Los Fondos Next Generation impulsan la obra pública y la recuperación post pandemia

Por Sonia Jodra

El dinero comienza a moverse y los fondos europeos ya llevan meses dinamizando el mercado de la obra pública en nuestro país. La licitación pública ejecutada por los organismos públicos de Castilla-La Mancha se incrementó un 662 por ciento. La dinamización comercial, la reducción de la huella de carbono y la digitalización siguen siendo los ejes fundamentales en la mayoría de las líneas de subvención, pero la rehabilitación de espacios comunitarios y la construcción de nuevas infraestructuras figura también en la lista de beneficiados por “el maná” de los fondos europeos.

Este año 2022 ha llegado con nuevos bríos para la adjudicación de obra pública entre los organismos regionales, provinciales y locales. La licitación pública ejecutada por los organismos públicos de Castilla-La Mancha se incrementó un 662 por ciento en el mes de enero con respecto al mes anterior, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). La licitación pública ejecutada por todos los organismos públicos de España llegó a los 2.327 millones de euros en enero. Se trata de un crecimiento del 70 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Los datos de este estudio vienen a confirmar una tendencia que ya se había percibido durante el pasado año. Se trata del resultado de los fondos europeos inyectados desde las instituciones europeas en las economías nacionales con la voluntad de impulsar la recuperación de la crisis económica generada por la pandemia. Según el mencionado estudio, con los datos elaborados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), en este 2022 están siendo las comunidades autónomas la que mayor volumen de obra pública licitan, con 1.341 millones de euros, un 266 por ciento más respecto al mismo mes de 2020. Tras las comunidades autónomas, los ayuntamientos, que licitaron un 17 por ciento más en el pasado mes de enero.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, Madrid fue el principal licitador, con cerca de 800 millones de euros, casi 75 veces más. Le siguen Andalucía, con 132 millones. Murcia no licitó ningún contrato y Canarias y Baleares tan solo 1,3 y 1,1 millones de euros.

En términos porcentuales, tras Madrid, Asturias lideró las alzas (6.249%), seguida de Aragón (4.452%), La Rioja (980%), Castilla-La Mancha (662%), Castilla y León (521%), Galicia (465%), Comunidad Valenciana (237%), Baleares (118%), Navarra (84%), Canarias (82%), Andalucía (30%) y Cantabria (18%). En el lado negativo se situaron, Murcia (-100%), Extremadura (-91%), País Vasco (-70%) y Cataluña (-14%).

Por tanto, en Castilla-La Mancha el Gobierno regional y los ayuntamientos lograron elevar más de un 600 por ciento la licitación de obra pública. Todo un incentivo para la economía regional, que sin duda se percibirá en los próximos meses en forma de obras que mejoren la calidad de vida en pueblos y ciudades.

Dicho lo cual, parece que esto de la Unión Europea funciona. Y aunque hoy todos los ojos están puestos en otra absurda guerra que amenaza con sacudir el continente, todo indica que la cohesión europea existe y que en épocas de mayor dificultad los incentivos europeos llegan a la ciudadanía.

La actual coyuntura económica, con una severa crisis de suministros que sin duda se verá agravada por la lamentable situación en Ucrania, provocó que en España durante 2021 se quedaran desiertas casi 500 licitaciones públicas, superando su valor los 230 millones de euros, según los datos aportados por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

El Gobierno ha redactado el borrador de un real decreto ley para amortiguar el impacto que la subida de los precios de las materias primas está ocasionando en la obra pública española. Limitará al 20 por ciento del presupuesto cualquier posible compensación; y los contratistas deberán acreditar que el incremento de los materiales excede del 8 por ciento el importe certificado del contrato en 2021. Este límite no se tendrá en cuenta en los contratos en los que se pacte cualquier otra cifra, en todo caso normalmente limitada al 50 por ciento que marca la ley.

La licitación de obra pública llevada a cabo por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y sus empresas dependientes alcanzó los 5.537 millones de euros en 2021, más del triple (un 215% más) que el año anterior, cuando la pandemia lastró fuertemente la actividad económica. Además, la licitación contabilizada durante el último año también superó en casi un 20 % las cifras registradas en 2019, antes de que estallara la pandemia.

En Guadalajara estamos ya preparados para la puesta en marcha de grandes proyectos de mejora de infraestructuras que sin duda llegarán este año que, además, es año preelectoral.

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