Niños descarriados

Por David Sierra

Era uno de esos niños descarriados. Pertenecía a ese grupito de tres o cuatro que había en cada aula cuyos padres habían optado por salirse de la regla dominante preestablecida, para inscribirlos en algo que se conocía como la Ética, una asignatura de las considerada “maría” que de alguna manera permitían diferenciarte del resto. Los desafortunados debían acudir a un aula aparte, donde se juntaban con otros estudiantes herejes del mismo curso para completar el grupo. Como los garbanzos negros que se apartan en un cocido. La figura de Don Juan Carlos ya imperaba en las paredes de la escuela pública – que no laica -, junto con el Cristo crucificado, símbolo de la trascendencia que aún tenía la religión en la vida social.

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En el patio, los devotos utilizaban el vocabulario insertado en sus mentes para dotar de calificativos tan despectivos como “comunista” o “ateo” a quienes sus tutores habían orientado hacia esa formación errónea en la materia de valores cívicos. En esos pupitres se aprendía a respetar a los demás, a concebir los sustentos constitucionales como normas para el buen funcionamiento de la sociedad, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la aceptación del ser humano sin importar su color de piel o condición, a ayudar a los que más lo necesitan. E incluso a perdonar. Estipulaba cuáles eran las obligaciones y deberes que las personas tenían como seres individuales y colectivos. También había un apartado incipiente donde el término ciudadanía adquiría un sentido más extenso que trascendía fronteras. Y ni la virgen o ningún Dios les salvaba de reproducir unos cuántos cientos de veces, a modo de castigo, la frase correcta a la transgresión de alguno de estos postulados. Pero era una “maría”. La alternativa a los carentes de devoción divina.

A lo largo de la historia reciente de nuestro país, esta conflictiva materia – por ser alternativa a la religión – ha pasado por el calvario de diversas modificaciones en cuanto a su contenido y relevancia en el peso académico del estudiante en función de las alternativas políticas dominantes en cada momento. Del ostracismo a una importancia trascendental para recalar de nuevo en el olvido. La adaptación de esta asignatura al modelo educativo tendente en la Unión Europea sobre los principios y valores regidos en el ámbito de la generación de una concienciación más europeísta tuvo como resultado la polémica Educación para la Ciudadanía surgida del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Palabras y conceptos como adoctrinamiento, ideología de género, sexualidad o afectividad han formado parte de la retahíla de argumentos sobre los que han basado su crítica aquellos sectores más conservadores interesados en frenar una materia fundamental para garantizar la convivencia en un entorno social cada vez más expuesto a los cambios favorecidos por el proceso globalizador imperante en la mayor parte de los ámbitos. Asignaturas que hablen al alumno sobre la vida y el modo de organizarse del ser humano son fundamentales, más aún si se atiende a la eliminación de materias que fomentan el espíritu reflexivo tal como la Filosofía. El resultado es evidente y desemboca en una banalización de la sociedad amplificada por la presencia de redes sociales que ensalzan más la cubierta que el trasfondo.

La puesta en marcha de una iniciativa piloto por parte del Gobierno regional para implantar la asignatura Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad es un nuevo intento para dotar a los alumnos del presente y del futuro las herramientas precisas para formar parte de ese nuevo modelo de convivencia que, desde hace algunos años, vienen promoviendo instituciones como la Fundación para la Cultura Europea, de la mano de asociaciones comprometidas con la tolerancia, la responsabilidad y la autocrítica.

En la provincia de Guadalajara, los centros de Primaria elegidos donde se impartirá esta nueva materia son: ‘Rufino Blanco’, ‘José Maldonado y Ayuso’ de Mondéjar, ‘Badiel’, ‘Río Henares’, ‘Pastrana’, en Pastrana, ‘Las Castillas’, de Torrejón del Rey Guadalajara, ‘La Arboleda de Pioz’, en Pioz, y en el ‘María Montessori’ de El Casar. Mientras que en Secundaría estará presente en el ‘San Isidro’ de Azuqueca de Henares, ‘Mar de Castilla’, de Sacedón y  ‘Clara Campoamor’, de Yunquera de Henares.

