Nuestros lazos amarillos

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Una de las imágenes del documental de los 20 años de independencia de Marchamalo ahora prohibido. // Foto: ABC

Por Álvaro Nuño.

Abierto el periodo electoral, hemos comenzado a oír hablar de las Juntas Electorales desde el primer momento. Se trata de organismos formados en su mayoría por jueces y funcionarios de Justicia, así como por catedráticos y juristas que se encargan de velar porque todo el proceso electoral sea lo más limpio posible. Entre sus funciones está la de “resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan de acuerdo con la Ley o con cualquier otra disposición que le atribuya esa competencia”. Basándose en esta cometido, por ejemplo, la Junta Electoral Central exigió el pasado mes de marzo a la Generalitat de Cataluña quitar todos los lazos amarillos de los edificios públicos dependientes de esta administración por considerarlos “símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones”. Fue Ciudadanos en este caso quien denunció esta situación y las consecuencias ya las conocen. A regañadientes y con demandas judiciales de por medio, el presidente Quim Torra y sus compañeros de los partidos separatistas tuvieron que cumplir esa decisión reconociendo finalmente la autoridad que la ley otorga a la Junta Electoral desde el mismo momento en que se convocan las elecciones.

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