Por Raquel Gamo
La “recuperación del Estado del Bienestar” –así, en genérico- fue uno de los pilares en los que Emiliano García-Page basó su discurso de investidura el 30 de junio de 2015. Parte del rescate de las políticas que tocan más de cerca a los ciudadanos atañe a la dependencia. Un área que, como ya avisamos en este mismo espacio en enero, resultará clave para juzgar la gestión que lleve a cabo en esta legislatura el PSOE, con el apoyo de Podemos desde fuera del gobierno.
José Luis Gómez-Ocaña, autor del artículo
Por José Luis Gómez-Ocaña Pérez *
Veinte de noviembre de 1975, Arias Navarro: «Españoles, Franco… ha muerto». Así finalizaba, de hecho, una dictadura que había durado casi cuarenta años a pesar de que la propaganda del régimen de la época intentaba e intentaría extender la idea de que «todo estaba atado y bien atado». Parece que esta forma de actuar se ha convertido, de forma abrupta y ante el miedo irrefrenable a perder el poder, en el leitmotiv del Gobierno de Cospedal.
Nunca, hasta ahora, en los más de 30 años de nuestra democracia, ningún gobierno, fuera del color que fuera, se había atrevido a llegar tan lejos en la utilización bastarda del poder otorgado por la ciudadanía. Nunca, hasta ahora, ningún ejecutivo se había atrevido a llevar a cabo un decretazo de tanto calado y de tanta importancia a las puertas de unas elecciones. Cuando estamos ya en campaña electoral y todos los partidos proponen a los electores sus respectivos programas, la «presidenta Cospedal», casi ya en funciones, intenta, en un acto de política «trilera», sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que ha declarado por unanimidad «Nula de pleno derecho» la legislación que regulaba las prestaciones y servicios con condena expresa en costas, «convirtiéndola» en decretazo.
El hexágono de Guadalajara 