Sí es sí

Por Gustavo García

Solo sí es sí se rebajan las penas a los violadores y abusadores sexuales por aplicar una ley en el sentido contrario al que se pretendía. Solo sí es sí sus impulsores no tienen otra cosa mejor que hacer que políticas supuestamente feministas. Solo sí es sí los diputados que aprobaron la normativa hicieron caso omiso de los expertos que advertían que habría resquicios favorables a los delincuentes. Solo sí es sí nos vemos una vez en manos de quiénes estamos. Lamentable, ineficaz, chapucera, desastrosa, obscena, infumable, terrible, bochornosa, ridícula… así ha resultado la aplicación de la ley conocida como Solo sí es sí.

Después de lo que conocemos y hemos visto, leído y escuchado durante los últimos días, poco más hay que añadir, salvo explicar y ponderar lo que ocurre en este país. Es sencillo, al margen de la idea que se pretendía con la normativa, para al parecer proteger más a la mujer de los ataques machistas y demás ocurrencias de la ministra Irene Montero & Company, está claro que sus asesores y los otros 204 diputados del Congreso que votaron a favor de la ley tienen la misma responsabilidad –o parecida– que ella misma. Como siempre, no todos los parlamentarios estaban a verlas venir, sino que algunos se informaron de lo que supondría la aplicación de esta ley y lo argumentaron en la tribuna de las Cortes.

La cascada de rebajas en las condenas impuestas por graves delitos sexuales, como consecuencia de la entrada en vigor de esta Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ha suscitado un aluvión de reacciones y ahora todo el mundo quiere darse prisa por revisar de manera urgente del texto normativo e incluso exigiendo la dimisión inmediata de dicha ministra, que es precisamente la de Igualdad. Los partidos que se sientan en el Congreso, uno tras otro, se han sumado a la apuesta por reformar la ley que ellos mismos aprobaron sin percatarse de la bomba que ocultaba. Únicamente el PP, con una enmienda de totalidad con texto alternativo y, después, ERC y el PDeCAT, con sendas enmiendas al articulado, advirtieron del coladero que se escondía en la norma. Ninguna de sus objeciones fue tomada en consideración, como tampoco lo fue la alerta que recogía el Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo, aunque no vinculante.

Estas tres formaciones metieron el dedo en la llaga de las previsibles distorsiones de penas que podrían producirse al eliminar las dos categorías de delito sexual, como son abuso y agresión, y unificarlos bajo la denominación más grave, la de agresión, con horquillas de penas rebajadas en los mínimos y, en algún caso, también en los máximos. Si bien ellos hablaban por entonces más de la posible rebaja de las penas máximas y no de las menores, por revestir aquellas mayor gravedad y escándalo, pero los tres incidían en que la unificación de delitos plantearía un grave problema.

Según el artículo 2.2 del Código Penal al reo se le aplica de forma retroactiva la ley penal que le beneficia y esto afecta, tanto a los más penados si el máximo previsto en la horquilla de castigo se rebaja, como a los menos penados si el mínimo de la horquilla de castigo disminuye. Es por eso que la llamada de atención de las tres formaciones debería haber suscitado la reflexión que no fue tal. La única posibilidad de evitar este efecto habría pasado por introducir en el texto legal una disposición transitoria, disponiendo que si las penas ya impuestas se encuentran dentro de la nueva horquilla de castigo, no se procederá a su revisión. Lo cual aporta bastantes dudas inconstitucionales.

En las últimas horas la Fiscalía General del Estado ha emitido este lunes un decreto para uniformar la respuesta de todos los representantes del Ministerio Público a las revisiones de condenas a agresores sexuales. En el texto, de obligado cumplimiento para todos los fiscales, se descarta que apoyen revisiones de condena si se le puede aplicar la misma pena con la nueva reforma del Código Penal. 

De hecho, se está demostrando que si se elimina el delito de abusos tratando de manera uniforme cualquier ataque a la libertad sexual, como si todos fueran de la misma gravedad, en la práctica supone una rebaja de las penas de los delitos más violentos por la necesidad del legislador de reducir el castigo originalmente a los casos más graves, para dar respuesta a aquellos que son más violentos.

Y, lejos de rectificar su flagrante y colosal error [ahora reforzados con el apoyo del fiscal general], los promotores/as de la ley se ponen a la defensiva y acusan de machismo a diestro y siniestro, comenzando por los jueces. O, en su defecto, como ya nos tenía acostumbrados Pablo Iglesias, de campañas orquestadas en contra de estas políticas que pretenden fomentar la igualdad. ¡Manda huevos!

Mientras, el goteo de condenados que han visto cómo la ley abría una grieta para poder reclamar una revisión de sus condenas a la baja, no cesa.

