Señal anunciando de una batida en un coto de caza catalán. // Foto: El País.
Por Rubén Madrid
Andamos -y nunca mejor dicho- todavía en año machadiano (75 años de su muerte), aunque en las ferias y saros de Guadalajara no haya hueco para estas remembranzas. Apenas la Fundación Siglo Futuro lo ha recordado en estas tierras cuya memoria endiosa y envía al ostracismo con ímpetus similares. Pero Machado, de momento, sigue en las escuelas y las universidades, incluso en las canciones. Quien más quien menos ha dicho alguna vez aquello de «caminante no hay camino, se hace camino al andar». Y nunca está de más regresar a la honda sabiduría proverbial y cantarina del maestro, aunque hoy sea una recomendación que únicamente nos sale al paso.
Porque de pasos y de caminos vamos a hablar, ya que hay abierto un interesante debate a propósito de la nueva Ley de Montes que pretende impulsar el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la prohibición del paso público al monte durante las batidas de caza. Concretamente, se prohibirá el acceso al bosque ciertos días con la intención de reducir las probabilidades de que una bala de caza mayor pueda acabar accidentamente alojada en el cuerpo de un senderista con cuernos, un ciclista que corre como un gamo o un recolector de setas vestido de camuflaje.
En principio parece obvio que habría que reducir cualquier peligro de que esto suceda. El año pasado se produjeron 12 muertes por accidentes de escopeta y son todavía más los heridos que ocasionan estas monterías cada año. Ahora bien, se puede llegar a un mismo destino utilizando diferentes caminos. Y el ministerio nos viene a decir con sus planes que el mejor modo de evitar que el pájaro pueda resultar cazado consiste en cortarle las alas, para evitar que vuele.
Porque en vez de hacer una normativa más exigente con la señalización de las monterías, que a menudo dejan tanto que desear, o una regulación de la caza en función de las fechas de asistencia masiva de otros usuarios del monte (que presumimos indefensos), lo que pretenden estos cambios jurídicos es prohibir el acceso al monte durante unas horas (dicen en Madrid) o incluso durante las vísperas de una batida (amplian en Toledo), persiguiendo a la posible víctima en vez de amortiguando las fuentes del peligro.
La campaña de recogida de firmas en la plataforma Change que venía exigiendo al hasta hace poco ministro Arias Cañete que diese marcha atrás a esta regulación lleva ya camino de las 110.000 firmas, dirigidas ahora a su sucesora. Dicen los ecologistas y quienes en general se oponen a esta regulación que contraviene el derecho a circular libremente por los senderos, recogido en el artículo 45 de la Constitución. Añaden que supone un secuestro encubierto de unos territorios que deberíamos disfrutar todos.
Y en medio de este contexto de intenso debate, Toledo se desmarca todavía unos cuerpos más, como es ya costumbre, al redactar un borrador para una Ley de Caza todavía más privativa con el uso del monte para senderistas, ciclistas o seteros. En el anteproyecto que prepara el Gobierno regional se puede leer que queda prohibida “cualquier acción que pretenda espantar a las especies de caza existente en terrenos ajenos, así como aquellas que provoquen la huida o alteren las querencias naturales, incluida la recogida de espárragos, setas, hongos, u otros frutos silvestres en los días de caza o previos a estos, cuando esté correctamente señalizada la cacería y se actúe sin el consentimiento del titular del aprovechamiento cinegético”.
Con estas prioridades, los responsables de los cotos y los guardas forestales pueden prohibir el acceso al monte no sólo durante las horas en que dure una batida, sino incluso en los días anteriores, no sea que un apicultor o una familia de excursión hacia una fuente les espanten a las presas.
Personalmente, no tengo ningún prejuicio hacia los cazadores. No he cazado jamás y me temo que no sería capaz de apretar el gatillo contra nada ni nadie, pero la lectura de Delibes, un cazador con una extraordinaria sensibilidad hacia el medio ambiente, me ha impedido mirar con ojos de inquina hacia quienes tienen la capacidad de decidir en una centésima de segundo si abaten o perdonan la vida a un animal, algo que en mi caso me ocasiona un tremendo vértigo metafísico.
Cartelería amenazante sobre las posibles consecuencias de desoír la prohibición al paso. // Foto: pirineodigital.com
Lo que me preocupa, en realidad, es que se convierta el monte en un cortijo, que prevalezcan los derechos de unos ciudadanos sobre otros, que se ponga, esta vez de forma literal, puertas al campo. O vallas en los caminos del monte.
