La reforma laboral de Yolanda Díaz: ¿la mejor posible?

Por Ramón Núñez Piñán (*).

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Foto: La Voz de Galicia.

El pasado 30 de diciembre se publicó en el BOE y entró en vigor el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

La reforma se presenta con este primer párrafo:

Hablar de reforma laboral en España es evocar un larguísimo proceso de cambios normativos que no han logrado, sin embargo, acabar con los graves problemas de nuestro mercado de trabajo: el desempleo y la temporalidad. La combinación de ambos ha dado lugar a que el trabajo en nuestro país esté especialmente afectado por la precariedad, como inquietante realidad que da lugar a malas condiciones de empleo, priva a nuestro sistema productivo de desplegar toda su capacidad y dificulta una ciudadanía plena en el trabajo.

Acabar con el desempleo y la temporalidad ha sido siempre el objetivo declarado de las reformas laborales. Eso sí, para ello, esta «camina en dirección contraria a la que ha sido habitual en los últimos tiempos».

Una reforma laboral es una modificación significativa del Estatuto de los Trabajadores. Este, desde su aprobación en 1980, lógicamente ha ido sufriendo distintas modificaciones bajo el mantra de la modernización de la estructura económica española: ya fuera porque hay que adaptar la norma a los cambios sociales y económicos, o porque cambiar la norma iba a propiciar que España (y su clase trabajadora) saborease las mieles del progreso. Las últimas reformas laborales fueron la de 2010 y la de 2012, con Zapatero y Rajoy en el Gobierno, respectivamente, y ambas en medio de la crisis económica provocada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2007-2008.

Entre los objetivos declarados estaba lo que eufemísticamente se conoce como «flexibilizar el mercado de trabajo», pero que en roman paladino es abaratar el despido para, paradójicamente, reducir las altas tasas de paro estructural y cíclico de la economía española. Se trataba de aplicar lo que se enseña en esos nada adoctrinadores manuales de introducción a la economía para los que todo problema del mercado se arregla con más mercado. La recuperación del empleo los años previos a la pandemia sirvió a los apologetas de la flexibilización del mercado laboral para reivindicar sus políticas, a pesar de que la causa podemos encontrarla más en la política monetaria expansiva y la expansión cuantitativa del BCE que en la reforma. Lo que es seguro es que sí fue funcional a la recuperación de la tasa de ganancia del capital, que es al final lo que importa: al menos, eso indicaba en 2015 un estudio de Funcas, la patronal de las cajas de ahorros, según el cual la reforma de 2012 había provocado una caída de los salarios de un 8%.[1]

Supuestamente, otro objetivo del abaratamiento del despido, tanto reduciendo las indemnizaciones como facilitando que fuesen declarados procedentes, era acabar con la llamada «dualidad del mercado laboral», es decir, el hecho de que existan dos tipos de contratos con derechos reconocidos muy dispares: los contratos temporales y los indefinidos, mal llamados «fijos». Para incentivar la contratación indefinida, según la lógica discursiva que atraviesa el neoliberalismo puesto en acción en estas reformas laborales, es preciso acercarlo al contrato temporal en cuanto a la protección del puesto de trabajo. Una aclaración: si se despide a un trabajador por causas objetivas y el despido es declarado improcedente, recibirá como indemnización 33 días por año trabajado; antes era 45 días por año trabajado. Si el despido es declarado procedente, es decir, si se encuentra que es justificado, la indemnización se reduce a 20 días por año trabajado. Y también se ha tendido a que aumenten las causas por las que un despido por causas objetivas pueda ser declarado procedente. Es decir, que un contrato es «indefinido» porque tiene una duración incierta, pero ni mucho menos ilimitada.

En respuesta a las reformas de 2010 y 2012 se convocaron sendas huelgas generales. Por ello, la derogación de la reforma de Rajoy lleva desde entonces siendo un asunto clave en la izquierda española. De hecho, fue uno de los puntos del acuerdo de gobierno PSOE-UP, y del acuerdo de investidura con otras fuerzas políticas de izquierdas que se han visto traicionadas por Yolanda Díaz, quien, antes de ser ministra de Trabajo, dijo repetidas veces que había que derogar la reforma laboral de 2012. Esta derogación pasó de ser íntegra a únicamente «de los aspectos más lesivos», entre los cuales, parece ser, no se encontraba el abaratamiento del despido, entre otros. Poco después se pasó a decir que la reforma no podía derogarse «técnicamente». Y, finalmente, tenemos un texto fruto de unas negociaciones seguramente duras que, efectivamente, mejora la situación con respecto a lo que teníamos antes, pero que no deroga la reforma laboral de 2012.

