Alarmados

Por Gloria Magro.

Mi amiga perdió a su padre este verano así que lleva semanas de trámites y papeleo. El último de ellos ha sido contratar una alarma de seguridad para la casa del pueblo. Ahora que irán menos por allí les preocupan los okupas y también la posibilidad de que roben en su ausencia así que han pensado en ponerse en contacto con alguna de las muchas empresas que ofrecen servicios de vigilancia y aviso a las autoridades en caso de intrusión. Mi amiga y su familia pagarán por dormir tranquilos y la empresa conseguirá un cliente más.

Estadística en mano, la posibilidad real de que alguien ajeno entre en una vivienda en la provincia de Guadalajara es más bien remota y mucho más lo es la posibilidad de una okupación. Sin embargo, las estrategias basadas en el miedo funcionan, a las empresas de seguridad las están haciendo ricas y el negocio no para de crecer. Esta semana el Ministerio del Interior ha dado nuevas instrucciones a las Fuerzas de Seguridad para agilizar y homogeneizar los trámites en caso de okupación o allanamiento.

En Guadalajara de un tiempo a esta parte muchos inmuebles presentan en sus fachadas el logotipo rojo y plateado de una conocida empresa de alarmas a modo de aviso disuasorio para los amigos de los ajeno y que ahora también se promociona como un recurso efectivo contra el nuevo enemigo a batir: los okupas. Un fondo de inversión sueco ha pagado recientemente 1.321 millones de euros por hacerse con algo menos del tres por ciento de Securitas Direct. La empresa escandinava es el cuarto grupo de servicios de seguridad más grande del mundo, presente en 56 países y con cerca de 370 mil empleados. Sus anuncios suenan constantemente en la radio y al escucharlos cualquiera diría que vivimos en un país de ladrones, okupantes en potencia -si es que tal palabra existe- e inseguro, con una policía incompetente y una Justicia inoperante.

Las cuñas publicitarias de esta compañía reproducen todo tipo de situaciones, de familias y de necesidades; todas con un denominador común: el recurso al miedo. En radio y televisión no dan tregua y cualquiera que haya pinchado en algún enlace verá como sus redes sociales empiezan a escupir información no deseada sobre dispositivos antirrobo. Por un no tan módico precio al mes ofrecen la seguridad de que nadie entrará en casa sin ser percibido de antemano, visto, grabado y en última instancia si accede, disuadido por el ruido ensordecedor de una alarma e incluso de humo esparcido por un dispositivo que impedirá que los intrusos cumplan con su objetivo. Tal debe de ser el potencial de este mercado que en los últimos meses hasta las empresas de telefonía ofrecen de forma adicional este tipo de productos.

Según los datos del Ministerio del Interior, Guadalajara es una provincia segura dentro de un país muy seguro como es el nuestro. Hasta la fecha, este año se han registrados 50 robos en domicilios. Si tenemos en cuenta que solo en la capital el Ayuntamiento estima que hay censadas cerca de 45.000 viviendas y en la provincia la Diputación Provincial cobra el IBI de 195.000 más -sin incluir a 18 municipios que gestionan sus propios impuestos, entre ellos algunos de la importancia de Azuqueca de Henares y Trillo-, la estadística demuestra que se trata de una polémica artificial basada en un alarmismo interesado y no en en cifras reales y demostrables, al menos aquí. El número de delitos denunciados en domicilios en Guadalajara durante 2020 es de momento un 13 por ciento inferior a la del resto de España y también un 10 por ciento inferior a 2019, es decir, que la delincuencia en la provincia no solo no aumenta sino que a día de hoy va en descenso. La posibilidad por tanto de que nuestra casa sea asaltada u okupada a día de hoy es mas bien remota, comparable poco más o menos con la posibilidad de que nos toque la Lotería de Navidad aunque siempre hay a quien le toca.

Marisa se levantó de la cama de madrugada, desvelada por el ruido que salía del jardín de los vecinos. Sabiendo que hacía mucho tiempo que esa casa no se alquilaba, no dudó en asomarse a la ventana trasera a ver que ocurría. Los dos hombres habían saltado la escueta valla sin seto y después de acceder al interior por el salón, habían vuelto a salir mientras la vecina insomne contemplaba atónita la escena. Por algún motivo discutían a voces y así, discutiendo, los encontró la policía y se los llevó. De no haber sido sorprendidos in fraganti, los dos hombres hubieran cometido en principio un delito de allanamiento de morada, tal vez agravado con robo, lo hubiera decidido el juez; pero de haber decidido quedarse irregularmente en la casa, ambos hubieran cometido un delito de usurpación o una okupación en función de la propiedad y la utilización del inmueble.

