De la mesa al campo

Por Gustavo García

Nuevo Real Decreto del Gobierno de España para controlar el uso que los agricultores hacen de sus tierras. La enésima. Una normativa que se aprobaba la pasada semana y que finalizaba así: “El futuro Real Decreto sobre normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios… refuerza la consecución de los objetivos del Real Decreto aprobado hoy, estableciendo un marco normativo general para alcanzar una fertilización sostenible en la agricultura. Además, articulará herramientas eficaces para que los agricultores contribuyan mediante su actividad a disminuir el impacto ambiental, no sólo en las zonas vulnerables”. La norma modifica y renueva la transposición a la legislación española de la Directiva europea relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, que fue aprobada inicialmente hace ya más de 25 años.

Parece que hay que confiscar constantemente el trabajo de quienes suelen proteger más la tierra. Evidentemente, que habrá contaminación de agua y de otros tipos, pero habría que preguntarse si son precisamente los agricultores los principales causantes de todo cuanto ocurre en el campo. No es la primera vez que sus prácticas ponen en tela de juicio esta y otras tareas que llevan a cabo. Es la vida al revés. De la mesa al campo. Sobre todo, desde los despachos de Bruselas se dictan las directrices, en más de una ocasión, incomprensibles para los propios agricultores y ganaderos. Por mencionar sólo una, tenemos que acordarnos de la obligatoriedad de dejar seis meses de barbecho una determinada zona al año para cumplir con la Superficie de Interés Ecológico (SIE) marcada desde la Unión Europea. Algo que afecta también a la ganadería extensiva –tan alabada últimamente–, al no poder pastar durante ese periodo en esas tierras.

La última normativa que intenta controlar a los agricultores incumbe al uso de abonos.

La conclusión, en definitiva, es que, al contrario de lo que pueda parecer, hay supuestos expertos a miles de kilómetros de distancia que marcan la forma de actuar para los que están día a día en contacto con la propia tierra. La mayoría de estos últimos no tienen formación universitaria respecto a esta faceta. Sin embargo, su conocimiento de primera mano no se lo puede negar nadie. Encontrar la simbiosis perfecta entre ambas ramas es difícil. Más bien, lo habitual es que haya encontronazos. Algunas de las decisiones que se toman en una mesa por personas con traje y corbata no se entienden por los que se enfangan en el barro o en el polvo a diario, a pie de campo. Y, no vamos a hablar de nuevo de Garzón. ¿Para qué?

Mientras, los productores del sector primario vuelven a alzar su voz en la calle. Las manifestaciones, interrumpidas hace dos años tras la irrupción de la pandemia, se recuperan de nuevo. Sin ir más lejos, el domingo protestaron con casi medio centenar de tractores en Madrid. Convocados por la organización ‘Alma Rural’ y el apoyo de varias asociaciones y partidos políticos, la gente del campo quiso poner en el candelero  esas amenazas constantes de que son objeto. Además, exigen que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, que poco ha aportado hasta ahora a la resolución de sus problemas. De hecho, el último dato sobre la diferencia entre los precios de origen a los de compra del consumidor es de cinco puntos de media. Sí, este año han subido los productos que  comercializan, lo que ocurre es que cuando ellos aumentan sus ingresos, de inmediato se aprovecha para triplicarles los gastos –y este año es más sencillo con la inflación galopante que padecemos–. Otra vez la misma conclusión: ellos nunca deciden. Por eso, otro motivo de queja en las más recientes reivindicaciones es el de “legislar por legislar y sin sentido común”, por lo que piden que se les tengan en cuenta para tomar decisiones, que el sector primario controle toda la cadena de valor. El propio domingo desde el Gobierno, su portavoz, Isabel Rodríguez, se apresuró a asegurar que “el mundo rural está en la agenda de las decisiones políticas”, anunciando que se apostará por la industria agroalimentaria y la PAC. 

Si bien, para entender todo lo que ocurre, igual tenemos que volver al principio. A ese reciente Real Decreto aprobado en España a instancias de la UE después de un cuarto de siglo desde su implantación. En él se crean códigos de buenas prácticas agrarias, “que los agricultores aplicarán obligatoriamente en las zonas vulnerables. Deberán recoger los periodos en que no es conveniente aplicar fertilizantes a las tierras, las condiciones de su aplicación en tierras cercanas a cursos de agua y los requisitos necesarios que aseguren que los estiércoles, purines y abonos en general no pongan en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente”. Exigencias razonables en principio. Claro, siempre mirando más el lado medioambiental que el de la viabilidad de las explotaciones con políticas que no perjudiquen siempre a los mismos. 

La citada directiva impone a los estados miembros la obligación de identificar las aguas afectadas por este tipo de contaminación, vigilando la concentración de nitratos a través  de estaciones de muestreo. “También establece criterios para designar como zonas vulnerables las superficies cuyo drenaje dé lugar a la contaminación por nitratos y para poner en funcionamiento programas de actuación coordinados con las actividades agrarias”. Eso ya suena a menor exigencia y más diálogo. El lenguaje cambia. ¿Será papel mojado o servirá como precedente para aunar criterios comunes por el deseado bien de todos?

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