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Como era de esperar, ya ha habido varias asociaciones de marcado carácter impositivo ideológico – incluso en su denominación -, tal como la Concapa (Confederación Católica de Padres), la Asociación de profesores Educación y Persona y la Federación España Educa en Libertad que han puesto el grito en el cielo utilizando las expresiones de costumbre.

Hasta la fecha, la ampliación de centros educativos donde desarrollar esta experiencia pone de manifiesto la voluntad del ejecutivo autonómico de apostar de manera fuerte y decidida por una escuela de futuro alejada de las creencias, las supersticiones y los estereotipos para fundamentarse en los valores del civismo y la integración en la diversidad como motores del bienestar social e individual. Y sólo falta que la Administración dote a las aulas de los recursos necesarios y profesionales adecuadamente formados y capacitados para que esta gran apuesta no se trunque antes de empezar. En sus manos está.

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El lío de la Educación

Manifestación de alumnos de Alovera pidiendo un nuevo instituto // Foto: Sindicato de Estudiantes de Guadalajara

Manifestación de alumnos de Alovera pidiendo un nuevo instituto // Foto: Sindicato de Estudiantes de Guadalajara

 

Por Álvaro Nuño.

El cambio de signo político en el Gobierno de Castilla-La Mancha parece que no ha logrado apaciguar los ánimos en el siempre sensible sector de la enseñanza en nuestra región. Si bien, una de las simbólicas primeras medidas adoptadas por Emiliano García Page fue la de abrir numerosas escuelas rurales cerradas por María Dolores de Cospedal y Marcial Marín, consecuencia de una política de severos recortes que afectó a los servicios públicos esenciales, el aparente vacío de gobierno en esta Consejería -encabezada hasta hace un mes por la alcarreña Reyes Estévez, a la que sustituyó temporalmente el vicepresidente por una baja por enfermedad, que después se convirtió en dimisión y de la que ahora es titular Ángel Felpeto– y el limbo normativo provocado por la negativa de los gobiernos autonómicos del PSOE de aplicar la vigente Ley de Enseñanza aprobada por el PP, han hecho que tanto docentes, como padres y el grupo Podemos, que apoya a los socialistas en Toledo, mantengan sus críticas y afirmen que Page no sabe cómo salir de este embrollo.

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Curso escolar 2014/15: Consejería de Educación, suspenso.

Ángel Renieblas, profesor y presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario de Guadalajara.

Ángel Renieblas, profesor y presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario de Guadalajara, en representación de STE.

Por Ángel Renieblas*

El curso que acaba es el último del gobierno de Cospedal y, por ello espero, como Presidente de la Junta de Personal Docente de Guadalajara, que sea el último curso de los recortes en la Educación Pública. Confiamos en el compromiso del nuevo gobierno que entra, pero estaremos expectantes.

Los últimos años hemos sufrido recortes duros para la educación pública en Guadalajara. En torno a 600 docentes menos que hace cuatro años; numerosas escuelas rurales cerradas (Anguita, Alcoroches, Hita, Hueva, Escariche, Galve de Sorbe, Condemios, entre otras), ratios elevadísimas en nuestras aulas, supresión de apoyos en Educación Infantil y una Formación Profesional infradotada, ya que se han abiertos 14 ciclos formativos en Guadalajara sin atender a las necesidades de los mismos o, en palabras de la Administración educativa, con coste cero.

Además del maltrato hacia el colectivo interino, que ha visto perder el derecho al disfrute de la paga en verano, entre otros recortes, el curso estuvo marcado por unas elecciones sindicales en las que los sindicatos de izquierdas (STE-CLM, CC.OO. y FETE-UGT) hemos superado a los de derechas (ANPE Y CSIF) en Guadalajara.

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Rebelión en las aulas

Los principales problemas de conflictividad en las aulas se producen en Secundaria //Foto: www.juanvaldes.es

Los principales problemas de conflictividad en las aulas se producen en Secundaria //Foto: http://www.juanvaldes.es

Por Ana María Ruiz

Hace dos años y medio entró en vigor en Castilla-La Mancha la Ley de Autoridad del Profesorado, un documento que convirtió a la región en la primera Comunidad Autónoma del país en reconocer la figura de autoridad pública para los docentes y estableció las condiciones básicas para su ejercicio profesional. Una autoridad que, hoy por hoy, ya está recogida en la LOMCE.

