Efectivos de la lucha contra incendios, estos días en Bustares. // Foto: Efe.
Por Rubén Madrid
En los últimos días en que el fuego ha devorado más de 3.100 hectáreas de monte en la Sierra Norte de Guadalajara, con dos grandes incendios declarados en Aleas y Bustares que siguen sin darse por extinguidos, ha habido un momento televisivo que entre el público guadalajareño no ha pasado desapercibido: cuando el viernes, en el telediario del mediodía de Castilla-La Mancha Televisión, la presentadora atajó en seco la conexión telefónica con el alcalde de Bustares, Julio Martínez, que reclamaba en directo más efectivos para apagar el incendio. El gesto casi reflejo de cortar el hilo telefónico escondía muchos mensajes y connotaciones que no escaparon a los más avisados. Prohibido hablar de los recortes en la televisión pública de la región, por supuesto. Pero no sólo eso. Prohibido, también, cuestionar el dispositivo de lucha contra el fuego.
La anécdota tiene un trasfondo incluso trágico. Julio Martínez encarna como nadie la conmoción en que ha estado sumida gran parte de la sociedad alcarreña durante los últimos días. El 18 de julio, el mismo día en que se declaraba el fuego a las puertas del pueblo del que es alcalde, se conmemoraban nueve años del más trágico incendio de la provincia, declarado en La Riba de Saelices en 2005 y que calcinó 13.000 hectáreas y se cobró once vidas. Once muchachos del retén de Cogolludo, localidad cuyo monte, qué ironías, estaba también ahora ardiendo. Y once muchachos entre los que se encontraba, precisamente, el hijo del alcalde de Bustares.
La fatalidad del fuego se ha expresado con un capricho impertinente en Guadalajara, donde nada es igual desde aquella terrible jornada de fuego y luto de hace nueve años. Entre las cosas que cambiaron, afortunadamente, se encuentran la profesionalización y la dotación de más medios en la lucha contra los incendios. Fue precisamente el Partido Popular, ahora en el gobierno de Fuensalida, quien con más firmeza criticó la gestión del incendio en el Ducado.
Por eso muchas voces reprochan a la presidenta Cospedal que en los tres años en que lleva en el Gobierno de Castilla-La Mancha la política forestal haya sufrido un importante retroceso que muchos ligan con los incendios de esta semana, pero también con la oleada similar que vivió la provincia de Guadalajara en la segunda semana de agosto del año pasado, con incendios simultáneos en Tortuero y Valdepeñas de la Sierra, Tórtola, Almoguera, Valdeconcha o Yunquera, y, hace dos años, con otro gran fuego en el Alto Tajo, esta vez en Chequilla, que arrasó más de 1.100 hectáreas.
¿Por qué tantos conatos de incendio se convierten en fuego en una provincia que, como pocas, debería de tener aprendida la lección?
Poner todos los medios. “No podemos luchar contra las condiciones, pero sí podemos estar alerta y poner todos los medios para proteger los montes”, prometió la consejera de Medio Ambiente, María Luisa Soriano, cuando en el verano de 2012 se enfrentó a la primera campaña diseñada por el Ejecutivo del PP en Fuensalida. El planteamiento es impecable. Puro sentido común, pero en política no siempre los planteamientos atienden al sentido común. Ni las prácticas.
¿Se han puesto, de hecho, más medios en la lucha contra el fuego? Lo que dicen los sindicatos es que no. Y lo dicen de manera rotunda. La empresa pública encargada de la gestión de los montes, Geacam, ha vivido uno de los conflictos más agrios y prolongados de la era Cospedal en Castilla-La Mancha. Es un conflicto laboral, pero tiene una implicación medioambiental indudable. UGT ha denunciado estos días que el gobierno regional «ha recortado un 66% el presupuesto del programa de extinción de incendios». En un comunicado, FSP UGT Castilla-La Mancha ha expresado su «indignación» con la política forestal de quien, precisamente, aseguró que había que poner «todos los medios».
Incendio en Valdeconcha, el año pasado. // Foto: Efe.