Pese a la creencia popular, la okupación, regulada jurídicamente como delito de usurpación, no es lo mismo que el allanamiento de morada. Son tipos penales distintos que afectan a bienes jurídicos diferentes y que comportan penas radicalmente opuestas. Su comisión no depende de si alguien está unas horas o unos días fuera de casa cuando un extraño accede a su vivienda y al volver descubre que no puede entrar en su propia casa, sino de la naturaleza del inmueble en el que el intruso ha entrado. Si se trata de nuestra morada, de nuestro lugar de residencia, estamos ante un allanamiento pero si se trata de un inmueble en desuso -propiedad de un banco, por ejemplo-, es una usurpación.

En España el delito de allanamiento de morada de un particular se encuentra tipificado en el art. 202 del Código Penal que contempla dos modalidades típicas: la básica, entrada en morada ajena y mantenimiento en la misma contra la voluntad del morador, castigada con pena de prisión de seis meses a dos años (art. 202.1 C.P.) y el tipo cualificado si conlleva violencia o intimidación, castigado con de uno a cuatro años de prisión y multa (art. 202.2 C.P.).

La okupación, conocido como delito de usurpación se regula en el artículo 245.2 C.P. y su definición es muy clara: “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses“. La propia definición lo dice: no puede constituir morada. Si constituye morada, estamos ante un allanamiento y la policía puede actuar de forma inmediata para desalojar a quien está en el interior de la vivienda que se enfrentará a penas de prisión. Sin embargo, si se okupa un inmueble que NO constituye morada, el desalojo sólo se podrá ejecutar con la preceptiva orden judicial, con otros procedimientos y otros plazos que previsiblemente se alargarán en el tiempo.

La crisis económica a partir de 2011 y la abundancia de viviendas desocupadas pertenecientes a entidades bancarias en los grandes cinturones urbanos propician situaciones percibidas como indeseadas por los vecinos que generan grandes titulares en los medios de comunicación pero que no dejan de ser marginales. Aún así, algunos partidos políticos utilizan la okupación como recurso partidista, apelando al miedo y la inseguridad jurídica a sabiendas de que no existe esa inseguridad porque como delito está perfectamente tipificado. El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó en el pleno del pasado 4 de septiembre una moción del Grupo Popular que incluía medidas concretas como la creación de un protocolo específico dentro de la Policía Local para abordar de un modo más eficaz los casos de okupaciones. La moción salió adelante con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Vox. Un día después, el grupo municipal de VOX apoyaba en la Plaza Mayor una concentración de la Plataforma Stop Okupas a la que no acudió literalmente nadie.

Esta misma semana el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un nuevo protocolo de actuación policial para tratar de agilizar el desalojo de okupas. Aunque aseguran que las okupaciones no se han incrementado notablemente, también afirman que “existe una percepción subjetiva de inseguridad ligada a este fenómeno y, por tanto, hay que darle respuesta”, según informaba el periódico El Mundo el pasado jueves. La novedad principal es que se elimina el plazo de 48 horas para echar a los okupantes. Además, se establece que hay delito de allanamiento de morada tanto en la okupación de primera vivienda como en la segunda residencia y en ambos casos es posible desalojar de forma inmediata al intruso sin necesidad de solicitar medidas judiciales. Se trataría de una instrucción para “clarificar” y “homogeneizar” los modos de actuación de las fuerzas de seguridad conforme a la legislación actual y de acuerdo con los criterios establecidos por la Fiscalía General del Estado.

Además de la mejora de los atestados, Interior ha hecho público que habilitará este mes en la aplicación para móviles Alertcops una herramienta específica para que cualquier ciudadano, propietario o vecino, pueda alertar con su teléfono a las fuerzas de seguridad de que un inmueble ha sido okupado e, incluso, pueda proporcionar a los agentes fotos del lugar. La instrucción de Interior también incluye actuaciones de tratamiento, información y asesoramiento a las víctimas.

El miedo es libre y las imágenes de desahucios, vecinos problemáticos y además ilegales que protagonizan horas y más horas de televisión como relleno de todo tipo de programas resultan alarmantes. Fuera de España, en Europa, es inusual ver viviendas con tapias, muros y ventanas enrejadas. Se trata de una cuestión cultural en países donde ni siquiera tienen persianas o cortinas que les resguarden de miradas ajenas. Aquí ahora hemos dado un paso más allá, contratamos seguridad privada para afrontar nuestros temores sean o no infundados.

