Los pactos ‘extremos’

Por Gustavo García

Los medios nacionales se siguen haciendo eco de la reducción de penas por la Ley de Montero.

Son incómodos los pactos a derechas y a izquierdas para los partidos más fuertes. La instituciones hace que muchas veces PSOE y PP tengan que hacer de ‘tripas corazón’ y necesidad de encontrar una mayoría estable para poder gobernar en las distintas dejarse arrastrar por sus extremos. Últimamente estamos viviendo dos casos claros de este juego de intereses. Los populares no saben cómo mirar para otro lado en el conocido como ‘Protocolo Antiaborto’ que se ha inventado su socio de gobierno en Castilla y León, Vox. Mientras, los socialistas siguen mordiéndose las uñas y la lengua para no dejar en mal lugar a Podemos en su coalición nacional por el espinoso asunto de la Ley del Sí es Sí, que ya lleva camino de mejorar las penas a dos centenares largos de violadores, abusadores sexuales y otros delincuentes en tal materia.

Hasta que quedan pocas fechas para unas nuevas elecciones no rompen claramente sus diferencias los partidos coaligados, como se viene demostrando en los distintos gobiernos que se formaron en los anteriores comicios autonómicos y municipales, con honrosas excepciones. Parece, por tanto, que no será hasta pasada la primavera cuando la coalición nacional PSOE-Podemos se mantenga viva y ahí es cuando los socialistas es de esperar que tomen cartas en el asunto y atajen de una vez el desaguisado que vienen manteniendo a capa y espada sus socios de gobierno, encabezados por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y su secretaria de Estado, también contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez ‘Pam’ –la líder del grupo de las famosas risas en una televisión afín y que se autodefine en su perfil de twitter como feminista, bisexual y galega, en ese orden–.

No reconocer el error y rectificar, sino echar la culpa a ‘fachas’, como dicen que son los jueces, otros hombres ‘machistas’ que van contra todo lo que representa la mujer o lo que critiquen al respecto los partidarios de la extrema derecha, es poco menos que una irresponsabilidad, acrecentada para alguien que ostenta hilos de poder. En las filas socialistas ya dijeron inicialmente que sería el Tribunal Supremo quien marcara jurisprudencia y se unificaran las sentencias respecto a la polémica Ley del Sí es Sí. Pues bien, la norma no ha variado nada respecto de los que advirtieron del resquicio legal que suponía para los condenados por delitos de índole sexual y, a los primeros casos producidos, se han ido acumulando más de 200 desde el inicio de la aplicación de tal Ley. El hecho inescrutable es que los reos se siguen beneficiando de estos resquicios y los jueces se ven obligados a aplicarles la pena más favorable existente, según dicta el Código Penal. Por eso, una jurista de prestigio y nada sospechosa de tener simpatías por partidos e ideologías como las de Vox, Manuela Carmena, es la última que ha puesto el grito en el cielo con lo que está pasando. “Soberbia Infantil”. Así calificó lo que sucede con la polémica normativa y la falta de cintura del Ministerio de Igualdad para echar marcha atrás, evitando así que los delincuentes vean reducidas, un día sí y otro también, sus condenas. Todos nos equivocamos y el dicho está bien claro: “De sabios es rectificar”. Como queda apuntado, y si tienes responsabilidades de gobierno, eso se multiplica, con mayor motivo. No tiene ningún sentido mantener la injusticia, solamente por no dar su brazo a torcer. Acusar a los demás de la mala gestión propia es echar balones fuera, pero eso no resuelve nada y, a la larga, los responsables de tales desastres pagan las consecuencias. Eso sí, mientras otros se benefician de sus desmanes y las víctimas echan humo. Con ellas es con quien más hay que solidarizarse y apoyarlas en todo lo posible. Y no, no es cuestión de machismos y extremos políticos mal entendidos. Es lo que hay. Sin más.

García-Gallardo es una bomba en el Gobierno de Castilla y León.

Otro tanto ocurre, aunque a un nivel diferente, con la salida de pata de banco del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox. Él es el principal valedor en la aplicación del llamado ‘Protocolo Antiaborto‘, que no es otra medida que la puesta en marcha de políticas auspiciadas por la extrema derecha. Parece que la única intención es dejar su impronta en el Gobierno regional, claramente poniendo muy entredicho la libertad de elección por parte de las mujeres. En un tema tan sensible como el del aborto ni los médicos ni las propias embarazadas pueden estar coaccionados por leyes que les marquen por dónde deban ir sus pensamientos. Los facultativos siempre cuentan con su objeción de conciencia y a ellas no se les debe coartar su libertad de elección imponiéndoles normas como el que escuchen obligatoriamente antes de su toma de decisión el latido del feto.  

A estas alturas del siglo XXI dichas libertades tienen que estar por encima de todo lo demás. Cada cual sabe lo que quiere y cuándo lo quiere. Ni los políticos ni las instituciones deben inmiscuirse en lo que la mujer desee hacer en cada momento. Su conciencia y sus pensamientos son suyos y no de otros que pretendan dirigirles su vida personal.

Aquí, el Partido Popular está haciendo encaje de bolillos para no agraviar a su socio de gobierno en Castilla y León. Sin embargo, son varios los dirigentes de otras comunidades y de la misma autonomía los que ya se han mostrado en contra de la adopción de esta medida auspiciada por Vox. En este caso, las elecciones autonómicas se han celebrado recientemente y el pacto entre ambos partidos de la derecha es demasiado reciente como para ponerlo en duda a las primeras de cambio. No obstante, las diferencias de criterio son evidentes y, también en esta situación, los miembros del partido principal en la coalición de gobierno tienen que tragar saliva para no ponerse en contra de la idea que se ha sacado de la manga su socio minoritario.

A diferencia de Podemos, lo que intenta aplicar Vox con este tipo de políticas no es un escudo que al final sirve a los condenados por delitos sexuales –pese a que esa no es su intención en realidad– y, aunque los extremos no se toquen en esta ocasión, sí que ponen en un brete a los partidos mayores a los que están unidos y más cercanos en ideología. No todo vale. El que quiera que aprenda de sus errores.

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