Con esta normativa, se pretende “reforzar la autoridad del profesor como pieza esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que debe darse un buen clima de trabajo mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa”. Es decir, se trata de una herramienta para favorecer un clima de convivencia positivo en los centros educativos y poner en valor la figura del profesor. Para reforzar esta Ley, la Consejería de Educación creó en 2013 la Unidad de Apoyo al Profesorado, un servicio administrativo encargado de proteger, ayudar y apoyar a los docentes en caso de situaciones problemáticas generadas en los centros.

Aunque es cierto que estos mecanismos han supuesto una ligera mejora en las condiciones de trabajo de los docentes con respecto a años anteriores, los resultados de la Memoria del Defensor del Profesor presentada la pasada semana por el sindicato ANPE– mayoritario en el sector de la enseñanza pública en la región- pone de manifiesto que todavía queda mucho camino por andar. “El problema de convivencia en las aulas sigue siendo una asignatura pendiente en el sistema educativo español, que no se resolverá fácilmente sin un apoyo político, social y familiar”, afirma Inmaculada Suárez Valdés, redactora del informe.

Así, en el año académico 2013/2014 aumentaron respecto al curso anterior los problemas para dar clase, los insultos al profesorado, los conflictos derivados del uso de las nuevas tecnologías y, lo que es peor, el acoso y las amenazas de los padres, especialmente en los ciclos de Infantil y Primaria. Sí, como lo leen. El 28% de las denuncias recibidas en el servicio de Defensor del Profesor están motivadas por la actitud de los progenitores de los niños y adolescentes, es decir, precisamente por quienes deberían ser los principales responsables de la educación de sus hijos. Los profesores denuncian sentirse cuestionados por muchos padres que no aceptan las normas que se aplican en clase, defienden a sus cachorros con uñas y dientes aún cuando no llevan ninguna razón, son recriminados delante de los niños y, en definitiva, pretenden imponer al maestro su propio criterio de cómo se ha de educar a sus hijos sin importarles si se pisotean los derechos de los demás alumnos. Incluso llegan a acceder a las aulas en actitud amenazante, presentan denuncias falsas ante la Inspección educativa, exigen el cambio de notas de exámenes y, en algunos casos, se llega a la agresión física. Ante la actitud de estos padres, es lógico que sus retoños se sientan respaldados, lo que refuerza sus comportamientos incívicos en clase: insultan al profesor, ponen los pies encima de la mesa, rompen el material o el mobiliario escolar, interrumpen las clases e impiden que la mayoría de sus compañeros pueda seguirlas con normalidad. Y todo ello con la impunidad que les da saber que no van a recibir ningún castigo por su total falta de respeto, ya que se limitan a reproducir los comportamientos de sus padres. Sin duda esto debería hacernos reflexionar. ¿A qué mandamos a nuestros hijos al cole o al instituto? ¿A recibir una formación adecuada para su futuro o a pasar el rato? Pónganse ustedes por un minuto en la piel de esos profesores y piensen cómo deben sentirse al finalizar la jornada.

Cartel del servicio del Defensor del Profesor, puesto en marcha por ANPE en 2005//Foto: ANPE

Cartel del servicio del Defensor del Profesor, puesto en marcha por ANPE en 2005//Foto: ANPE

Los alumnos. Por detrás de la actitud de los padres se sitúan en la Memoria de ANPE las quejas relacionadas con el mal comportamiento de los alumnos: faltas de respeto (un 27% del total), problemas para dar clase (25%), acoso y amenazas (16%), insultos (14%), conductas agresivas (14%), utilización del móvil para realizar grabaciones o fotos en clase, uso de las redes sociales para acosar, amenazar e incluso suplantar la personalidad del profesor (7%) y provocar daños a propiedades o pertenencias (6%). Como ven, se trata de un panorama bastante desolador. ¿Creen ustedes que este es el ambiente más idóneo para impartir o recibir clase? Y no se vayan a pensar que ocurre sólo en la enseñanza pública, ya que los mismos comportamientos se repiten en la concertada.

