Por Víctor Aparicio Rodríguez (*).
Huelga en La Canadiense, 1919. Foto: La Vanguardia.
Hace exactamente 103 años, el 21 de febrero de 1919, el sector eléctrico de Barcelona iniciaba una huelga general que tendría repercusiones trascendentales para las condiciones laborales de los trabajadores de todo el país. El conflicto había comenzado a principios del mes de febrero, tras el despido de 8 trabajadores de la compañía eléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, más conocida como «La Canadiense».
Los despidos venían derivados de las protestas de los empleados contra una bajada de sueldo por parte de la citada empresa, y del apoyo prestado a los trabajadores por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), sindicato anarcosindicalista que contaba en aquellos momentos con cientos de miles de afiliados, más de la mitad de ellos en Cataluña. La actitud intransigente y hostil de la patronal catalana y del propio Gobierno presidido por el conde de Romanones, que llegó a recurrir al Ejército para militarizar la empresa y reprimir a los sindicalistas –con ayuda del somatén–, enquistó el conflicto y provocó una oleada de solidaridad huelguística que acabaría paralizando casi la totalidad de la industria catalana. Se llegó incluso a declarar el estado de guerra y miles de trabajadores fueron encarcelados en el castillo de Montjuic. La huelga de «La Canadiense», una de las más famosas en la historia de nuestro país, finalizó a finales de marzo. Los acuerdos alcanzados entre el comité de huelga y el Gobierno para poner fin al conflicto propiciaron la promulgación del Real Decreto de 3 de abril de 1919 por el cual se fijaba la jornada laboral de 8 horas, lo que convirtió a España en uno de los primeros países del mundo en aplicar tal medida –hay que apuntar, sin embargo, que la semana laboral era entonces de 6 días, por lo que en realidad este decreto fijó 48 horas semanales–.
La huelga de «La Canadiense», una de las más importantes en la historia de nuestro país, consiguió una conquista histórica del movimiento obrero. Desde que a principios del siglo XIX el socialista galés Robert Owen formulase el lema «ocho horas de trabajo, ocho horas de recreo y ocho horas de descanso», los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo fueron incorporando dicha consigna como una de sus principales reivindicaciones. Así, la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) asumió dicha reivindicación en su I Congreso en 1866 y dos décadas más tarde, en mayo de 1886, esta consigna motivaría la huelga de Chicago que acabaría en la «revuelta de Haymarket» y la ejecución de varios trabajadores anarquistas –los «mártires de Chicago»–, episodio por el cual se acabaría estableciendo, tres años más tarde, el 1º de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores.
Como vemos, la lucha por la reducción de la jornada laboral ha sido una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales en particular y de la clase trabajadora en general en la lucha por su emancipación. Sin embargo, hace ya mucho tiempo que este tipo de reivindicación ha quedado excluida de las principales demandas sindicales, como si la consecución de las 8 horas –al menos en Europa occidental– hubiera supuesto el máximo al que podemos aspirar. No obstante, en los últimos años, el debate sobre la duración de la jornada laboral parece poco a poco estar ganando terreno. En las elecciones generales de 2019 algunos partidos políticos incluyeron en sus programas electorales la «Semana laboral de 32 horas o 4 días entre 2025 y 2030» –Más País y Equo– o la jornada laboral de 34 horas semanales con «reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados» –Unidas Podemos–.
En consonancia con lo anterior, el Grupo Parlamentario Más País-Equo-Compromís presentó en enero de 2021 un proyecto piloto para estudiar los efectos de la implantación de la jornada de 32 horas o 4 días sin merma salarial en un conjunto reducido de empresas –entre 200 o 400–. Dicho proyecto acabó siendo incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, y será el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el que lanzará en los próximos meses la convocatoria de ayudas a las empresas que quieran participar, con una cuantía final de 10 millones de euros. La Generalitat Valenciana, por su parte, lleva ya años trabajando en esta línea y cuenta con su propio proyecto piloto. Por otro lado, las dos centrales sindicales mayoritarias, UGT y CCOO, también apoyan estas iniciativas e incluso comienzan a incorporar la demanda de la reducción de jornada en sus propias tablas reivindicativas y en las negociaciones de convenios. Así, la UGT aprobó en su 43 Congreso Confederal realizado en mayo del año pasado un programa de acción que incluía implantar la semana laboral de 32 horas sin reducción salarial. Otras centrales sindicales, como la propia CNT, protagonista en su día de la conquista de las 8 horas, la CGT o el SAT llevan años tratando de impulsar la reivindicación de la reducción de la jornada laboral a 35 o incluso 30 horas semanales.
