran otros recursos económicos e ir dejando respirar a los también sufridos urbanitas, o bien, incentivar la vida en los pequeños municipios? Lo cierto es que, con estos datos son incongruencias difíciles de entender. Por eso, la vivienda de alquiler está ahora tomando un cierto auge en estas zonas más despobladas. Igual eso es parte de una solución y así todos contentos; unos porque pagan sus impuestos –si bien, con poco margen para nada más– y los otros porque consiguen casas en renta más económicas.

Si las redes sociales son el termómetro que mide la temperatura de la gente hoy en día, estaría bien que comprobásemos con la participación en ellas, al hilo de este post, cuál es la tasa impositiva de los distintos municipios de la provincia por las experiencias individuales de los lectores. Puede ser interesante la aportación de cada uno. Ahí lo dejo. ¿Qué tipo impositivo del IBI pagas en tu pueblo?

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