Como han denunciado muchos medios de comunicación estos días, el daño de esto es irreparable porque al que han reducido la pena no se la van a aumentar. “La ministra dice que los jueces son machistas… Serán los jueces y las juezas, porque más de la mitad son mujeres. Podemos les llama fachas con toga. Estamos en un momento flipante”, lamentó, por ejemplo, Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. En sentido similar se pronunció Ana Rosa Quintana en su también programa televisivo de las mañanas:

“Han pasado de retorcer la ley a una voladura de la separación de poderes. Y de ahí al insulto. La ministra de Igualdad no asume los errores en la ley del sí es sí». Incluso, lo explicaba con lenguaje inclusivo de forma mordaz: “Acusan a los jueces hombres y acusan a las juezas mujeres. Acusan a todos, a todas y a todes. Un 54,8% de los jueces en España son mujeres. ¿Todas son machistas y prevaricadoras o la ley es un churro? La ministra Montero pide a los jueces que se formen. ¿Por qué no se forman ustedes en Derecho?”.

De una manera u otra, lo cierto es que esta ley supone que ahora mismo las mujeres estén más desprotegidas por una cantada descomunal, que no han querido escuchar. Algo a todas luces, inaceptable. 

La manada 

Jueces, fiscales, la oposición en pleno en el Congreso de los Diputados o la propia exvicepresidenta y anterior ministra de Igualdad, Carmen Calvo, claman contra lo que está ocurriendo. Pero, las penas de los condenados continúan rebajándose. El caso más sangrante es el de la manada, cuyo abogado está manos a la obra para librar a uno de sus defendidos de la cárcel –los demás no pueden por estar implicados en más casos–. Y es que, la violación grupal de Pamplona, que sacó a las feministas a la calle para pedir una mayor pena de prisión para los agresores, apunta a que podría ahondar más en la herida de los causantes de este desaguisado.

El propio abogado de la manada, Agustín Martínez, señala gráficamente que “lo que hay es una mala ley, basada exclusivamente en la propaganda y que ha intentado engañar a la población, vendiéndose como que era una reforma muy positiva, centrándose en el elemento del consentimiento cuando el consentimiento es el elemento primario que existía en el Código Penal anterior”.

Y otro de los casos grupales más conocidos, como es el del Arandina, verá igualmente mermadas las penas para sus condenados.

En este momento, todos ya pendientes del Tribunal Supremo para ver qué decisiones adopta acerca de las posibles modificaciones de la norma, lo cual se producirá en menos de un mes. Ya hay varios recursos contra sentencias por delitos sexuales, donde los condenados han solicitado que se tenga en cuenta el cambio propiciado por la ley, por lo que será la primera vez que el alto tribunal entre a estudiar una reforma penal que ha supuesto que el delito de abuso sexual prácticamente desaparezca para incluirse en el de agresión, con una horquilla de penas donde la menor es más baja que la existente cuando había dos diferenciados. El Supremo tendrá que manifestarse en dos vertientes, por un lado, se pronunciará acerca de los recursos de casación contra sentencias dictadas por delitos sexuales y, por otro lado, se espera que lleguen también recursos contra las revisiones de pena de las condenas ya firmes que hagan tribunales inferiores. Lo fundamental es que sus resoluciones unificarán el criterio interpretativo de la nueva norma.

Y, no todo arranca tampoco de la ideología, ni mucho menos. El mejor ejemplo son las declaraciones de la magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Balaguer, quien advierte de que no se protege a las víctimas y que el problema no es de jueces. Y, en declaraciones a la Cadena SER, separaba la sensibilidad social o política de un magistrado, de su integridad profesional. Se reconoce “muy de izquierdas y feminista”, pero indica: ”Estoy muy orgullosa de ser feminista, pero muy lejos de estar tentada por la arbitrariedad. Tenemos que tener una autorestricción, y esa autorestricción el tribunal no debe perderla nunca porque si la pierde, entonces sí que es verdad que está en los avatares de la política y yo creo que es justo lo contrario”.

Vamos que el estropicio no hay por dónde cogerlo. ¡¡Vaya impresentables!!

6 comentarios en “Sí es sí

  1. No veo que la prudencia acompañe al redactor de este artículo
    ¿Por qué no esperar a ver cual es la opinión competente antes de tildar de incompetentes a quienes han impulsado la ley?
    Unos advirtieron de unos efectos y otros no ¿a cual de ellos prestar atención?
    ¿Cuántas penas se han rebajado frente a las solicitadas?
    No se menciona la posición de la jurisdicción de La Rioja, que no ha revisado ni una sentencia.
    La Fiscalía ya ha hablado y apoya en lo fundamental al Gobierno.
    La bilis no ayuda y si hay ocasiones para criticar al Gobierno y a sus sector de Unidas Podemos de momento no hay verdaderos argumentos para hacerlo por este asunto y menos con la saña que se está haciendo, en mi opinión.

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