Más allá de los titulares tremendistas que no dicen toda la verdad («La nueva ley de caza del PP cerrará caminos y prohibirá actividades de ocio y productivas en acotados», leo tan rotundo en eldiario.es; o «Ministra: no prohíba a senderistas y ciclistas la circulación por caminos públicos», alerta con letra gorda la campaña de recogida de firmas) resulta indudable que, con la excusa de la seguridad, una vez más con esa bendita manía de sobreprotegernos, se nos estrechan los márgenes de movimiento. Preocupa, y el debate es amplísimo al respecto, la insistencia de nuestras autoridades en tutelar nuestros movimientos como si fuésemos críos y en asignarnos unos patrones de convivencia más propios del patio de un colegio. Pero esto queda aquí como mero apunte, disponible para mejor ocasión.
Recordarán también que a principios de legislatura el Gobierno regional anunció su intención de poner en venta montes públicos. El recurso a la desamortización, desprendiéndose de un patrimonio de todos para aumentar ingresos en las arcas regionales y equilibrar así las cuentas, fue finalmente reprimido, seguramente por la fuerte resistencia que la medida encontró entre amplios sectores de la sociedad castellano-manchega cuando se conoció que incluso se habían encargado informes de unos 50 de estos montes. Resultó, en cualquier caso, un aviso. También entonces la idea consistía en que estos terrenos fuesen adquiridos por cazadores.
Hay otros modelos. Tiene todo lo relacionado con abrir caminos y tirarse al monte ciertas connotaciones de libertad y un frescor que reconocerá cualquiera que siempre prefiere adentrarse por un atajo en el bosque en vez de seguir la tozuda geometría del asfalto para desplazarse entre pueblos y parajes. Son estos paseos campo a través -y no las andadas por las estrechas márgenes de las calzadas- las que suelen llevar a fuentes, arroyos y pozas para bañarse, las que conducen a huertas y covachas y las que más fácilmente pueden alegrar la vista con el encuentro de un cervatillo.
Las sendas rurales, también llamadas caminos vecinales, fueron siempre lazos entre pueblos próximos, lugares comunes para alimentar leyendas y, como dice el lema de unas jornadas de patrimonio organizadas este año en Cifuentes, unión de pueblos y unión de gentes. Precisamente la última de estas jornadas, el próximo sábado, tiene previsto recorrer la senda entre Oter y Carrascosa de Tajo, en un proyecto que se ha propuesto tan linda misión como recuperar la memoria perdida de las piedras, la vegetación, la fauna, la historia común, las tradiciones…
En los últimos años, desde Diputación se ha venido haciendo también un importante esfuerzo inversor para recuperar algunos de estos caminos que la despoblación ha ido cerrando. El convenio de caminos rurales que ya con anteriores corporaciones provinciales se ha venido firmando y aplicando con la Junta, pero pagado además con fondos europeos a través del concurso del mismo Ministerio que ahora quiere cerrar caminos cuando hay cacerías, permitió por ejemplo recuperar un centenar de sendas a lo largo del año pasado…
Es, valga la forma de expresarlo, un buen camino a seguir. La habilitación de itinerarios senderistas y de caminos rurales en comunidades como el Principado de Asturias, de cuya planificación rural hay todavía mucho que aprender en nuestras serranías, nos ofrece un ejemplo interesante por su apuesta y por sus resultados, por ejemplo en un turismo de interior en el que Guadalajara aspira a posicionarse cada vez con más entereza.Las últimas veces que subí el Ocejón y que marché a Las Chorreras en Valverde de los Arroyos lo tuve que hacer, una vez más, ‘a tientas’, y hablo sólo dos excursiones muy típicas en uno de los pueblos más turísticos de la arquitectura negra.
Hablamos por tanto de señalizar más y acotar menos, de invertir más en políticas que abran caminos en vez de cerrarlos, de priorizar los intereses generales sobre los particulares, como ocurre con la caza intensiva y más comercial. Eso, y no otra cosa, es lo que plantea en su manifiesto la plataforma que ayer se presentaba y que reúne a más de una treintena de organizaciones ecologistas, políticas, sindicales e incluso a profesionales de la agricultura, el turismo o la apicultura en oposición al anteproyecto del Gobierno regional.
Comparto desde luego la preocupación por ese temor a una privatización del campo, aunque sea únicamente los festivos, domingos y días de guardar, a modo de concesión exclusiva para unos cuantos señores, como si nuestras sierras, tan olvidadas durante los días laborables, fuesen únicamente un capricho al alcance de unos pocos, o del resto cuando aquellos concedan. Más allá de un debate -legítimo por otra parte- sobre la regulación y compatibilización de formas de disfrute del medio ambiente, hay aquí una discusión de fondo sobre una igualdad en la adjudicación de derechos y sobre formas de transitar por nuestro medio rural. Y creo que merece la pena debatir, más todavía antes de regular. Este 18 de junio aporta, además, una razón extraordinaria para sumarnos a este debate: qué mejor que el último día de reinado de su majestad Juan Carlos I para reflexionar sobre caza y privilegios.
El hexágono de Guadalajara 