Por eso estos días las cuentas de Twitter estaban que echaban humo, como la de los forestales de UGT reclamando «categoría profesional», denunciando su «situación crítica», pidiendo más campañas de sensibilización con escolares y apuntando hacia Toledo en sus exigencias de dimisiones. Por eso sus comparecencias en radio han sido igualmente virulentas contra la política forestal de la Junta, sin ahorrar exigencias de dimisión de la consejera y la presidenta. Por eso, seguramente, no hicieron lo que pareciera más correcto y lo que aconsejaba el impasible delegado José Luis Candado: esperar a que se apagase el fuego para debatir sobre el operativo. Debe de resultar muy difícil reprimir tal cabreo cuando uno lleva meses alertando de lo que finalmente acaba sucediendo.
Porque las denuncias no son nuevas. Los sindicatos las expresaron antes de que saltase el fuego. Dijeron, por ejemplo, que la orden que se publicó en 2013 era «un completo disparate» y han dicho que el plan de este año resulta insuficiente para la que se veía venir. Lo leíamos en un artículo casi premonitorio de Marta Perruca que ha circulado estos días como la pólvora: desde Comisiones Obreras decían hace un mes que los 280 trabajadores de la temporada alta en la campaña contra incendios son cien menos que hace dos años y unos cuarenta menos del mínimo que cabría exigir; criticaban la sustitución de los retenes con nueve trabajadores de Almadrones y de Villanueva de Alcorón por camiones autobomba, con cinco efectivos menos; y añadían que se ha pasado de 19 patrullas de vigilancia operativas hace dos años a sólo cinco, cuando se trata de los primeros equipos en enfrentarse a las llamas, a menudo en el momento clave para abortarlas. Por no hablar de la supresión de 14 torres de vigilancia en toda la provincia, las atalayas desde las que divisar las columnas de humo en pleno monte.
Hay menos ojos, menos manos y más distancias que cubrir para vigilar y también para actuar en caso de emergencia. Dicho en plata: somos menos operativos contra el fuego.
Lo que dicen los números. Se equivocan generalmente quienes en materia de incendios alegan una única explicación para un fenómeno como un gran incendio. Hay siempre un desencadenante, una causa necesaria pero insuficiente para que el incendio se convierta en desproporcionado. Un rayo (rara vez), un pirómano (más veces), una imprudencia (casi siempre) encienden la mecha. Son el primer culpable, que no suele presentarse a las elecciones, así que genera siempre muchos menos comentarios.
Hay, entre medias, factores que suman y restan. La falta de control o vigilancia sobre aquellos primeros factores que pueden originar la chispa, pero también esos otros decisivos en la propagación del fuego, como los factores ambientales, sobre todo el viento y la sequía, pero también, y son básicos, los medios disponibles para abortar un conato y que no pase a mayores, es decir, al incendio: más de una hectárea quemada.
Gráfico elaborado con datos del Ministerio por el periodista alcarreño Juan Murillo, publicado en su cuenta de Twitter, @JMSaa.
En 2011 la campaña de incendios se llevó a cabo después de un año completo de trabajo en los montes. Dicen los expertos que el fuego de verano se apaga en invierno, retirando toda esa masa de matojos y cardos, ramas caídas y secas, que dan músculo al fuego en el momento de la verdad. De los doce meses de trabajos que se habían alcanzado, ahora se llevan a cabo nueve y la plantilla se va al paro otros tres.
¿Hay alguna relación directa entre el hecho de que las últimas campañas de la pasada legislatura tuviesen doce meses de labor contra el fuego y el balance arrojase menos superficie forestal quemada? ¿Y entre el retroceso en este punto, del que es responsable el gobierno del PP, con que estos tres años se esté registrando la mayor superficie quemada de los últimos nueve años?
Los datos de balance de campaña indican que la superficie está aumentando: la campaña con más terreno calcinado desde 2005 hasta la llegada de la consejera del PP fue 2009, con 326 hectáreas, según datos del Ministerio de Medio Ambiente. En 2012 la cifra se disparó a 1.792; el año pasado, el fuego de nuevo pasó una alta factura: 1.542 hectáreas. Este año los dos principales siniestros suman ya más de 3.100.
También los cinco grandes incendios (así se cataloga a los de más de 500 hectáreas) registrados desde la tragedia de La Riba se han concentrado en estos tres últimos veranos: Chequilla, Tortuero y Uceda, a los que ahora se suman Aleas y Bustares. ¿Casualidades?
