Por Eva Grueso
Imagínese que desde hace años, en su empresa, el responsable de su departamento está sobrecargado de trabajo, lo que hace que la entidad no funcione correctamente porque no llega a todo a tiempo. Para paliar la situación, los dueños de la misma deciden que algunas de las funciones que realiza el responsable de ese departamento, pasen a otro departamento, es decir, a usted, quien ya tiene tareas suficientes para sus ocho horas de trabajo, pero que se ve obligado a aceptarlas bajo la promesa de un aumento de sueldo en función de la importancia de esas nuevas tareas que antes hacía el jefe. Hasta ahí bien. Pero pasan los años, el responsable del departamento sigue hasta arriba, y a usted (y sus compañeros de mismo rango) les siguen delegando más responsabilidades con la misma promesa sobre la mesa. Pero una década después, no han visto ni un euro de esa subida. ¿Cómo se sentiría? ¿Cuándo diría basta?
Ahora cambiemos los términos empresa por Ministerio de Justicia, responsable de departamento por juez y usted por letrado judicial (más conocidos como secretarios judiciales). ¿Cambia la historia? ¿No merecen estos trabajadores un sueldo digno acorde a sus funciones? Sí, ¿verdad?. Bueno, pues al Ministerio de Justicia y a los sindicatos de clases (léase CCOO) parece que no. Al menos eso es lo que entienden desde la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), máxima representante de estos funcionarios, ya que el pasado mes de diciembre, cuando convocaron las primeras medidas de conflicto, el Ministerio en lugar de reunirse con ellos, lo hizo con CCOO llegando a un acuerdo del que ni se les preguntó ni se les informó. Aquel acuerdo conllevaba una importante (aunque insuficiente a su juicio) subida salarial, es cierto, pero tres meses después siguen sin ver un euro. Quizá en la próxima nómina.
En palabras de un miembro del Comité de Huelga de UPSJ, es una «negociación paralela» con la que están más que molestos, ya que se trata a su juicio de dejar de lado a todas las partes y tratar solo de «llegar a un entendimiento con los sindicatos mayoritarios que no son mayoritarios entre los letrados judiciales». Sin enredarnos mucho en la ley, es de cajón entender que el «empresario» debe sentarse a hablar con quienes convocan una huelga. En este caso la huelga no fue convocada por CCOO, pero ha sido con quien el Ministerio ha decidido negociar. De nuevo, la promesa (aun sin cumplir) de una subida de sueldo y la convocatoria de oposiciones han calmado las aguas entre los sindicatos mayoritarios de los trabajadores de toda la Administración de Justicia, no así entre los letrados judiciales, que siguen en conflicto.
Con estas dos premisas bajo la toga, los letrados judiciales de Guadalajara secundaron las huelgas convocadas a nivel nacional hasta ahora, el 26 de enero y el 9 y 10 de marzo, con un éxito rotundo. No son muchos, tan solo 21 en toda la provincia, pero si ellos paran, para el juzgado entero, ya que se encargan de llevar a cabo una larga lista de tareas, como levantar acta, dar fe pública, juicios, declaraciones… En Guadalajara, esta última huelga supuso que de 67 juicios pendientes solo se celebraran 8 (servicios mínimos), de 63 declaraciones previstas y otras actuaciones se suspendieran 62 y de 14 diligencias, no se ejecutó ninguna. Paralización total del Juzgado de Guadalajara durante dos días seguidos. Y en abril serán tres días de huelga mientras el Ministerio mantenga sus líneas rojas, esto es: solo negociar con los sindicatos más grandes y reiterarse en la subida salarial pactada con ellos en diciembre, sin atender las reivindicaciones del colectivo.
Los letrados judiciales son funcionarios con un perfil y tareas equiparables a las de los jueces o fiscales, pero con una retribución mucho menor; hay complementos donde cobran el 50%, por ejemplo. Como garantiza la Constitución están en su derecho de convocar una huelga. Pues bien, ¿por qué desde CCOO no se les informa o, es más, se les incluye en las negociaciones con el Ministerio? «Porque nos consideran una élite«, pese a que acceden al puesto a través de una oposición pública con garantías constitucionales idénticas para todos los ciudadanos. Así de tajantes se muestran desde UPSJ quienes añaden que «la paz se ha roto porque no hay respeto a nuestros derechos». Argumentan que «asumiendo más de 600 funciones suponemos un ahorro importante al Ministerio, ya que evitamos la realización de muchísimos juicios, descongestionando los juzgados a través de la mediación; también casamos y divorciamos; tramitamos todos nuestros asuntos más los del juez que nos corresponda; nuestra firma tiene valor de documento público; pero seguimos sin tener la subida salarial que merecemos».
Quedan tan solo dos semanas para que llegue la próxima convocatoria de huelga y hasta ayer poco o nada se había tratado el asunto en las Cortes. Este martes, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, lanzaba una pregunta al secretario de Estado de Justicia sobre asuntos de su competencia entre los que mencionó la reivindicación de los Letrados Judiciales. El secretario, Tontxu Rodríguez, no hizo alusión alguna a esa parte de la cuestión, lo que para la UPSJ solo demuestra que «fingen que no existimos».
Por lo tanto, vecinos, si tienen cita para un juicio o una declaración en el Juzgado de Guadalajara los próximos 5, 6 y 7 de abril, tengan en cuenta que si la huelga se mantiene y su asunto no es de urgencia, será suspendido, ya que el colectivo está unido y la amenaza de huelga se cumplirá al cien por cien (salvando los servicios mínimos, por supuesto). «Los ciudadanos no se merecen esto», sentencian desde UPSJ, quienes acusan directamente a la «mala gestión del empleador» de la situación de la Administración de Justicia del país. Y si la huelga sigue sin hacer reaccionar al Ministerio, acudirán a donde haga falta, al Defensor del Pueblo, a Europa e, incluso, cabe la posibilidad de judicializar el asunto.
El hexágono de Guadalajara 