Fraguas

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Dos de los repobladores de Fraguas rehabilitando un edificio en ruinas. // Foto: Colectivo Fraguas

Por Álvaro Nuño.

Bajo el lema “Fraguas revive: ¡repoblar no es delito! Contra la despoblación rural, pueblos vivos”, la Asociación de Repobladores Rurales de la Sierra Norte y la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara han convocado mañana sábado una manifestación en apoyo a los seis jóvenes denunciados  por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por repoblar sin permiso Fraguas, un pueblo abandonado en los años sesenta de esa zona de la provincia, y condenados por cometer un delito contra la ordenación del territorio y de usurpación, a un año y medio de cárcel, a una multa de 2.700 euros, a pagar la demolición de las casas construidas desde la primavera de 2013 sobre las ruinas de lo que fue un pueblo y a dejar como estaba la finca ocupada. Los manifestantes partirán desde la Consejería de Agricultura -que es el organismo que les ha llevado a juicio- a las 12 de la mañana y subirán hasta la Delegación de la Junta en la Calle Mayor.

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El peliculón del “Caso Fraguas”

Manifestantes que apoyan a los encausados por el "Caso Fraguas". // Foto: Henares al Día

Manifestantes que apoyan a los encausados por el “Caso Fraguas”. // Foto: Henares al Día

Por Patricia Biosca

Todo el mundo conoce a algún “bienqueda”. Es esa clase de personas que prefiere dar largas o contestar con silencios incluso aunque su pan esté en juego: el miedo a enemistarse con alguien es tan grande que le paraliza en el campo de la reacción, incluso en el terreno de la necesidad física básica. Es un rasgo de la personalidad que provocaría que, en su fiesta de cumpleaños, el bienqueda invitase tanto a Batman como al Joker (Dos Caras ya pasa de él tras cansarse de su tibieza, así que eso que se ahorra en cubierto). Y luego, si la montan en los postres, dirá que no se esperaba una reacción así por parte de ambos (aunque el “Gotham Observer” publicase días antes un extenso reportaje de cómo la pareja afilaba la cubertería de casa). La misma sensación que se me queda con la película del “Caso Fraguas”: el “bienquedismo” protagoniza el largometraje de la mano del guión del PSOE, que busca convertir la acción y la mala leche de “Malditos Bastardos” en los problemas cotidianos que se resuelven con la sonrisa de una chiquilla en “La casa de la pradera”. ¡Luces, cámaras y acción! Sigue leyendo

El adobe de la discordia

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Dos de los repobladores de Fraguas rehabilitando un edificio en ruinas. //Foto: Colectivo Fraguas

Por Patricia Biosca

Aparte de para aprender poco, la universidad me dio la oportunidad de pasar mucho tiempo debatiendo sobre lo humano y lo divino en los interminables viajes de ida y vuelta a Madrid . En uno de esos, mi amiga Teresa, compañera de andanzas, y yo debatimos acerca de la ocupación de casas en un momento en que el tema estaba candente y salía día sí, día también en los medios de comunicación. Recuerdo que mi amiga me decía que no veía justo que sus padres tuvieran que estar años y años trabajando para que “llegasen dos, metiesen una patada a una puerta, y se colaran en un chalet”. Yo, que por aquel entonces iba de progre que va a todas las manifestaciones y se cree que tiene en su mano el poder para cambiar el mundo con el chasquido de sus dedos, no estaba de acuerdo y utilizaba el argumento de perogrullo que se da en estos casos: hay muchas casas, pero también muchas vacías. Este debate me ha dado horas en qué pensar, porque es cierto que entendía su postura, y me hizo albergar sentimientos encontrados al respecto que aún hoy guardo.

Mientras yo pensaba de vez en cuando en este asunto, un grupo de seis personas allá por 2013 decidió instalarse en el pueblo abandonado de Fragua y rehabilitarlo. No dar una patada a una puerta, sino apuntalar y rehabilitar los pocos edificios en ruina que quedaban en pie y que solo pertenecían en la práctica a la naturaleza, que lamía cada uno de los viejos ladrillos que quedaban tanto en pie como en el suelo. Tal y como cuentan los “repobladores” (es curioso que no haya visto apenas la palabra “ocupa/okupa” en las noticias al respecto. Otra vez la “magia de las palabras” haciendo acto de presencia), en la década de los 60, el Estado despobló Fraguas “creándose cotos de caza y pinares para su explotación”. Además afirman que el pueblo fantasma fue usado por el Ejército como terreno para ejecutar maniobras, lo que aseguran fue la causa de la destrucción de la mayoría de los inmuebles.

