El procedimiento administrativo

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El concurso para elegir a la empresa encargada de la gestión de los centros de atención a la infancia ha sido el desencadenante del último suceso curioso relativo a la contratación del Ayuntamiento de Guadalajara. // Foto: eldigitalcastillalamancha.es 

Por Borja Montero

Cualquiera que en alguna ocasión se haya sentido tentado por la opción de presentarse a unas oposiciones a cualquier entidad o institución pública, una salida tremendamente popular tras nueve años de crisis económica y depauperación y precarización del empleo, se habrá topado con una de las bestias negras de cualquier aspirante a funcionario: la Ley del Procedimiento Administrativo Común a todas las Administraciones Públicas, con sus 133 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales. Esta norma, así como el resto de las que desarrollan los preceptos del Título IV de la Constitución Española, pretenden organizar el funcionamiento de la administraciones públicas y regular el acceso de los ciudadanos a las mismas y la comunicación entre ambos, una especie de Biblia que todos los ayuntamientos del país y sus funcionarios han de conocer al dedillo. Sin embargo, el Consistorio de la capital provincial ha tenido en un plazo de apenas un año unos cuantos ‘tropezones’, en concreto cuatro, con la normalidad en sus procesos de contratación, algo bastante poco habitual teniendo en cuenta lo encorsetado de las acciones permitidas por la ley. Sigue leyendo