Por David Sierra
Llevaba tiempo esperando esa oportunidad que le abriera las puertas de la independencia económica. Aún dependía de un examen. De tres cuartos de hora al volante, callejeando por las calles de la capital con una breve salida por la autopista. Durante las semanas previas, había ensayado ya tantas veces los posibles trayectos que el fracaso no formaba parte del resultado final. Su maestro contaba con informaciones extraoficiales, de primera mano, que le permitían intuir que esta vez no habría cancelación.
Se presentó a primera hora de un martes. Repetía esta misma rutina por cuarta vez desde que a finales de julio le dieran el visto bueno para hacer la prueba práctica. En la teórica no había tenido problemas, superando casi todas las cuestiones con una mezcla de sapiencia y azar. Los tres fallos existentes no le impedían continuar. Con agosto de por medio y la actividad paralizada, más aún en ciudades como Guadalajara, lo tenía todo planeado para que septiembre fuera su mes.
Alejandro había estado trabajando durante casi un año como cajero de supermercado con el único propósito de obtener el carnet de conducir. Eso y también el acceso a la enseñanza universitaria y a la ingeniería mediante la que quería ganarse la vida. Emplearse para formarse es la única solución, a día de hoy, para aquellos jóvenes que no tienen mecenas familiares. Septiembre era su mes.
Con todo a punto y los nervios a flor de piel, testimonio de esa primera vez en la que alguien es calificado en la manera en la que dirige los mandos, acudió a su primera cita. Con la mosca detrás de la oreja. Ya en su autoescuela le habían advertido de que el colectivo examinador estaba en confrontación laboral con quienes deben retribuir su trabajo. Y la amenaza de paros en días consecutivos venía haciéndose realidad desde el día 2 de junio.
La confianza en que los servicios mínimos sacarían el trabajo adelante, como ya había sucedido en otras ocasiones de protestas funcionariales, motivaron que su espera se prolongase más de la cuenta. Hasta regresar con la desolación de tener que aguardar una nueva fecha. Por segunda ocasión lo intentó, pero septiembre dejó de ser su mes.
Con octubre iniciado, más clases prácticas en su haber y en las cuentas de la autoescuela una luz se abría en el túnel. Los examinadores lanzaban una propuesta a la Dirección General de Tráfico para acercar posturas en favor de consensuar sus reivindicaciones, a saber, una subida salarial de acuerdo con el compromiso adquirido en 2015. Para esas fechas, la cifras de damnificados ya superaba el millar en Guadalajara, entre ellos Alejandro. Y para las propias autoescuelas que, a causa de los paros habían visto reducida su actividad de manera drásticas a medida que el conflicto se eternizaba.
El acuerdo no llegó. Desde Asextra, la Asociación de Examinadores de Tráfico, tacharon además la respuesta dada por el director general de la DGT de “ser un cúmulo de falsedades, inexactitudes y medias verdades con el único fin de confundir a la opinión pública y a las empresas que viven del sector y esconder así su propia ineptitud a la hora de solucionar un problema que como gestores están obligados a resolver y es que además cobran por ello y muy bien”. Sin dialogo a la vista – la última reunión data del 20 de agosto – y sin la voluntad por haberlo, los examinadores ya han anunciado que seguirán con la huelga durante los meses de noviembre y diciembre.
Y las cifras de perjudicados en toda España comienzan a ser preocupantes con unas 200.000 pruebas suspendidas, unas pérdidas por parte de las autoescuelas de en torno al 40% de su facturación y una ausencia de ingresos para el Estado en forma de tasas cifrados ya en 1,5 millones de euros, tal y como revela el diario El Mundo en una información reciente.
Y es que aunque gran parte del conflicto esté centrado en la retribución salarial y en los incentivos para los examinadores, en el trasfondo se advierte una déficit de profesionales decididos a llevar a cabo esta labor, con la existencia de denuncias de establecimiento de cupos entre la Administración y las autoescuelas como medida para solventar el problema en varias provincias españolas. Las reticencias del Gobierno del Partido Popular a incrementar las plantillas de examinadores han comenzado a generar un clima de incertidumbre en el que las teorías basadas en el deterioro del sistema para justificar su posterior privatización comienzan a calar hondo a pesar de los compromisos del director general de Tráfico y el ministro de Interior en la Comisión de Seguridad Vial, de no hacerlo.
Que prácticamente todos los grupos de la oposición e incluso el Defensor del Pueblo hayan tirado de las orejas al Gobierno por su inacción no ha sido suficiente para mediar en una solución. El talante inmovilista del Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha instalado en todos los ámbitos institucionales siendo la premisa, por encima del diálogo, la espera hasta que el devenir de los acontecimientos requieran medidas excepcionales. Cataluña es el mayor de los ejemplos.
Se presentó a primera hora de un martes. Hace unos días, Alejandro había recibido la respuesta que llevaba varias semanas esperando. Por fin, una conocida empresa del Corredor se interesaba en su aún incipiente perfil profesional y proponía una oferta de empleo que se adaptaba a sus horarios de estudio, permitiéndole combinar ambas actividades. El carnet de conducir era obligatorio.
El hexágono de Guadalajara 