Al poco tiempo de empezar a rehabilitar las casas con técnicas tradicionales como la fabricación de ladrillos de adobe, comenzó el “acecho” de los agentes medioambientales y de la Guardia Civil, quien les ha denunciado. Este hecho ha supuesto que en junio de 2015 el juzgado de instrucción pertinente les llamase para declarar a los seis repobladores acusándoles de un delito contra el patrimonio, por el que la Justicia les pide dos años de cárcel, y un delito de daños, penalizado con otros dos de prisión. Además les exigen 26.000 euros para pagar las máquinas que demolerán lo que ellos han construido y dejarlo tal y como estaba: en ruinas abandonadas. Intento buscarle alguna explicación. Lo mismo alguna serie como Juego de Tronos se ha interesado por los ladrillos a medio caer para grabar alguna secuencia que revierta en el turismo de la zona, como el castillo de Zafra y ahora nos pegamos por tener solares. Si es así, Guadalajara capital es firme candidata a ser Lecho de Pulgas de Desembarco del Rey con tanto solar tentador para que las cámaras graben nuevas localizaciones.

Volviendo al tema y al debate que mantengo con mi yo interior desde hace una década. No estamos hablando de que hayan pegado una patada a una puerta, ya que las casas no eran aptas para vivir cuando llegaron; no se puede hablar acerca de “gente vaga” -un término que he oído muchas veces cuando he debatido acerca del tema- que “no quiere trabajar”, pues desde este enclave, en medio de la Sierra Norte de Guadalajara, en el que la vida ya no es fácil en los pueblos que poseen las mejores infraestructuras, hay huertos, placas solares e incluso una pequeña fábrica de cerveza artesana. Detrás de todo esto hay una filosofía de vida con la que muchos hemos (me incluyo) fantaseado alguna vez, lejos de la vorágine de las grandes ciudades, pero que solo unos pocos, entre ellos aquellos seis “locos” de Fraguas, se han atrevido a llevar a cabo. Porque no es cómoda. Porque no es solamente no tener que pagar facturas a fin de mes, el alquiler o la hipoteca. No es tirarse a la bartola a tomar el sol.

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El Colectivo Fraguas recoge leña durante el frío invierno. // Foto: Colectivo Fraguas

Ahora la pelota está en el tejado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente es quien gestiona el territorio, donde ha construido una balsa de agua para uso forestal. Nada más hasta la fecha, a pesar de encontrarse en un paraje protegido. ¿Qué decisión tomará ahora Emiliano García-Page al respecto? La Ley es clara, pero García-Page le pasa un poco como a mi yo adolescente: se mete en embolados sociales que no llega a comprender demasiado y en los que hay demasiados intereses encontrados. La Ley avala las denuncias, la ética progre de moda y las más de 54.300 personas que han dejado su firma de apoyo en la petición en Change.org que el Colectivo Fraguas ha emitido es el contrapunto. ¿Y a quién molestan? He ahí la cuestión.

De momento solo se ha manifestado el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, en su habitual papel (como el de todos los delegados, va con el sueldo) de punch de boxeo. Entre sus argumentos, que el pueblo no es tal, que hasta los pueblos que sí lo son en la zona han tenido problemas para ampliar el cementerio por la estricta normativa y que de momento no se valora hablar con los repobladores porque, oh sorpresa, este problema “se generó la pasada legislatura”. Aunque según Rojo, la Junta estaría “encantada” de que se realizaran iniciativas para detener la despoblación en otros pueblos. No se dice si pagando el terreno previamente o no. 

Y ahora, piénsenlo usted. ¿Se cambiaría por estas personas? ¿Renunciaría a vivir en unas condiciones tan duras como las de este paraje sin el abrigo de “comodidades” que tenemos la mayor parte de las personas que leemos (o escribimos) estas líneas? ¿Se cambiarían a vivir de manera indefinida en Fraguas sabiendo que construirán con sus propias manos las paredes entre las que tendrán que pasar duros inviernos? Qué poco me queda de ese yo adolescente…