Son diversos los factores que han influido en unas negociaciones tri- o cuatripartitas (sindicatos, patronal, Ministerio de TrabajoUP– y Ministerio de EconomíaPSOE-), entre los cuales pueden destacar la imperiosa necesidad de obtener los fondos europeos de recuperación NextGeneration o el deseo de presentar (¿también para los fondos, o pensando en objetivos políticos más a largo plazo?) una reforma pactada con la patronal. Sin olvidar la escasa fuerza de UP en el Gobierno, que ha podido ver aquí, justo en su peor momento un balón de oxígeno en el carisma y el prestigio de Yolanda Díaz, o, finalmente, la casi nula capacidad de movilización de los sindicatos mayoritarios para lograr algo mejor. Con respecto a esto último, cabe preguntarse si esa falta de movilización es porque no se puede o porque no hay voluntad real. Además, es contradictorio que se pida calma para no desgastar al Gobierno progresista, y al mismo tiempo lamentarse de que, por la falta de movilización, no se pueda lograr un acuerdo más ambicioso. No olvidemos en este punto que, si bien CCOO y UGT son los sindicatos mayoritarios a nivel estatal, no lo son en el País Vasco [2] y Galicia [3], y en Cataluña CGT ya les supera en cantidad de huelgas convocadas. [4]

En fin, a pesar de que no se ha derogado la reforma de Rajoy, y es discutible que se hayan derogado sus aspectos más lesivos, Yolanda Díaz calificó de «histórico» el día de la aprobación de su reforma laboral. A pesar, también, de que se iba a aprobar con los dos votos de UPN (a cambio de no reprobar al alcalde de Pamplona por unas declaraciones racistas), pero terminó aprobándose por la torpeza de un diputado del PP que estaba en casa, supuestamente enfermo.

De entre los argumentos que defienden esta reforma laboral destaca el hecho de que se trata de la primera vez que se avanza en derechos laborales o que, al menos, no se va hacia atrás. Pero esta afirmación oculta otra verdad dolorosa: también se puede entender como el apuntalamiento del retroceso que supusieron las reformas de 2010 y 2012, contra las que se movilizó la clase trabajadora en su momento. Es decir, si el Gobierno «más progresista de la historia», con el acuerdo de CCOO y UGT, mantiene los 33 días de indemnización en caso de despido improcedente, está enviando una señal muy clara de que podemos ir olvidándonos de los 45 días. También se arguye que desde que la nueva norma ha entrado en vigor, ha aumentado el porcentaje de contratos indefinidos, bien porque quedan anulados muchos contratos temporales, bien porque se desincentiva la contratación temporal. Esto es sin duda una buena noticia, pero de nuevo cabe preguntarse qué valor tiene la contratación indefinida si se mantiene el despido tan barato. Y, por otro lado, ¿habría aceptado la patronal este acuerdo si se hubieran aumentado las indemnizaciones? Volvemos entonces a una de las claves de este asunto: la necesidad, por la razón que sea, de presentar la reforma como un acuerdo con la patronal.

Otro aspecto positivo es que prevalecerán los convenios sectoriales sobre los de empresa, lo cual aumenta la capacidad negociadora de los trabajadores y es de esperar que también aumente la organización y la movilización. Eso sí, no lancemos las campanas al vuelo, porque esto será así únicamente en cuanto a los salarios, como si los tiempos de descanso, las jornadas o los permisos no fueran también condiciones laborales.

Además de la penalización de la temporalidad y la prevalencia de los convenios sectoriales (en los salarios), destaca la recuperación de la ultraactividad indefinida del convenio. Esto implica que la vigencia del convenio, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá en los términos establecidos en el propio convenio. Con la reforma de 2012, transcurrido un año tras la denuncia, si no había acuerdo ni laudo arbitral se empezaba a aplicar la norma de ámbito superior, con peores condiciones para los trabajadores. Con esto, sí que es de esperar que el mango de la sartén cambie de mano en muchas negociaciones.

Como se puede ver, la historia y el resultado de esta reforma laboral están llenos de grises: se puede comprender la frustración por lo que falta, e igualmente es de celebrar lo que se avanza. Está claro que con una mayor movilización se habría acordado un texto más ambicioso; también, que a pesar de las circunstancias (ciertamente, nada favorables) se ha avanzado en derechos laborales, y que quien habla de falta de movilización debería hacer autocrítica para averiguar las causas.

Para fomentar esa movilización, son necesarios espacios de debate constructivo en los que se aparquen los intereses partidistas y la utilización de los derechos laborales como peones en ocultas partidas de ajedrez. Por ello, en el centro social La Trenza vamos a celebrar una tertulia con la presencia de Javier Morales, secretario provincial de CCOO, y María Eugenia, abogada laboralista, quienes nos ayudarán, mostrándonos dos perspectivas diferentes, a desgranar los detalles de la reforma laboral de Yolanda Díaz.

La trenzulia tendrá lugar el próximo 9 de marzo, a las 19 horas, en el centro social, situado en la calle Juan de Dios, 17.

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(*) Ramón Núñez Piñán (Madrid, 1985) es licenciado en Economía y Periodismo y profesor de Economía en la escuela pública. También es miembro del centro social La Trenza.

[1] «La reforma laboral de 2012 provocó que los salarios cayeran un 8%»

https://www.publico.es/economia/reforma-laboral-2012-provoco-salarios.html

[2] Es interesante, a este respecto, esta entrevista a Jon Las Heras Cuenca, profesor de Economía en la Universidad del País Vasco:

https://mrafundazioa.eus/es/articulos/jon-las-heras-201cno-es-un-topico-en-euskal-herria-se-pelea-mucho-lideramos-en-numero-de-huelgas-en-europa201d

[3] El sindicato nacionalista CIG tiene ya más afiliados que CCOO y UGT juntas en Galicia https://www.publico.es/economia/sindicalismo-modelo-combativo-llevado-cig-primer-sindicato-galicia.html

[4] Así lo anuncia CGT en su propia web: «La CGT, sindicato que más huelgas convoca y con más seguimiento en Cataluña»: https://cgt.org.es/la-cgt-sindicato-que-mas-huelgas-convoca-y-con-mas-seguimiento-en-cataluna/

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