Alberto Rojo (izda.) en la visita al futuro Campus Universitario. // Foto: GD.es
Por Álvaro Nuño.
Esta semana se han cumplido los 100 primeros días de gobierno que encabeza Alberto Rojo en el Ayuntamiento de Guadalajara. Es esta una fecha redonda ya clásica para que los diferentes grupos que componen todos los consistorios del país hagan una primera valoración de lo realizado por sus próceres, más todavía, como es el caso de nuestra ciudad, si estos son nuevos en sus responsabilidades. Pero creo sinceramente que cien días no son suficientes para valorar qué se ha hecho y se ha dejado de hacer en un mandato que dura cuatro años, es decir 1.460 días en total. Y menos en Guadalajara si tenemos en cuenta que tras la constitución del Ayuntamiento entró inmediatamente el verano -que deja a ralentí toda la actividad ciudadana, administrativa y política, y mucho más en este último ámbito este año tras dos campañas electorales seguidas-, estación que se cierra con las Ferias y Fiestas, que altera como nada el curso de la vida diaria.
Quizás este ha sido el primer examen para el nuevo Equipo de Gobierno, y podemos decir que lo ha pasado sin pena ni gloria porque el programa estaba prácticamente cerrado por el anterior y que no ha habido tiempo material para innovar nada, según la nueva responsable de Festejos y mujer fuerte del Grupo Socialista, Sara Simón. Ni siquiera el mal tiempo de viernes y sábado parece haber ensombrecido la Semana Grande, en la que no se han producido incidentes dignos de mención y todo ha transcurrido con normalidad. La única decisión que quedaba por tomar era dónde se iban a celebrar los conciertos y en eso incluso también la nueva coalición PSOE-Ciudadanos apostaron por la continuidad contra la opinión de deportistas y del propio PP, que dijeron en el último momento ser partidarios del cambio al Escartín, eso sí, ya sin responsabilidad ninguna sobre el asunto. En fin que para años futuros quedan pendientes decisiones importantes que están llamadas a cambiar el modelo festivo local, como solucionar las carencias del Recinto Ferial con su ampliación o su traslado, la propia ubicación de los conciertos o las de las peñas, ahora repartidas entre el otro lado de la autovía y las que aguantan en los remozados parques de la ciudad. A partir de ahora sí que habrá que retratarse y no habrá escusas sobre la herencia recibida.
Una de las cuestiones más importantes que tenía pendientes la ciudad y que el nuevo alcalde ha logrado desatascar en estos primeros cien días es la adquisición al Ministerio de Defensa y su posterior cesión a la Universidad de Alcalá de su parte del antiguo colegio de Las Cristinas para que esta ponga de una vez en marcha el proyecto del Campus Universitario. Lo hizo de manera urgente y prioritaria en una Junta de Gobierno convocada a tal efecto el pasado mes de julio. En palabras del primer edil “en menos de un mes” culminaba “una etapa de bloqueo” en este asunto que, incomprensiblemente todavía para el ciudadano, se ha alargado en el tiempo en demasía. ¿Quién era la administración que ponía palos en las ruedas? Es evidente que tras la resolución prácticamente inmediata por parte del nuevo Ayuntamiento, todas las miradas se centran en el ahora senador Antonio Román y su antiguo Equipo de Gobierno. Sin cambios en los otros actores -la Junta de Comunidades, el Ministerio de Defensa y la Universidad de Alcalá-, los populares podrían explicar ahora cómo ellos no consiguieron en cuatro años hacer lo que Alberto Rojo ha conseguido en un mes. Ni siquiera el siempre correoso portavoz de la oposición, Jaime Carnicero, salió en ese momento a decir ante los medios que Rojo solo culminaba lo que su Equipo de Gobierno había proyectado y comenzado, como está haciendo con otros muchos asuntos en los que puede llevar razón. Tampoco el nuevo equipo de Rojo se ha parado a explicar qué es lo que bloqueaba la cesión, quizás por lealtad institucional, pero algún día se sabrá si el enfrentamiento político en ese caso impidió el avance de un proyecto vital para la ciudad, como todo el mundo sospecha.
Otra de las cuestiones que todos los vecinos tendríamos derecho a saber es dónde están las parcelas urbanas que el Ayuntamiento tuvo que ceder al Ministerio de Defensa a cambio de la mitad del colegio de Las Cristinas, valoradas en nada menos que 7,5 millones de euros. No sólo donde se ubican sino qué piensa hacer Defensa con ellas, porque el Ministerio también es una administración pública y debe ser transparente con las propiedades, en este caso ya, de todos los españoles y no solo de los guadalajareños.
Otra de las actuaciones muy esperadas por la ciudadanía que los anteriores gestores del Partido Popular dejaron sin terminar y que han culminado socialistas y Ciudadanos es el nuevo acceso al Hospital General desde la rotonda de la Fuente de la Niña, una obra de mucha menor envergadura para la ciudad pero que también se esperaba desde hacía tiempo para descongestionar el nudo de Cuatro Caminos y aliviar los accesos al centro sanitario. Con unas pequeñas modificaciones sobre el proyecto original se abría ayer mismo tras recepcionarse el lunes por parte de los técnicos municipales y sin ser la solución ideal y definitiva, ya se puede circular a menos de 30 kilómetros por hora por su sinuoso trazado. Ahí sí tiene razón el anterior vicealcalde en que la obra la comenzó Román y la asumió completamente el Ayuntamiento, de diferente manera que en Toledo, donde la Junta ha ejecutado los accesos a su nuevo centro hospitalario. Al ciudadano le da igual si el terreno es titularidad de una o de otra administración. Lo que quiere es que se haga y poder utilizarlo.
Y quizás la tercera actuación más destacable del nuevo Equipo de Gobierno en estos cien días haya sido el cierre del Mercado de Abastos, tras su furtiva y tormentosa apertura justo antes de las elecciones municipales. Efectivamente, eso olía a electoralismo por los cuatro costados y resultó completamente irregular como después confirmaron los propios técnicos municipales. La empresa que lo explotó ese escaso mes que estuvo funcionando no tenía licencia ni había pasado por ningún concurso para hacerse con la gestión de una instalación pública recién restaurada. Lo que sí se le ha reprochado a la ahora concejala de Hacienda y antigua portavoz del PSOE en la oposición, Lucía de Luz, es su cambio de criterio respecto al modelo de gestión del Mercado, que ella defendía antes como pública en la oposición y ahora se ha decidido privatizar por 20 años tal y como proyectó el Partido Popular. El concejal de Aike, Jorge Riendas, fue una de las voces discordantes que se alzó contra esta externalización de una instalación en la que no sólo piensan en abrir bares y terrazas, sino también en puestos de productos de proximidad, pequeños comerciantes o artesanos. Incluso defendiendo su uso hostelero en exclusiva, se podría haber hablado con los Federación que representa a este sector en la ciudad para plantear una gestión por parte de este colectivo local, que reúne a los hosteleros, antes de haber sacado el concurso al que por su volumen solo podrá acceder una única gran empresa que se haga cargo de todo.
Cómo funcione el tándem PSOE-Ciudadanos, si se cumplen las 76 medidas acordadas entre ambas formaciones y si la tan anunciada por ambos apertura de puertas y ventanas facilitando la participación de los ciudadanos en las decisiones que afecten a su ciudad se lleva a cabo, son cuestiones que iremos viendo a lo largo de los 1.360 días de mandato que nos quedan.