Según se afirma desde ANPE, parte de la problemática viene generada por los recortes presupuestarios en Educación que se han traducido en la falta de profesorado y la masificación de las aulas, que genera una gran frustración entre el profesorado, al que le faltan apoyos para atender a los alumnos con necesidades especiales y para poder hacerse con las riendas y el control de la clase. No obstante, la mayoría de los problemas están generados por la existencia de alumnos conflictivos, nada motivados para el estudio, que impiden el normal desarrollo de las clases, lo que dificulta el trabajo y el aprendizaje de sus compañeros. Estos jóvenes y adolescentes mantienen una actitud de continuo enfrentamiento hacia sus profesores: les retan, les insultan, les faltan al respeto, intentan boicotear las clases, no realizan las tareas que se mandan para casa, se jactan de su falta de interés, les amenazan e incluso llegan a la agresión física y moral (rotura de cristales de vehículos, pintadas en sus domicilios, lanzamiento de objetos en clase, etc.) Estos “estudiantes modelo” también suelen dirigir su ira hacia otros compañeros, los más débiles, que terminan siendo objeto de acoso y tienen miedo incluso de asistir a clase. Y todo ello, de nuevo, ante la pasividad de unos padres que, o bien les defienden, o bien les han dejado por imposibles y eluden cualquier responsabilidad en su educación creyendo que ésta recae únicamente en manos de sus profesores.

No vayan a pensar ustedes que los colegios e institutos de Guadalajara son poco menos que el Bronx y que todos los padres y madres tienen una actitud de total permisividad hacia sus hijos. Estos especímenes constituyen una minoría pero son precisamente los que impiden que exista un clima de convivencia escolar en el que prime el esfuerzo, el trabajo y el interés por aprender. Los alumnos conflictivos son niños y adolescentes que han crecido sin conocer los límites. Pequeños dictadores a los que hay que poner freno. Y esa labor, no lo olvidemos, comienza en casa.

Ansiedad y depresión. Ante esta situación, no es de extrañar que el 10% del total de los 3.345 docentes de toda España que se han dirigido al Defensor del Profesor se plantee dejar la profesión y que los estados anímicos más habituales del colectivo sean la depresión o la ansiedad. Los profesores ven cómo su trabajo diario, que es el de transmitir conocimientos e inculcar a nuestros hijos el interés por el estudio, está cada vez más desprestigiado por lo que cada día que pasa se sienten más desprotegidos, desamparados e indefensos ante determinadas conductas que impiden el desarrollo normal del trabajo en las aulas y crean un clima de hostilidad que en nada beneficia a nuestro sistema educativo.

Y aquí entra en juego el papel de la Administración educativa, que si bien les reconoce como autoridad y pone a su disposición servicios de apoyo y asesoramiento jurídico, les da la espalda en demasiadas ocasiones. Desde ANPE se viene denunciando que los docentes se sienten ninguneados por un Ministerio y una Consejería que les abandonan a su suerte, especialmente cuando se producen casos de denuncias falsas, en las que se da mayor credibilidad al padre o alumno ante situaciones en las que después queda demostrado judicialmente que el profesor llevaba razón. O aplicando continuos recortes en materia educativa que fomentan un malestar entre profesorado y alumnado que en nada contribuye a crear el clima necesario para que se pueda cumplir el doble objetivo de recibir una educación de calidad y ejercer la docencia con un mínimo de garantías.

Algo está fallando. Administración, profesores, padres y alumnos debemos caminar de la mano para atajar el problema de la conflictividad en los centros educativos, para crear escuelas e institutos en los que sea una realidad el derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Es necesario contar con alumnos y profesores motivados, padres dispuestos a colaborar en el proyecto educativo de sus hijos y administraciones que pongan a la Educación en el primer puesto de su lista de prioridades. De otra forma el sistema educativo español está abocado al fracaso, por muchas reformas educativas que se quieran introducir.