Las razones esgrimidas por quienes defienden tal medida aluden al elevado número de horas remuneradas computadas por semana en España –alrededor de 36,6 horas– que, sin embargo, contrasta con una productividad por debajo de la media europea.
La medida de reducción de jornada sin merma salarial, se subraya, podría contribuir al aumento de la productividad. Por otro lado, se afirma que una jornada laboral de menor duración ayudaría a equilibrar el reparto de trabajo. Y es que, si bien la media anteriormente citada de 36,6 horas es la cifra oficial, algunos contratos son tan raquíticos que «obligan» al asalariado a pluriemplearse para poder llegar a fin de mes, mientras que en otros sectores se supera sobradamente dicha cifra; y esto sin contar las horas extras, remuneradas y no remuneradas ni computadas, los trabajos realizados sin contrato, donde el control horario es mucho menor, o los trabajos de cuidados «no productivos» pero que igualmente suponen cientos de miles de horas trabajadas. Por tanto, en base a esto último, la reducción de jornada laboral también sería una medida óptima para una mejor conciliación familiar y un reparto equitativo y justo de los cuidados entre hombres y mujeres.
Junto a lo anterior, que incorpora de forma implícita –y necesaria– una visión feminista del trabajo, también encontramos ventajas ligadas al ecologismo, otro de los pilares fundamentales de la política en la actualidad. En mitad de un proceso de transición ecológica como el que nos encontramos, la medida citada supondría una reducción de la contaminación ligada a los desplazamientos al trabajo y del consumo energético de las empresas. También se ha señalado que una mayor disponibilidad de tiempo para el ocio, lejos de fomentar un consumo desmedido, favorece la realización de actividades más saludables y con menor impacto ecológico –deporte, cultura, etc.–. De igual modo, los beneficios para la salud física y mental son indiscutibles, pues se reduce el estrés y los malos hábitos asociados, por ejemplo alimenticios, así como el riesgo de sufrir un accidente laboral. No menos importante sería destacar la necesidad de seguir ganando espacios al capital, en este caso en forma de tiempo libre; rescatar horas de trabajo asalariado para dedicarlas al cuidado de nuestras propias vidas, para poder disfrutar de un mayor tiempo libre y de calidad con nuestros familiares y amigos y con nosotros mismos.
La reducción de jornada laboral no es, ni mucho menos, una quimera utópica. Ya contamos con experiencias cercanas, como Francia, donde desde el año 2000 la llamada «Ley Aubry» limita la jornada a 35 horas. Otros proyectos piloto se están probando ya en países como Islandia y en algunas empresas concretas, como Microsoft, Telefónica, Toyota, Iberdrola, Unilever (Nueva Zelanda), etc., pues la propia patronal ni siquiera es, en principio, reacia a ciertos cambios relacionados con la jornada laboral. Hace apenas unos días Bélgica aprobó un proyecto de reforma laboral que contemplaba la jornada de cuatro días, si bien hay que decir que en este caso no va acompañada de una reducción del cómputo general de horas semanales, sino que pretende que se trabajen 10 horas diarias condensadas en esos cuatro días.
Como vemos, de una manera u otra el debate sobre la reducción de jornada laboral ya empieza a estar sobre la mesa, si bien aún no con la intensidad que debería. Para impulsarlo es necesario un esfuerzo por parte de las organizaciones sindicales y de los movimientos sociales, para que conviertan estas propuestas iniciales en una auténtica reivindicación mayoritaria, como lo fue hace un siglo durante la huelga de «La Canadiense». Seguramente la reducción de jornada no sea una medida suficiente para resolver los problemas estructurales del mercado laboral en España, pero puede suponer un cambio de orientación que nos acerque a un escenario mucho más sostenible, ecológico, digno y, sobre todo, beneficioso para nuestra vida cotidiana, en la que hemos de seguir peleando por ensanchar espacios de libertad y de bienestar individual y colectivo. Y más en los tiempos que corren.
Para impulsar en nuestra ciudad el debate sobre la reducción de jornada laboral sin merma salarial, el Centro Social La Trenza ha organizado una tertulia para el próximo jueves 24 de febrero, a las 19:00 horas, en su local de la calle San Juan de Dios, 17. Puede ser una buena oportunidad para empezar a plantearnos con mayor seriedad la cuestión.
(*) Víctor Aparicio Rodríguez es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y estudiante del Máster en Formación del Profesorado en la Universidad de Alcalá de Henares (UAH). Ha sido activista en diferentes movimientos sociales de Guadalajara y actualmente forma parte de la asamblea del Centro Social La Trenza.
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