Interrumpida la apuesta por la biomasa. La política forestal ha cambiado en estos últimos tres años, pero también lo ha hecho el modelo de gestión de montes, que en los últimos años de los gobiernos de Barreda volcaron una serie de incentivos a los propietarios para la recogida de maleza y la generación de biomasa. A los socialistas de la región y de Guadalajara se les puede reprochar, y con mucha razón, que no se tomasen en serio la política forestal hasta que ocurrió la tragedia. Incluso después de ella, cabría decir. Pero en el mismo sentido hay que reconocer que a partir de entonces tomaron nota y pusieron en marcha políticas sobre gestión forestal, energías renovables y combate de la despoblación que ahora, con la excusa de la crisis, el Gobierno de Cospedal ha frenado.
Hace año y medio cerraba una planta de tratamiento de biomasa que Iberdrola abrió en Corduente, en el corazón del Alto Tajo, precisamente después del incenio de La Riba. Allí estaba previsto que fuese a parar, con un uso industrial, la madera de la limpieza de gran parte del monte de la provincia. La compañía eléctrica no lo citó directamente en su comunicado por el cierre, pero la alcaldesa de la localidad, Isabel Fernández, apuntó que los responsables de la compañía habían admitido la escasa rentabilidad de las instalaciones a raíz del cese del convenio con Geacam para el desbroce de montes que constituía la principal fuente de alimentación de la planta.
La presidenta y la consejera, junto a otras autoridades provinciales, en su vista al puesto de mando avanzado del incendio de Cogolludo. // Foto: JCCM.
La previsión anunciada en julio de 2009 durante la inauguración de estas instalaciones pioneras en el Alto Tajo era que, a pesar de sus sólo 2 MW de potencia, se alimentaría con 26.000 toneladas de residuos forestales al año. No era su potencial industrial el que hacía interesante este proyecto. Era su carácter precursor, los poco más de media docena de empleos en una zona muy necesitada de gentes y, sobre todo, su capacidad para devorar un excedente de la limpieza de los montes que no servirían de combustible en caso de un incendio forestal en verano.
“El objetivo es hacer una importante apuesta por el aprovechamiento de la biomasa, tanto de origen forestal como agrícola, y uno de esos grandes aprovechamientos es el térmico”, aseguraba en 2011 el entonces consejero de Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, al visitar una empresa de distribución térmica alimentada con biomasa. Y doy fe de que su delegado en Guadalajara, el cifontino Sergio Cabellos, se tomó muy en serio esta apuesta hasta que las elecciones sentaron al PSOE en el banquillo.
Desde la organización ciudadana La Otra Guadalajara vienen exigiendo desde hace años un plan de montes para la comarca de Molina y el Alto Tajo que ahonde en la limpieza de los bosques y genere empleos en una de las áreas más despobladas del país. No supongo ningún capricho que las gentes que viven allí y piden un vuelco en la situación sociodemográfica de la comarca insistan en los montes y no en otro sector, por ejemplo el manido recurso al turismo. Si hablan de limpiar montes es porque hay tarea. También los sindicatos vienen señalando la labor forestal como uno de los nichos de empleo para la provincia en su reconversión tras el batacazo del ladrillo.
La despoblación es uno de los factores que añade más leña al fuego: la ausencia depobladores supone a menudo un descuido mayor de los bosques. Lo decía el alcalde de Tamajón, del PP, hace un año, mientras acogía en su pueblo a los vecinos evacuados de dos pueblos afectados por las llamas: «La Sierra de Ayllón, que tiene una riqueza forestal impresionante, lleva abandonada desde hace muchísimos años y ya es un desierto demográfico, pues en un área de 200.000 hectáreas viven unas mil personas».
La mejor lectura que se puede hacer hoy, con el fuego ya controlado, es que los sucesos de estos días en la Sierra Norte, aun por duros e inadmisibles, no han calcinado una barbaridad de monte como en 2005 y, sobre todo, no han acabado con ninguna vida. Unos y otros sucesos no son, por más que algunos lo pretendan, comparables. Pero, por lo demás, casi una década después de la peor pesadilla de nuestros bosques se siguen dando muchos de los condicionantes para que un fuego en la Sierra Norte pueda tener trágicas consecuencias. Y esto es lo verdaderamente imperdonable aquí y ahora.
¿Nos lleva esto a exigir además la dimisión de la consejera y de la presidenta? Si se han equivocado, es momento de admitirlo, porque urge rectificar sus políticas. Pero si esta es la única manera que tienen de poner «todos los medios contra el fuego», sin ninguna duda deben abandonar el cargo. Nuestros montes y la seguridad de nuestros pueblos no están en buenas manos.
El hexágono de Guadalajara 